Congreso de Sinaloa aprueba reformas a la Ley de Seguridad para mejorar condiciones de policías

Con 28 votos a favor y 10 en contra, quedaron aprobadas las reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa para garantizar a policías en activo y viudas de policías seguridad social, como sueldos y prestaciones dignas.

El dictamen aprobado fue la unión de siete iniciativas presentadas por el PRI, Morena, PT y Mario Rafael González Sánchez y Angélica Díaz Quiñónez, legisladores con licencia.

“En el Artículo 34 de reforma la fracción primera para quedar de la siguiente manera: como derecho de los integrantes de las instituciones policiales, percibir un salario digno el cual se incrementará, cuando menos, anualmente, al mismo tiempo y de acuerdo al índice nacional del consumidor, considerado para tal efecto correspondiente al mes de enero de cada año más el 1 por ciento”, dicta el documento leído ante el Pleno del Congreso de Sinaloa.

“Ser sujetos del régimen de asistencia social para la obtención de servicios médicos, seguro de vida, gastos de funeral y vivienda. Se entenderá por asistencia social y servicios médicos, para los efectos de esta ley, los que se obtengan por el Instituto Mexicano del Seguro Social y por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, según corresponda”, prosiguen las reformas.

Discusión

Las legisladoras del PRI, Magaly Inzunza Valenzuela y Karely Gámez Peñúñuri, se manifestaron en contra del dictamen, pues anteriormente el PRI planteó un punto similar en relación a las familias de elementos de seguridad, además de rechazar la premura del dictamen a su paso al Pleno, pues fue ese mismo día, jueves 3 de junio, que la Comisión dictaminó.

Merced Rojas Luna, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, señaló que una reforma a la Ley de Seguridad Pública en 2015 prometía acabar con la discriminatoria forma de trato en la seguridad social para los servidores públicos en seguridad, pero aunque eliminó el requisito de 15 años de servicio y el monto sujeto a una tabla, dejó intacto el concepto de la muerte por riesgo de trabajo y además introdujo el concepto de muerte por la condición laboral del activo.

“Creo que para algunas autoridades ha resultado muy conveniente para seguir negando e incluso limitar el acceso a la pensión, para interpretar por riesgo de trabajo la muerte en un enfrentamiento con la delincuencia, y la condición laboral del activo, una muerte natural por cualquier otra causa”, dijo el legislador.

Mientras que Graciela Domínguez Nava, lideresa de Morena en el Congreso, recordó que fue el PRI el que puso el tema en la cancha del legislativo, por lo que rechazó los argumentos por los que la bancada no aprobó el dictamen discutido.

“De manera recurrente, al estar atendiendo a las viudas de policías apelábamos para junto con ellas hacer las gestiones correspondientes para que el presupuesto etiquetado de 10 millones de pesos para este año se ejerciera por el Ejecutivo, siempre valoramos que no había necesidad de hacer un convenio, ni hacer reformas a la Ley porque el recurso estaba etiquetado y no había ningún problema para que se ejerciera; sin embargo, hasta esta fecha tenemos información que esos 10 millones no han sido entregados de acuerdo a lo que mandata la Ley”, declaró.

La también presidenta de la Comisión de Fiscalización dijo que la negativa del Ejecutivo a entregar el recurso precipitó la necesidad de resolver este problema de fondo, a través de una reforma a la Ley.

También dijo que de no haber recurso, se pudo hacer una adecuación presupuestal, haciendo énfasis en que lo han hecho antes, por ejemplo, en gastos de publicidad, exponiendo que en el primer trimestre del 2021, el gasto en publicidad fue de 93 millones de pesos, cuando se etiquetaron 80 millones para todo el año.