¿Y si gravamos las ganancias de petroleras para financiar la transición energética?
Por Leonardo E. Stanley
La humanidad enfrenta un momento decisivo a pesar de que vastos sectores de la clase dirigente lo sigan negando. Resulta necesario avanzar con la transición y dejar de seguir acumulando activos que aumentan el riesgo financiero tradicional (o de transición), al tiempo que incrementa el riesgo de derrame relacionado con el escaso peso que tenemos en el mercado energético global.
Ciertamente no nos sobran divisas como para desperdiciar ingresos, ni recursos fiscales como para regalar rentas. La transición energética requiere de financiamiento y, en este sentido, existen diferentes instrumentos que podrían utilizarse, o sea, herramientas que están en poder del soberano para autofinanciar la transición. Una de ellas son los impuestos a las ganancias extraordinarias.
En este contexto, hay que destacar una serie de posturas de distintos líderes políticos que permiten avizorar el futuro de la transición energética, más allá de los discursos que surgen respecto a la emergencia climática.
El discurso del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ante la 77.ª sesión plenaria, destacó la “avaricia grotesca” de las compañías petroleras a expensas de los más pobres del mundo, “al tiempo que destruyen nuestro único hogar”. Si la guerra de Ucrania permitió el abultamiento de sus patrimonios, la necesidad de ahondar la transición clama por la imposición de un impuesto extraordinario.
La continuación del conflicto bélico, en definitiva, desató una crisis energética y alimentaria. Fruto del incremento de precios, el Gobierno alemán de Olaf Scholz decidió imponer un impuesto extraordinario a generadoras eléctricas (no alimentadas por gas) para evitar que acumulen ganancias extras, disociadas de sus costos de producción. Similar postura adoptó Pedro Sánchez en España, quien impuso una tasa extraordinaria a las empresas energéticas.
Otra parece ser la actitud adoptada por la Primera Ministra entrante en Gran Bretaña, Liz Truss, quien promete volver a las políticas de reducción de tributos que pregonaba el neoliberalismo en los noventa, todo un desafío con incrementos tarifarios que asfixia a la mayoría de los hogares británicos. Truss se presenta como agente del cambio, pese a que sus decisiones políticas no son más que el dogmatismo neoliberal: más desregulación, menos Estado, y una esperanza de derrame que se viene repitiendo desde la década del ochenta sin otro éxito que el aumento de la desigualdad.
No existe relación alguna entre una reducción de impuestos y el desarrollo económico. En un contexto de emergencia climática se necesita de más inversión tanto en mitigación como en adaptación. Todo Gobierno debería priorizarlo. Sin embargo, más preocupante resulta su escepticismo en materia climática, lo cual generaría un fuerte retroceso en la transición. En esta dirección se explica la reciente decisión del Gobierno en revertir la prohibición al fracking, aun cuando cualquier alternativa limpia resulta más rentable pese a los altos costos que actualmente afectan al sector.
Cabe destacar que en el primer cuatrimestre el excedente también alcanzó a las compañías que operan en la región con fuertes ganancias. Los ingresos extraordinarios beneficiaron a Ecopetrol, Petrobras, Pemex o YPF, aunque solo esta última incrementó su producción en dicho período. De hecho, los resultados impulsan nuevas inversiones y entusiasman a los Gobiernos a avanzar con nueva infraestructura.
El Presidente Alberto Fernández, de Argentina, por ejemplo, planteó, ante un grupo de empresarios petroleros en Houston, el interés del Gobierno argentino por nuevas inversiones en Vaca Muerta. Y, tal como viene sucediendo desde los años noventa, les prometió garantías especiales, protección a sus inversiones, garantizar la libre disponibilidad de divisas y otorgar regímenes fiscales especiales. Pero no hace falta mirar hacia atrás para destacar los problemas que el Tratado de Energía genera al soberano: el exceso de garantías que otorga dicho marco legal desafía toda política de transición.
Según Fernández: “Tenemos en abundancia no solo petróleo, que algunos años más seguirá usándose, sino el gas, y viendo lo que está pasando a través de la crisis desatada entre Rusia y Ucrania, siento que Argentina tiene una enorme oportunidad”. A esto añadió: “Tenemos que construirla entre todos: Estado y empresarios”. Un discurso con un tinte neodesarrollista que desconoce lo efímero del momento e ignora los riesgos que conlleva la transición.
Por otro lado, afortunadamente están surgiendo otras voces en la región. El gobierno de Gustavo Petro en Colombia tiene como objetivo descontinuar la producción de petróleo y prohibir toda tarea de exploración, al tiempo que la legislatura comenzó un nuevo debate por la prohibición del fracking que cuenta con el respaldo de la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad. Por su parte, el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, defendió ante el Congreso la sanción de un impuesto extraordinario al carbón y el petróleo. Todo un conjunto de iniciativas, en definitiva, destinadas a iniciar la transición.
Estas medidas que viene a proponer el nuevo Gobierno colombiano proceden de poner al descubierto lo añejo de muchos discursos que aún se escuchan en la región.
Leonardo E. Stanley es investigador asociado del Centro de Estudios de Estado y Sociedad-Cedes (Buenos Aires). Autor de “Latin America Global Insertion, Energy Transition, and Sustainable Development”, Cambridge University Press, 2020.
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