El Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de Sinaloa falló a favor de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas en uno de los dos juicios de nulidad que presentó Ernesto Echeverría Aispuro, confirmó el TJA.

El ex Secretario de Salud interpuso dos recursos de nulidad por la sanción que dictó la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, donde lo castiga en primera instancia con siete años de inhabiltación para ocupar un puesto público y una sanción económica de 31 millones 900 mil pesos.

El segundo recurso que interpuso ante el tribunal fue una sanción que le impuso la STyRC, donde lo inhabilitaba por ocho años de puestos gubernamentales y lo obligaba a pagar 447 millones 153 mil 481 pesos por daño al erario.

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El 25 de febrero el Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de Sinaloa, emitió un fallo a favor de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas correspondiente a la sanción económica de los 31.9 millones de pesos y su inhabilitación de la función pública por siete años.

El caso pasó por la Sala Anticorrupción, misma que desechó el recurso que interpuso el ex titular de la Secretaría de Salud, quien ya presentó otro recurso ante la Sala Superior, donde será analizado por los tres magistrados que la integran.

El caso en la Sala Superior pudiera demorar hasta un año, de resultar en contra de Echeverría Aispuro podría impugnar la decisión e ir por un amparo.

Cabe mencionar que los 31 millones 900 mil pesos y la inhabilitación por la que se sancionó a Echeverria Aispuro fue porque formalizó contratos vía adjudicación directa, sin que mediara autorización previa el Comité de Adquisiciones. Los contratos que firmó fue uno por 20 millones de pesos por servicios de ingeniería financiera presupuestal, y otro por 11 millones 600 mil pesos por servicios profesionales de revisión especializada de recursos económicos y materiales.

Al Tribunal de Justicia Administrativo aún le falta emitir su fallo por la sanción de 449 millones 153 mil 482 pesos y su inhabilitación de la función pública por ocho años, esto derivado de 238 traspasos bancarios del Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud, del Fondo para Gastos Catastróficos y del Fondo de Previsión Presupuestal, todos de origen federal, que autorizó el ex titular de la Secretaría de Salud entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de enero de 2017.

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