De cada 100 delitos, 95 quedan impunes en Sinaloa, revela México Evalúa
CULIACÁN._ En Sinaloa existe una impunidad del 95.6 por ciento, considerando los delitos que se cometen en relación con aquellos que alcanzan la reparación del daño, de acuerdo al más reciente análisis del organismo México Evalúa.
La cifra del índice de impunidad resulta de la revisión de los datos de 2022, y los compara con los de 2021. De acuerdo con el informe, de 2021 al 2022 Sinaloa tuvo un incremento en impunidad de 8.3 puntos porcentuales.
El informe analiza datos relacionados con los delitos de homicidio doloso, feminicidio, desaparición, secuestro, extorsión, violación, violencia familiar, abuso sexual, despojo, fraude, robo simple y narcomenudeo.
Con estas cifras, Sinaloa se encuentra en el número 19 del listado de impunidad y por debajo de la media nacional, que es de 96.3 por ciento, mientras que el estado con mayor impunidad es Hidalgo con 99.6 por ciento y el menor es Michoacán con 82.9 por ciento.
De manera específica por delitos, Sinaloa mantiene una impunidad del 99.9 por ciento en homicidio doloso, 93.9 por ciento en feminicidio, 95.3 por ciento en materia de desaparición, 81.5 por ciento en secuestro, 99.2 por ciento en extorsión y 95 por ciento en violación.
Además de 99.5 por ciento en violencia familiar, 97.1 por ciento en abuso sexual, 96.5 por ciento en despojo, 97.4 por ciento en delito de fraude, 96.5 por ciento en el delito de robo simple, y en el delito de narcomenudeo la impunidad es del 100 por ciento.
Con estos datos, los casos que menos logran la reparación del daño son por los delitos relacionados con narcomenudeo, homicidio doloso, violencia familiar y extorsión.
En el tema de narcomenudeo, el informe de México Evalúa solo analizó los casos de posesión de drogas, y no su comercio ni suministro.
“En torno a este delito es necesario alertar sobre el enfoque punitivo que se observa en su atención, ya que nos referimos solo a casos de narcomenudeo en modalidad de posesión; no estamos tratando de casos de comercio ni suministro. Sin embargo, aun cuando solo se trata de posesión, la principal forma de resolución es la sentencia condenatoria vía procedimiento abreviado, sin priorizarse suficientemente los criterios de oportunidad u otras salidas. Hay que decirlo: en estos casos es necesario privilegiar un enfoque restaurativo y de salud pública”, puede leerse en un fragmento del informe.
Para elevar el acceso a la justicia, la organización México Evalúa recomendó la implementación de un Modelo Nacional de Procuración de Justicia con análisis sobre distribución de competencias, asignación del presupuesto y priorización de fenómenos, aumentar la colaboración entre el Ministerio Público y las Unidades de Medidas Cautelares.
También se exhortó a las autoridades a fortalecer presupuestalmente a órganos garantes de derechos: Comisiones Estatales de Atención a Víctimas, Defensorías y Unidades de Medidas Cautelares, así como contar con un plan formal de servicios postpenales y dar seguimiento a su cumplimiento.
