Defiende Francisca Abelló consulta para enjuiciar a ex presidentes
Los beneficios en torno a la consulta popular a llevarse a cabo el 1 de agosto de este año, es lo que la legisladora Francisca Abelló Jordá, de Morena, expuso frente al Pleno del Congreso de Sinaloa, señalando principalmente las cualidades de consultar a la ciudadanía para tomar decisiones.
Anteriormente este ejercicio democrático fue criticado en el Congreso, pero no se cuestionó la participación ciudadana, sino que fueron señalamientos por algunas imprecisiones, como la temporalidad, y el alcance que pueda tener, pues se necesita al menos el 40 por ciento de participación ciudadana para que sea vinculatorio.
“Acerca de los mitos en torno al ejercicio democrático próximo a celebrarse, centro mi intervención en aclarar los más recurrentes que se han esgrimido para confundir y desalentar la participación de los mexicanos en la consulta popular relacionada con los expresidentes”, consideró en tribuna del Congreso.
En primer lugar, aclaró que no se presume con la consulta popular culpabilidad alguna de parte de los ex presidentes sino que se limita a preguntar si las y los ciudadanos están de acuerdo con que, en caso de “la presunta comisión de delitos”, las autoridades competentes hagan su trabajo, es decir, una respuesta afirmativa sería el equivalente a la presentación de una denuncia colectiva.
“Es fundamental que en nuestro País se consolide la participación ciudadana como forma de democracia directa, no solo para que se nos consulte sobre temas de trascendencia nacional, también para que seamos partícipes en la toma de decisiones que nos afectan, en la ejecución de las políticas públicas y, sobre todo, en el control y vigilancia de las acciones gubernamentales”, manifestó.
Entre los beneficios mencionó que producen resultados apoyados en la opinión pública y logran conferir una dimensión extraordinaria a cambios políticos fundamentales, que su aplicación conlleva a una apertura en la toma de decisiones políticas, lo que se traduce, en caso de aprobación, en una mayor legitimidad.
También señaló que favorecen un gobierno más cercano al pueblo y vinculan a los representantes a responder a las demandas populares, entre otras cuestiones para consultar a las personas.
“Pero si el 1 de julio de 2018, la aspiración de alcanzar un cambio democrático se convirtió en una realidad, este 1 de agosto de 2021 se nos presenta la oportunidad histórica de romper con los actores políticos de ese pasado reciente y que su corrupción, su ineptitud y su traición, finalmente tengan consecuencias”, concluyó.
