Culiacán, las ausencias que no contamos

El pasado lunes 20 de febrero por la tarde, el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya tuiteó: “Culiacán ha dejado de estar en el ranking de las ciudades más violentas del mundo. La capital es sinónimo de progreso, bienestar y turismo de negocios. La coordinación entre el Gobierno de México y el Gobierno de Sinaloa y el Ayuntamiento [de Culiacán] en materia de seguridad, permite dar resultados positivos.”

Lo hizo tras el lanzamiento del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública del Ranking 2022 de Las 50 ciudades más violentas del mundo y que se puede consultar aquí. La metodología de dicho ranking ya ha sido cuestionada por expertos como Alejandro Hope, quien en un artículo suyo publicado por El Universal señala: “es una clasificación arbitraria de algunas ciudades, realizada con datos de calidad heterogénea y hasta con números inventados.”

Pero más allá de las deficiencias metodológicas de la publicación, habría que poner el acento en qué tan cierto es que Culiacán ha logrado salir de dicho ranking.

El indicador que se usa como base principal del estudio mencionado son los homicidios dolosos y su tasa por cada 100 mil habitantes. Desde esa base, la ciudad más violenta del mundo sería Colima, con 601 homicidios para una población de 330 mil 329 personas, lo que arroja una tasa de 181 homicidios por cada 100 mil habitantes. En el ranking figuran 17 ciudades mexicanas. La última ciudad incluida, la número 50, es también mexicana: el área metropolitana de San Luis Potosí, con 29 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Culiacán estaría por debajo de esa tasa, pues en 2022 registró oficialmente 261 homicidios dolosos para una tasa de 26 homicidios por cada 100 mil habitantes si consideramos que tiene una población de 1 millón de habitantes.

Sin embargo el diablo está en los detalles, y el dato es problemático pues, como continuamente ha señalado Noroeste, la narrativa oficial de la reducción de homicidios dolosos en el estado no considera el dato de personas desaparecidas que luego son halladas muertas o nunca son localizadas. Esa narrativa comenzó con el gobierno priista de Quirino Ordaz y se ha mantenido con el gobierno morenista de Rocha Moya. Para mayor información recomiendo consultar la investigación Sin cuerpo no hay delito.

Pues bien, de acuerdo con solicitudes de información que mes a mes se realizan desde Noroeste a la Fiscalía General de Sinaloa, durante 2022 en Culiacán se registraron 397 denuncias por desaparición de personas. De ese total y de acuerdo con datos también presentados por la Fiscalía, el 64 por ciento nunca son localizadas y el 4 por ciento son halladas muertas, lo que representa poco más de 269 casos.

Y aunque metodológicamente son datos que no se pueden sumar, no se puede cantar victoria en materia de seguridad sin reconocer este doloroso matiz. Para decirlo de otra manera, las personas desaparecidas y no localizadas junto con aquellas localizadas sin vida en Culiacán, son más que los homicidios dolosos registrados oficialmente. También es así para el resto del estado (ver gráfica).

De agregarse ambos delitos estaríamos ante una tasa de 52 por cada 100 mil habitantes, lo que ubicaría a Culiacán en la posición 21 del dichoso Ranking del que ahora se celebra salir.

Un segundo aspecto problemático es la “cifra negra”, es decir, la cantidad de delitos que no se denuncian. Por diversos testimonios de colectivos de buscadoras, sabemos que la desaparición de personas es uno de los delitos con menor tasa de denuncia; las razones tienen que ver con el miedo, la extorsión, la falta de recursos, etc. Pues bien, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) realizada en septiembre de 2022 y que considera la zona conurbada de Culiacán, Sinaloa es el estado con la mayor cifra negra del país, pues no se denuncian el 96.7 por ciento de los delitos.

Por otro lado, el Servicio Médico Forense de Culiacán resguarda 432 cuerpos sin identificar, de los cuales 46 se agregaron solo en el 2022. Además, Culiacán acumula mil 804 casos de personas desaparecidas y no localizadas al día de hoy, lo que representa el 31 por ciento del total en todo el estado.

Reducir los homicidios dentro de una comunidad es siempre una buena noticia. Es comprensible que tras más de cinco décadas de cohabitar con el crimen organizado en Sinaloa y sufrir los estragos de la violencia que le acompaña, se busque resaltar hechos y noticias que den esperanza, tanto desde el gobierno como desde la sociedad civil que tan arduamente trabaja por construir paz en el estado.

Pero la esperanza no puede surgir del optimismo, el reduccionismo o la parcialidad de los datos. Estamos obligados al realismo. Por eso desde la academia, la sociedad civil y los medios de comunicación debemos considerar las diversas violencias en toda su amplitud, evolución y diversificación.

Culiacán es una ciudad que ha logrado consolidar una cierta “paz positiva” incluso a pesar de su violencia crónica, la narcopolítica que la ha gobernado y episodios de narcoterrorismo como los Jueves Negros de 2019 y 2023, pero si la aspiración es dejar atrás el estigma “narco” y construir una paz sólida y duradera se exige, antes que nada, el rigor de contar bien a nuestros muertos y desaparecidos. Todos. No solo a aquellos visibles y escandalosos que se persiguen de oficio y que afectan la imagen del estado desde los titulares de las noticias, sino también aquellos que terminan en la oscuridad de una fosa y que nadie quiere ver.