Congreso del Estado aprueba reforma al Poder Judicial de Sinaloa
El Congreso del Estado aprobó la reforma constitucional con la que se modifica al Poder Judicial de Sinaloa, en distintos ejes de su organización, administración, método de elección de autoridades y funcionamiento.
Esta reforma obedece a una homologación por la reforma constitucional de la Federación concretada en septiembre del 2024.
Dentro de las principales modificaciones a la Constitución Política del Estado, se establece como nueva vía de nombramiento de magistrados, magistradas, juezas y jueces, el voto directo y universal de la ciudadanía, esto en el artículo 14. El primer proceso de elección será de forma simultánea a las elecciones ordinarias del 2027.
Las y los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa serán elegidos para periodos de nueve años, con posibilidad de ser reelectos en una ocasión.
Al igual que en la reforma a nivel federal, para el Poder Judicial local se creará un Tribunal de Disciplina Judicial, que será un órgano independiente conformado por cinco personas, electas por la ciudadanía, quienes lo integrarán durante seis años, sin oportunidad de reelegirse y que serán sustituidas de manera escalonada.
Esta instancia estará encargada de vigilar y, en su caso, sancionar a las y los servidores públicos del Poder Judicial, con facultades para desarrollar procesos de responsabilidades administrativas o trasladar investigaciones al Ministerio Público en caso de un posible delito cometido por funcionarios del Poder Judicial.
Asimismo, este órgano evaluará el desempeño de juezas y jueces de primera instancia.
Además de esto, se creará un Órgano de Administración Judicial. Este quedará conformado por cinco personas, de las cuales cuatro permanecerán durante seis años. Una de las personas será designada por la persona titular del Poder Ejecutivo, otra por votación de las dos terceras partes del Pleno del Congreso del Estado, dos más por la mayoría del Supremo Tribunal de Justicia. La persona titular de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia será el quinto integrante de este órgano, y lo presidirá.
En la discusión del dictamen, el Diputado del Partido Acción Nacional, Jorge Antonio González Flores, criticó que, aunque era necesaria una modificación al sistema de impartición de justicia, no una como esta.
“Yo coincido en que debe de haber una reforma judicial, yo he padecido acciones no tan positivas por parte del Poder Judicial: emplazamientos no realizados conforme a una forma correcta, sentencias que tardan mucho en salir, acuerdos que van un día. Definitivamente el Poder Judicial tiene deficiencias subsanables.
“Es una reforma que viene a debilitar el Poder Judicial y viene a someter al poder político de Morena las decisiones de los magistrados, magistradas, jueces y juezas”, cuestionó.
Del mismo modo, la Diputada del PRI, Paola Gárate Valenzuela, acusó que esta reforma es un paso para derrumbar al Poder Judicial y ponerlo a disposición de intereses políticos del partido gobernante.
Refirió que con esta modificación, la ciudadanía será privada del acceso a la justicia.
“Quieren que sigan sucediendo casos de impunidad como el de la Fiscal, que tuvo que renunciar, pero sin una sola consecuencia por los señalamientos públicos de la Fiscalía General de la República.
“El Poder Judicial debe estar integrado por personas con conocimientos técnicos, no con personas populares. En Sinaloa hemos sufrido ya durante muchas décadas de la impunidad y la injusticia, precisamente porque grupos políticos han controlado estos nombramientos en el Poder Judicial.
“Con jueces y magistrados sometidos al poder político, la justicia en Sinaloa dejará de ser imparcial, solamente será un círculo vicioso donde, los que se ríen hoy, donde los poderosos siempre ganan, y las y los ciudadanos siempre pierden”, criticó.
En contraparte, la legisladora de Morena, María Teresa Guerra Ochoa, defendió que la reforma judicial le dará el control de esta fuerza del Estado a la ciudadanía, con lo que se evitarán malas prácticas.
“Estamos apostando no solamente a una democratización, sino que haya más transparencia. Además algo que no está hoy garantizado, el tema de la paridad de género, es algo que también viene en la reforma constitucional, y además mecanismos que colocan al pueblo por delante en esta decisión.
“Sabemos que hay que combatir corrupción y tráfico de influencias al interior del Poder Judicial. Esto pone fin a los excesos y privilegios de unos cuantos, garantizando un cambio en las formas de elección, garantizando que sea el pueblo el que tenga el control”, sostuvo.
También a favor, el representante del Partido Sinaloense, Víctor Antonio Corrales Burgueño, respaldó que es un paso importante de cara a proporcionar un sistema de justicia cercano a la gente. Subrayó que no solo se requiere cambiar el método de elección, sino consolidar el resto de modificaciones para tener un aparato de justicia eficaz.
“Nuestro instituto político siempre ha defendido la necesidad de acercar la justicia a la sociedad, y considera fundamental que la reforma no se limite a modificaciones formales, sino que promuevan una transformación real en el beneficio de la ciudadanía.
“El éxito de esta reforma no depende únicamente de modificar el método de elección, sino de consolidar un sistema judicial sólido, autónomo y eficiente capaz de generar plena confianza en la ciudadanía”, manifestó.