Los recientes resultados del sexto informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) no dejan duda sobre la relación directa de las actividades humanas con el cambio climático.
En particular, es evidente que la quema de combustibles fósiles y su respectiva contaminación ambiental, están directamente vinculadas al calentamiento global y, a menos que tomemos acciones drásticas e inmediatas, continuará el serio deterioro del medio ambiente.
Así pues, los Estados tienen la obligación de aplicar este tipo de medidas y reducir drásticamente la producción de gases tóxicos, provenientes de la quema de combustibles fósiles, que están generando esta situación tan compleja para la humanidad. Ante las evidencias científicas, a nadie le puede caber duda.
Ante ello, llama poderosamente la atención que el Estado mexicano se declare en avance firme sobre el camino de los combustibles fósiles, tal como lo ha señalado el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el Tercer Informe de Gobierno, presentado el 1 de septiembre.
A contrapelo de las evidencias científicas que llaman a reducir en la mayor proporción posible el uso de los combustibles fósiles, el Presidente López Obrador delineó en su mensaje una clara política en el sentido contrario, además acompañada de grandes sumas de dinero público.
Contrario a lo que ocurre en otros países, donde la industria petrolera es propiedad privada, en México el Estado es dueño de la producción y refinación de petróleo. Por ello, cualquier política pública en ese ramo, va acompañada de mayor o menor presupuesto público, dependiendo de los planes de Gobierno.
Y en este caso el plan es claro: “La nueva política energética busca producir en México las gasolinas que el país consume y dejar de importarlas. Con este fin, se continúan destinando recursos para las refinerías existentes, en tres años la inversión ha sido de 33 mil 581 millones de pesos”.
A ello se suman otras inversiones importantes que apuntalan el modelo fósil, que en términos generales es responsable del cambio climático y de la emergencia que estamos viviendo.
Por ejemplo, la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y la compra de la parte que todavía pertenecía a la empresa Shell de la refinería Deer Park, en Houston, Texas, por la que se pagaron 596 millones de dólares.
Es decir, existe una clara intención no sólo política, sino acompañada de presupuesto, de seguir fortaleciendo hacia el futuro el modelo fósil que todos los países deberían estar dejando aceleradamente, ante la emergencia del cambio climático.
De acuerdo con lo señalado por el Presidente López Obrador en su informe, la idea es heredar a las próximas generaciones los combustibles fósiles, en lugar de un planeta sano.
Transitamos así por un camino contrario al objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) que contribuiría a limitar el aumento global de temperatura en 1.5 grados centígrados, meta que luce cada vez más compleja de alcanzar, más aún, si se continúan con modelos como el planteado en el Tercer Informe de Gobierno.
Preocupa ver que la apuesta se centre en energías fósiles y que no haya todavía claridad en algunos compromisos que asumió como parte de su campaña electoral, especialmente la prohibición explícita para el llamado fracking, que todavía está por concretarse.
Preocupa igualmente que los temas de emergencia climática y medio ambiente, fueron los grandes ausentes en este mensaje, pues cada día se cierra más la ventana de oportunidad que tiene México para contribuir de manera decidida a mejorar las condiciones actuales.
A partir de ahí, quedan claras las grandes oportunidades que le asisten al Estado mexicano para replantearse y reorganizar sus estrategias, para que éstas se alineen con las metas de mitigación y combate al cambio climáticas asumidas por todos los países. Particularmente, Cumbre de Cambio Climático de Noviembre próximo (COP 26) podría ser el momento indicado para anunciar un cambio de planes que, en lugar de favorecer los combustibles fósiles, inicie una verdadera transición energética verde, justa, socialmente responsable y respetuosa de los derechos humanos.
