Cobra parcialmente Cuén Díaz deuda de $24 millones por terreno en Mazatlán que no transparentó como funcionario
Al tiempo que enfrenta diversos procesos judiciales por los presuntos delitos de desempeño irregular de la función pública y negociaciones ilícitas desde el cargo que ostentó como Director de Bienes e Inventarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Díaz, no deja de hacer negocios: en los últimos meses se hizo de una propiedad en pago parcial por una deuda de 24 millones de pesos tras aportar un terreno en el malecón de Mazatlán para una torre de departamentos; terreno que adquirió en 2017 y que no transparentó en sus declaraciones patrimoniales mientras era funcionario.
El pasado mes de septiembre, Cuén Díaz enajenó un local comercial con valor de 3 millones 800 mil pesos en el sector Tres Ríos de Culiacán, ubicado en la plaza comercial City Plaza, en pago por una deuda millonaria que la empresa SYC Desarrollos tenía con la empresa Beisbox S.A. de C.V., propiedad de Cuén Díaz y su esposa, Belinda Portugal.
La deuda se generó en el año 2019, tras la aportación por parte de Beisbox de un terreno de 390 metros cuadrados ubicado en el malecón de Mazatlán a un fideicomiso donde participaban SYC Desarrollos como fideicomisaria constructora, representada por Carlos Alberto Quezada Santana, y JMF Arquitectura de Negocios, representada por Miguel Izaguirre Castro, como fiduciaria, donde se construiría una torre de 32 departamentos y 2 penthouse de nombre comercial Torre Vita Departamentos. El valor de la aportación fue de 12.5 millones de pesos.
Melesio Cuén Díaz recibiría 8 de esos departamentos con valor de 3 millones de pesos cada uno para un total de 24 millones como retorno de su inversión; como la empresa no cumplió, Cuén Díaz comenzó a recuperar parcialmente su deuda a través de este local comercial ubicado en Culiacán.
El terreno en cuestión fue adquirido por Cuén Díaz a través de la razón social Beisbox, la empresa que opera sus restaurantes con cajas de bateo, en mayo de 2017, por un valor de 3 millones 463 mil 200 pesos. El vendedor era el empresario nayarita de origen italiano Juan Manuel Zivoli Rodríguez, según consta en la escritura del mismo del Registro Público de la Propiedad. Cuén Díaz pagó de contado con un cheque de caja. En esa empresa y en dos más, Cuén Díaz usa de apoderados y comisarios a empleados en activo de la UAS.
El terreno figura en la lista de propiedades dada a conocer por Revista Espejo y Noroeste tras el anuncio de la investigación a la familia Cuén por presunto enriquecimiento inexplicable por parte de la Unidad de Investigación Patrimonial y Económica de Sinaloa (UIPES). El Clan Cuén acumula una fortuna valuada en al menos 123 millones de pesos en propiedades.
Cuen Díaz no declaró ese terreno en ninguna de las dos declaraciones patrimoniales más recientes que se encuentran disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia y que corresponden a los años 2021 y 2022. Además, en el portal de Transparencia de la UAS la liga para consultar esa información está rota y no funciona.
Declaraciones a medias
Como funcionario público, Héctor Melesio Cuén Díaz solo realizó dos declaraciones de situación patrimonial, fechadas en 2021 y 2022. En ellas, Cuén Díaz dice tener como propiedades solo una casa, un yate y tres vehículos que adquirió de contado pero sin que pueda conocerse el valor de los mismos pues se encuentran testados; en la declaración de 2022, agrega además una inversión bancaria, cuyos datos también se encuentran testados.
En ninguno de los dos documentos, el hijo del ex Rector Cuén Ojeda reconoce ser socio de empresa alguna o dueño de bienes inmuebles, a pesar de que existe amplia evidencia de que es socio de múltiples empresas, entre ellas Inmobiliaria Luis XV, Restopro, Hostauro, y en las cuales usa de comisarios y apoderados a empleados y colaboradores de la UAS. Además de contar con diversas propiedades, mayoritariamente en la ciudad de Culiacán.
Inmobiliaria Luis XV, de la que es socio, ha sido proveedora de la Universidad al mismo tiempo que Cuén Díaz fungía como responsable de compras de la misma.
Sus cargos en la Universidad lo obligan a transparentar sus propiedades
Según el último párrafo del artículo 108 Constitucional, así como en la fracción XXV, del artículo 3º, y artículos 32 y 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todos los servidores públicos, es decir todo aquel que desempeñe un empleo cargo o comisión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado, están obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, ante las secretarías o su respectivo Órgano Interno de Control.
En caso de no hacerlo, se podrá aplicar el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece los plazos para su presentación como sigue.
¿Qué dice la ley?
El Artículo 33 dice: La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:
I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del:
• Ingreso al servicio público por primera vez;
• Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo;
II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y
III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión.
En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se dará aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión.
