"Buscó Fiscalía encarar a ciudadanos contra acusado de comprar colchones en mal estado, pero juez lo impide"
CULIACÁN._ La Fiscalía General del Estado incluyó en sus propuestas de medios de prueba las testimoniales de cinco ciudadanas de Culiacán, vecinas de algunas colonias en donde fueron entregados los colchones en mal estado luego de la tormenta tropical del 20 de septiembre de 2018, para atestiguar en contra del ex funcionario acusado de haberlos adquirido.
Sin embargo, el juez aceptó la solicitud de la defensa de Carlos Baltazar Castro Olivas, que peleó porque estas personas no declararan en el juicio oral, la próxima etapa para demostrar si el acusado es culpable o inocente de los delitos de peculado y negociaciones ilícitas.
Durante la audiencia intermedia, celebrada el jueves en el Centro de Justicia Penal y Oral de Sinaloa, y que se extendió por casi cuatro horas y media, los fiscales solicitaron que se incluyeran como testigos a 22 personas, incluidas cinco vecinas de las colonias Lomas del Pedregal e Ignacio Allende.
Los agentes del Ministerio Público, adscritos a la Unidad de combate a la corrupción, señalaron que estas personas servirían para comprobar y representar a una muestra de 2 mil personas que fueron afectadas por la entrega de los colchones en mal estado e insalubres, y que estaban dispuestas a atestiguar en contra de Castro Olivas.
“Resultan innecesarios estos testimoniales de personas que recibieron los colchones en mal estado”, señaló el juez luego de valorar la solicitud de los defensores del ex funcionario para que excluyera estos testigos.
“Sin embargo, este un hecho probado y no hay necesidad de probarlo en el juicio, no hay necesidad de probar que hubo personas que fueron afectadas con la entrega de estos colchones, por lo que resulta innecesarios estos testimoniales. No genera controversia, desde la perspectiva de este tribunal, porque son hechos públicos”.
Entre los testigos que sí aceptó el juez destacan el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Raúl Carrillo Castaños; una asistente de Castro Olivas en la coordinación administrativa de la misma dependencia; uno de sus subordinados y un jefe de departamento, además de las testimoniales de dos agentes de la Policía Investigadora adscritos al caso.
El juez también aceptó entrevistas y la promesa de declaración en audiencia pública de la persona que supuestamente actuó como enlace en Guadalajara, Jalisco, para la realizar la compra de los colchones reciclados y trabajadores de las empresas que se encargaron de vender y enviar los artículos a Sinaloa.
También se ha confirmado la declaración de Francisco Benjamín “N”, la persona señalada por la Fiscalía de ser amigo personal y quien ayudó al ex funcionario a triangular los recursos para adquirir los colchones en mal estado.
En la audiencia intermedia, los fiscales solicitaron al juez un castigo de 14 años de prisión, al devolución de más de 4.5 millones de pesos y 28 años de inhabilitación dentro del servicio público contra el ex coordinador administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social.
El juicio oral en su contra tiene pendiente la fecha de inicio.
