"Asegura Castro Olivas que Raúl Carrillo supo de la compra de colchones podridos"

Pese a las estrategias de sus abogados defensores, que incluyó una declaración suya ante el juez, el funcionario Carlos Baltazar Castro Olivas fue vinculado a proceso la mañana de ayer y encarará proceso penal desde febrero de 2019.

Sin embargo, en la continuación de la audencia inicial, el ex coordinador administrativo de la Secretaría de Desarollo Social del gobierno estatal pudo acusar a su jefe inmediato, el titular de la Sedeso, Raúl Carrillo Castaños, de haber estado informado de todos los movimientos realizados para la compra de los colchones en mal estado.

Y también acusó a la subsecretaria de Gestión de Fondos y Financiamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico, Morayma Yaseen Camponanes, encargada de buscar a los proveedores para adquirir colchones para repartir a ciudadanía afectada por las lluvias del 20 de septiembre, de haber incluido en su lista de proveedores al particular y la empresa que hoy son señalados de fraude.

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La continuación de la audiencia inicial por la causa penal 1115/2018, contra Castro Olivas, acusado por la Fiscalía General del Estado de peculado y negociaciones ilícitas, comenzó las 10:30 horas y se extendió hasta las 13:25 horas.

Con su estrategia, la defensa de Castro Olivas buscó desestimar las acusaciones vertidas en la acusación el viernes, cuando la Fiscalía reveló tener a seis funcionarios de la cadena de mando ligados a éste funcionario, y a Carrillo Castaños y Campomanes, de señalarlo como responsable único y directo de la compra de los colchones en mal estado.

Sentado por primera vez en el lugar donde acusados y testigos dan su declaración al juez, Castro Olivas aclaró que ninguna de las acciones que él realizaba era ignorada por su jefe inmediato, el titular de la Secretarío de Desarrollo Social, Raúl Carrillo Castaños.

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“Yo no hacía ninguna instrucción que no fuera del Secretario Raúl Carrillo Castaños”, señaló.

También dijo que no tiene amistad con el particular con el que se realizó la compra de los colchones en mal estado ni con ninguno de los otros proveedores con los que Gobierno del Estado ha hecho trato.

"También desconozco quién hizo las transferencias por esas compras y no tengo ninguna relación con esa persona ni con ningún otro proveedor", dijo.

A diferencia del primer día, cuando Castro Olivas se presentó escoltado por un par de policías procesales, en camisa tipo polo, pantalón de mezclilla y tenis, ayer acudió vestido más elegante, con saco beige, camisa blanca, pantalón de mezclilla azul marino oscuro con cinto y zapatos de piel.

Habló claro y fuerte, sin embargo en un par de ocasiones sus abogados defensores le insistieron que no lo hiciera tan rápido para que el juez pudiera escucharle y hacer sus anotaciones.

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“En lo relativo a empresas mencionadas, hago constar que son provedores de la Sedeso desde antes, como consta en documentos de una o más compras previas, desconozco si están o no en el padrón de proveedores”, declaró.

La mayoría de los datos que Castro Olivas reveló contradijeron a la acusación inicial de la Fiscalía.

Uno de los señalamientos principales es que tanto el particular como la empresa Grupo El Mariachi, a los que se le hicieron las tres transferencias que sumaron los 2 millones 970 mil pesos de supuesto pago por colchones en mal estado, desde un principio formaron parte de la lista de proveedores que presentó Yaseen Campomanes en la reunión donde la Fiscalía acusó que Castro Olivas se propuso para buscarlos.

“(El particular) Estaba en la relación de proveedores de Morayma Yaseen y El Mariachi también lo estaba”, respondió.

Según el ex coordinador administrativo, él tampoco podia hacer de manera libre transacciones de la cuenta bancaria de la que se le acusó ser el único responsable, puesto que el titular de la cuenta era el propio secretario Carrillo Castaños y el subsecretario de la misma Sedeso, Óscar Camacho Rodríguez.

“El titular de la cuenta es Raúl Carrillo, él me instruía para cualquier movimiento, él es el apoderado legal de la cuenta y él solicitó que se incluyera mi firma y la del subsecretari Óscar Sinforoso Camacho Rodríguez. Mi firma no tenía autorización individual de hacer transferencias”, expresó.

La defensa también presentó un acta de entrevista de un representante legal de la empresa Grupo El Mariachi, en la que señala que su registro data del 29 de abril de 2002 y que han hecho trato de ventas con Gobierno del Estado desde hace tiempo de diversos artículos, como colchones, estufas, abanicos, lámina galvanizada o lámina de cartón.

Por la contradicción de los datos de prueba de la Fiscalía y pruebas de la defensa, el juez de control y enjuiciamiento determinó vincular a proceso al funcionario.

Castro Olivas regresará a la audiencia complementaria hasta el mes de febrero, luego de que la Fiscalía solicitara cuatro meses para las investigaciones complementarias.

En otra batalla perdida, los agentes del Ministerio Público solicitaron al juez que se otorgara prisión preventiva, por la posibilidad de que Castro Olivas se diera a la fuga, sin embargo se les denegó.

Después solicitaron el pago de una garantía económica por 2 millones 970 mil pesos, que también se les denegó, por lo que sólo tendrá que cumplir la visita mensual ante el juez y solicitar permiso para salir del estado.