Desde hace algunos años se ha señalado con preocupación la violencia que se desata en México durante los periodos electorales. Desde las elecciones 2018 hemos hecho un seguimiento de este fenómeno, que se asocia directamente con el control territorial y la injerencia sobre el poder gubernamental, de manera particular a nivel municipal. En las elecciones de 2018 registramos 145 asesinatos relacionados directamente con la contienda electoral; en 2021 fueron 88.
Diferentes organizaciones internacionales han manifestado su preocupación por el impacto de la violencia electoral en las elecciones de nuestro País. La Organización de Estados Americanos lo ha señalado de manera muy puntual, especialmente porque choca con la libertad de la elección.
La violencia electoral nos alcanza a todas y todos como víctimas, aunque sean candidaturas, periodistas, activistas o funcionariado de los organismos del estado quienes sufren directamente el flagelo de asesinatos, violencia física o amenazas; los actos violentos terminan por extenderse a sus familiares y personas cercanas, culminando con la intimidación de las y los votantes. Con ello no solo se mina la credibilidad de las instituciones encargadas de la organización de las elecciones, sino que, en el peor de los casos, llena un vacío que debiera ser ocupado por el Estado.
Si bien el crimen organizado no necesariamente busca el poder formal, en algunos lugares del País ya ha logrado hacerse de éste de manera indirecta. Su poder económico ha logrado incluirse en el análisis estadístico dada su presencia nacional, en mayor o menor medida, por los “empleos” que genera y los ingresos que representa para las personas que se dedican a tales actividades.
A la fecha, no es posible ver una estrategia eficaz desde los gobiernos, federal y local, para hacer frente a esta problemática. A pesar de esto, la violencia ha permeado a tal nivel en los procesos electorales que han tenido que ser las autoridades electorales, administrativa y jurisdiccional las que busquen establecer algún tipo de protocolo para coordinar esfuerzos que permitan la prevención y atención de este problema.
En ese sentido, toma valor el análisis riguroso que nos permite concluir que la estructura política más endeble resulta también la más cercana a la población: los ayuntamientos. En el Primer Reporte Preliminar Sobre Violencia Electoral en el proceso 2023-2024, elaborado por Laboratorio Electoral, se pone de manifiesto que, al igual que en los procesos de 2018 y 2021, la mayor cantidad de casos de aspirantes asesinados se da en el ámbito municipal, y no necesariamente se dirigen hacia un partido político en específico. Esto indica que la postura del crimen organizado no busca el arribo de una ideología al poder para definir las políticas públicas, sino que, quien llegue, le permita obtener información y protección para su actividad ilícita, lo que ha encontrado cooptando los gobiernos de cualquier color en cualquier parte del país. Los números se presentan así: 56 de violencia electoral del 4 de junio de 2023 al 21 de febrero de 2024, de los cuales han sido 37 asesinatos, 13 atentados, 4 secuestros y 2 casos de amenaza.
De los asesinados, 17 eran aspirantes a una candidatura.
A punto de iniciar las campañas para la Presidencia de la República, diputaciones federales, senadurías y algunas gubernaturas locales, el panorama de la violencia electoral se muestra desolador. Si bien la presencia del crimen organizado no ha cruzado aún la línea de participación activa, se encuentra al acecho justo en periodo de definición de las candidaturas, el más virulento tanto en 2018 como en 2021. Sin embargo la violencia ya tuvo injerencia en procesos anteriores.
Desde el Laboratorio seguiremos haciendo monitoreo de los casos de personas asesinadas y de todos los tipos de violencia que se están experimentando en esta elección.
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