Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa investiga 124 casos de desaparición de personas, tan solo en la zona centro
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa investiga 124 casos de desaparición de personas en la zona centro del Estado, informó el titular Óscar Loza Ochoa.
Loza Ochoa señaló que estas investigaciones obedecen a la posible violación de los derechos humanos en las indagaciones de casos de personas desaparecidas.
Expuso que estas cifras obedecen únicamente a la región centro de Sinaloa, pero que hay más casos en el resto del Estado.
“124 zona centro, porque también tenemos en el sur, zona sur, tenemos de Salvador Alvarado, del centro norte Guasave, municipio de Sinaloa y también allá al norte lo registraron en Los Mochis, pero que abarca Ahome, El Fuerte y Choix”, dijo.
Estableció que estas denuncias presentadas ante la CEDH contemplan a autoridades públicas como presuntos violadores de los derechos humanos, y que en su mayoría sin policías municipales y estatales.
“Hay señaladas autoridades y hay también particulares. En algunos no se cifra, no se concretan”, señaló.
En 2020 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa emitió una recomendación general dirigida a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Gobiernos Municipales y Fiscalía General, todos del Estado de Sinaloa, en materia de desaparición forzada de personas.
La recomendación emitida fue una alerta a las autoridades sinaloenses debido a la alza de casos de desaparición forzada de personas y al advertir serias omisiones por parte de las autoridades competentes del Estado sinaloense en la prevención, la atención de las familias y la investigación del delito o delitos cometidos.
También, se expuso en la recomendación que el propósito de la misma era el de hacer conciencia de la gravedad de las conductas que se reprochan, del fuerte y constante sufrimiento de los familiares de las personas desaparecidas y para hacer ver el riesgo de responsabilidad en que se pueda incurrir por estas violaciones a derechos humanos.
Entre las omisiones detectadas por la CEDH se encontraba que las autoridades investigadoras no pedían a los familiares pruebas de ADN de manera inmediata, y no se contaba con expertos para la búsqueda de personas.
