Un sistema educativo que (DES) aprende
juanalfonso@uas.edu.mx / @juanalfonsoML
Si el FIN de la escuela es aprender, y lo tenemos tan claro, ¿por qué no lo hacemos? El sistema educativo mexicano no aprende sobre sí mismo. Desprecia la evidencia. Es acomodaticio frente a lo que sí funciona, omiso ante lo mejorable e indiferente a la necesidad de los cambios.
¿A qué evidencia me refiero? A la que la ciencia reúne a través de años de estudios, investigaciones y evaluaciones que comprueban o explican por qué algo salió bien (niñas y niños aprendieron) o mal (no se aprendió mejor, incluso afectó a las escuelas). Cambia leyes, planes de estudio, instala o retira programas, siempre con los mismos argumentos. ¿Por qué obtendría resultados distintos, si hace lo mismo?
“La promesa incumplida” de la escuela se repite de manera sistemática - las y los niños y jóvenes no aprenden y luego de que estudian la escuela no retribuye como les prometieron-. Abandonar este ciclo exige romper las inercias del pasado, distinguir los errores gubernamentales y elevar el costo para quienes hacen uso político de lo educativo.
Las inercias del pasado están vinculadas al (MAL) gasto y la (falta) de continuidad de las políticas públicas de parte de las autoridades educativas en turno. En México se gasta poco y se gasta mal en educación. Durante los últimos 20 años, el gasto se mantiene entre tres y cuatro por ciento de su PIB anual, muy lejos del seis, siete u hasta ocho por ciento de Finlandia, Polonia, Corea del Sur o Vietnam.
Gastamos mal porque, entre el noventa y tres y noventa y seis por ciento del recurso se va en nómina. El margen para innovar prácticas educativas es irrisorio. Además, apenas sí invertimos en la formación de nuestros docentes, ochenta y un pesos por docente; diecisiete veces menos que durante la administración federal pasada. Si las y los maestros son la base para cualquier cambio educativo, a este gobierno no le importa la evidencia o bien, desprecia a las y los docentes.
Por otro lado, es difícil dar continuidad a las políticas públicas cuando el o la responsable de conducir el sistema, lo deja a su suerte. Como señalara la organización Mexicanos Primero, en los últimos diez años han pasado por la Secretaría de Educación Pública, diez secretarios; a nivel estatal, han sido 215 (un secretario cada dos años con cuatro meses). No es sólo la continuidad, son las torpezas de quienes llegan.
Ningún gobierno es culpable por el estado en que recibe la educación al momento de asumir su cargo, sin embargo, sí es responsable de lo que propone, o no. Si no responde, se convierte en el primer culpable. A esta administración federal le disgusta responsabilizarse, y actúa en contra de la evidencia.
En lo que va del sexenio, se han cancelado 16 programas educativos para las poblaciones más pobres y excluidas, entre ellas el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (ETC), uno de los programas mejor evaluados, con evidencias reales de contar con las niñas y niños con mejores promedios del país, en escuelas donde se les garantizaba un alimento (a veces el único que recibían) y un horario extendido para aprender y convivir más.
Los recursos destinados a las Escuelas de Tiempo Completo se trasladaron al programa La Escuela Es Nuestra (LEEN), donde le ofrecen al padre de familia --que vive al día, con menos ingreso que las generaciones que lo precedieron-- optar entre mejorar las condiciones de infraestructura de la escuela, pagarles más a los docentes para extender la jornada laboral o para dedicarlo a la comida de los alumnos. Ninguno de estos objetivos está destinado al aprendizaje, como en la Escuela de Tiempo Completo. Por cierto, la única evidencia que se tiene de LEEN es la que tiene la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre las irregularidades del gasto de 13 mil millones de pesos durante el periodo de la secretaria Delfina Gómez. El gobierno actual gasta en becas la mitad del presupuesto destinado a programas educativos (Ramo 11). El problema no es que las familias reciban un apoyo económico, sino toda la evidencia científica señala que las becas por sí solas no combaten la deserción escolar. Con o sin beca, millones de estudiantes serán excluidos por un sistema al que no le importa que niñas y niños aprendan. Dos de cada tres alumnos abandonan por pérdida de interés, no por carencias económicas.
Hace 10 años estábamos lejos de estar donde queríamos en resultados de aprendizajes, pero íbamos en la dirección correcta: avanzábamos lento, pero avanzábamos. La mala implementación de la reforma educativa de 2013, por parte de las autoridades federal y estatales de entonces, la pésima comunicación con las y los docentes y la nula conversación con las familias, hicieron que se perdiera la mejor oportunidad en décadas para alinear todos los incentivos del sistema sobre el eje del aprendizaje. En ese momento, lo educativo quedó a merced de lo político.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador regresó el sistema educativo a la opacidad. La contrarreforma de 2019 canceló la evaluación al desempeño docente, anuló la autonomía del INEE y se cancelaron evaluaciones del tipo de PLANEA, dejando al docente sin evidencias para tomar sus decisiones. Ninguna de las medidas anteriores garantiza el derecho a aprender de las y los maestros, que constituye la mejor forma de garantizar el derecho humano a la educación de las niñas y niños. Cancelar evaluaciones es como tirar a la basura los termómetros para medir la fiebre: ojos que no ven, gobierno que te miente.
Es indignante saber que puede ser diferente, y no lo es. Todos los gobiernos cometen errores, pero algunos no dejan de sorprender. Las barreras pueden derribarse y cambiar la narrativa sobre esa “promesa incumplida”. Lo dejamos para un futuro análisis.
Que así sea.
