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Poder Judicial

Aprueba Congreso de Sinaloa el retiro y pensión del magistrado Enrique Inzunza Cázarez pero ocultan monto

La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso revisó el documento enviado por el Poder Judicial al Legislativo y determinó que es procedente el retiro del ex Magistrado Enrique Inzunza Cázarez, que se va con Rocha Moya

Luego de una revisión a la documentación enviada por el Supremo Tribunal de Justicia al Congreso de Sinaloa en la que se anuncia la aprobación de la separación del Cargo de Enrique Inzunza Cázarez, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación aprobó el dictamen mediante el cual se declara procedente su retiro voluntario y se declaró vacante la magistratura.

Inzunza Cázarez, quien fuera Magistrado III Propietario, fue anunciado como el próximo Secretario de Gobernación en la administración de Rubén Rocha Moya, a iniciar el 1 de noviembre, por lo que en el mismo documento que se revisó para permitir que se aleje de su cargo, se aprobó el otorgamiento de la pensión económica correspondiente.

El dictamen del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa fue aprobado de forma unánime en sesión pública virtual, lo cual se notificará al resto del Pleno del Congreso en la Sesión Extraordinaria a celebrarse este viernes 20 de agosto.

Se explicó también que el Artículo 95 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, establece que las y los Magistrados del STJES, se retirarán de sus cargos de forma forzosa o voluntaria.

La certificación emitida por el Oficial Mayor del Supremo Tribunal de Justicia, acredita que Inzunza Cázarez, como Magistrado solicitante, cuenta con una antigüedad efectiva de 22 años, nueve meses y 10 días, al servicio del Poder Judicial del Estado, de los cuales, 12 años, nueve meses y 10 días corresponden al ejercicio del cargo de Magistrado.

El dictamen sobre el retiro voluntario del Magistrado Enrique Inzunza Cázarez, que resolvió procedente el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, reúne los elementos constitucionales y legales correspondientes.