Demandan al Gobierno medidas urgentes para evitar colapso económico y social en Sinaloa

Una comitiva en representación de la sociedad civil sinaloense y el sector comercial exigió a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y al Gobernador Rubén Rocha Moya, que se implementen medidas como una declaratoria de emergencia, la exención de impuestos y un programa de créditos para pequeñas y medianas empresas.

El grupo viajó tras cumplirse un mes de violencia en Sinaloa, derivado del enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado, tiempo en el que además no se ha observado una estrategia integral para atender lo provocado por la violencia.

Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa, viajó en el grupo, acompañado de Laura Guzmán Torróntegui, vicepresidenta de la zona norte de Canirac nacional, así como Óscar Loza Ochoa, fundador e integrante de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa

Además de la declaratoria de emergencia económica, solicitaron un programa exprés de créditos blandos para pymes, sin requisitos de buró de crédito y la suspensión de pago de impuestos, como ISR e ISN; pagaderos a 6 meses, para empresas y negocios afectados.

También pidieron analizar la viabilidad de descuentos y prórrogas de pago de energía eléctrica y agua potable. Ante esta grave crisis de seguridad, dar instrucciones inmediatas a fin de no realizar cortes de ambos servicios al sector productivo.

Priorizar, además, en acciones de desarme de la delincuencia organizada, buscar una efectiva reparación del daño a víctimas de los diversos delitos cometidos en este periodo; y la pronta y expedita depuración y puesta en marcha de la Policía Municipal de Culiacán.

Otro punto es que los operativos policiales y de fuerzas federales sean efectivos para recobrar la tranquilidad de la ciudadanía y la reactivación de las actividades sociales, comerciales, culturales, recreativas y deportivas y aliviar el miedo que tiene semiparalizada la ciudad de Culiacán con información objetiva, útil y oportuna, complementada con una estrategia de salud pública dirigida al bienestar socioemocional de la población.

Según información oficial, la situación vivida en el primer mes de inestabilidad causada por la violencia en el centro y sur del estado dejó 192 homicidios dolosos, 224 desapariciones forzadas y 200 familias desplazadas en el su de la entidad, además de mil 500 negocios con horarios recortados, 180 establecimientos cerrados definitivamente y la pérdida de casi 2 mil empleos formales en septiembre.

“El tema económico no aguanta más”, expresó Guzmán Torróntegui, “porque no tenemos el circulante necesario para poder afrontar los compromisos con empleados, con la banca y, sobre todo, con instituciones fiscales”.

“Tenemos hambre de resolver el tema económico porque, si no, va a desatar una violencia civil mucho más contundente”.

Además de las acciones, la comitiva también exigió al Gobierno de México que convoque a un debate serio y profesional con el fin de definir las políticas públicas encaminadas a la reducción del crimen organizado a su mínima expresión y construir la paz duradera.

Loza Ochoa, por su parte, expresó que los problemas sociales causados por el crimen organizado merecen atención a las causas y se tiene que trabajar de manera más profunda, no sólo con becas.

“No va a ser con policías y concebir el problema como policías, ladrones o el Ejército contra la gente mala como vamos a resolver el problema. Eso nos puede ayudar y nos puede ayudar como nos está ayudando actualmente. Pero faltan otras cosas en las cuales hay que involucrarnos también, incluida la sociedad civil”, dijo.