Dirección de Inteligencia en la Policía Estatal podría vulnerar derechos humanos, advierte Federación de Abogados

El presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, Ramón Alberto Velderrain Armenta advirtió que la creación de la Dirección de Inteligencia para la investigación de delitos en Sinaloa podría duplicar funciones de la Fiscalía General del Estado, fomentar corrupción y vulnerar derechos humanos si no se eligen los elementos adecuados.

El último día del 2024, el Gobernador de Sinaloa anunció la creación de la Dirección de Inteligencia para la investigación de delitos delegada a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Además, durante el 1 de enero entró en vigor el decreto por el que se otorgan facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para investigar delitos de alto impacto mediante labores de inteligencia en coordinación con otros entes de procuración de justicia, como fiscalías y policías locales.

Ramón Velderrain enfatizó que los integrantes de la Dirección de Inteligencia deben contar con un sólido conocimiento del marco legal y de los derechos humanos para prevenir posibles violaciones y garantizar un actuar apegado a la ley.

“Tienen que ser muy cautelosos y tener elementos más preparados porque sinceramente puede ser un arma para ellos, para que se preste para la corrupción e inclusive porque teniendo esas facultades a cualquiera van a poder señalar o poder manejar aunque no tengan ninguna situación ilícita, entonces es un problema que creo yo tiene que ser muy cauteloso el gobierno para escoger los elementos que se va a encargar de ello”, apuntó.

“Se pueden pisotear muchos derechos humanos, hacer violaciones a los derechos humanos por desconocimiento de la misma ley. Por eso creo que es complicada esa situación, creo yo que el gobierno más que nada quiere eficientar el trabajo, hacerlo más pronto pero también puede incurrir en una situación de violaciones a los derechos humanos”.

Valderrain Armenta señaló que esta medida podría generar conflictos entre las autoridades debido a la posible usurpación o duplicidad de funciones.

“Es un arma de dos filos porque le estás dando armas a la autoridad que es para prevenir, darle la facultad de tomar decisiones que a lo mejor pueden ser muy precipitadas y a lo mejor no tendrían ellos la cuestión de hacer una investigación más a fondo, es de a priori tomar decisiones que a lo mejor pueden ocasionar daños a la ciudadanía”.

“Ahorita puede haber hasta situaciones ahí complicadas porque puede haber usurpación en el trabajo de las autoridades o puede haber duplicidad en el trabajo de las autoridades y puede ser que haya conflictos inclusive entre ellos”.

Subrayó que la existencia de un marco legal robusto no garantiza su efectividad si las autoridades responsables carecen de voluntad política o compromiso ético para aplicarlo.

En ese sentido, criticó que esta falta de voluntad política ha sido un factor clave en el aumento de los problemas sociales y de seguridad en Sinaloa.

“Se trata de voluntad de la autoridad, no de ley, la Ley ya estaba, nada más que nunca han tenido la obligación o nunca han querido actuar conforme a la Ley. Entonces, va a ser lo mismo, el problema es que ahora la ciudadanía tenemos menos derechos humanos para poder contrarrestar alguna situación, por más leve que sea vas a tener problemas. Yo creo que ahí la verdad, la Ley para que se aplique es cuestión de voluntad de la autoridad, no se trata de tantas leyes porque las ley siempre ha estado, la voluntad es la que vale”.

“Ha habido (voluntad) a medias, eso ha hecho que se hayan acrecentado todos los problemas que tenemos en la sociedad, la falta de voluntad de la autoridad”, puntualizó.