Trata de personas ¿lo que nos faltaba?
Érase una vez un Sinaloa con esclavos

A la segunda alerta sobre la retención de personas en Sinaloa con fines de esclavitud, detectada la tarde del miércoles en Angostura, le debe corresponder la intervención enérgica del Gobernador Rubén Rocha Moya para ubicar, desactivar y castigar los delitos de trata de seres humanos, que de seguro también son perpetrados en otras zonas del estado. Qué bien que se logre el rescate de los afectados, pero el esfuerzo sigue incompleto si no se pone a disposición de la justicia a los que realizan los secuestros masivos y los que se prestan a emplear a las víctimas.

Es otra forma de la perversidad que acecha a los ciudadanos para convertirlos en frías estadísticas de la violencia, mercancías en compraventa, y meter a sus familias en la locura de la impotencia que empieza con jamás volver a saber nada de los que desaparecen. Cuántos estarán cautivos con propósitos de explotación, despojados de la dignidad, despellejados por los azotes de los esclavizadores o reclutados en las guardarrayas de las plantaciones de hortalizas.

Para saberlo y enfrentarlo se necesita la mayor voluntad de las instituciones, centrada en romper la cadena de complicidades sin la cual este modo de delincuencia no podría fortalecerse, confabulaciones de seguro entre elementos de la Secretaría del Trabajo, funcionarios municipales y patrones que prefieren la mano de obra ilegal con tal de ahorrarse unos pesos en la nómina. Se requiere del manotazo en la mesa para que las autoridades nunca más sean halladas de brazos cruzados mientras mujeres, niños y ancianos son sometidos a denigrantes formas de servidumbre.

Por fortuna, dos de los afectados por el fenómeno de sujeción de individuos o familias cuya situación de vulnerabilidad la aprovechan los criminales, lograron escapar y solicitar el auxilio de la base de la Secretaría de Marina en La Reforma para lograr la liberación de los 16 rehenes restantes, a quienes se les forzaba a trabajar en labores agrícolas sin paga alguna. Mal alimentados, con problemas de salud propias del hacinamiento y la extenuación, primero se les despojaba de la autoestima y enseguida de sus sueldos. Al final los dejaban sin vida propia.

Y nadie se daba cuenta. ¿Cómo puede invisibilizarse a tanta gente encerrada en un aparente centro de rehabilitación que en realidad era cárcel de concentración de parias a los que nadie busca ni extraña? El azoro crece tomando en cuenta que desde la cabecera municipal los sacaban a las jornadas esclavizantes y allí regresaban sin que alguien se diera por enterado. Ni señas de la Policía Municipal, los servidores públicos o los vecinos.

Información lograda más allá del informe oficial de los hechos indica que entre los esclavizados se hallaban personas en situación de calle y jóvenes adictos atraídos por el señuelo de la comida y las drogas, el último reducto para los que han perdido todo y se enganchan de promesas que ni siquiera les cumplen. Unos descalzos, otros harapientos y los más urgidos de un ingreso para sus familias, cayeron por igual en la trampa de las quimeras.

Mal hace la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado en hacerse de la vista gorda ante supuestos centros de rehabilitación que pululan en ciudades y comunidades rurales, tal vez como fachada de trata de personas para las distintas formas de explotación. La dependencia a su cargo, clarifica Cuitláhuac González Galindo, no tiene un registro o hace rastreos porque “no anda detrás de los centros de rehabilitación irregulares”. Las infamias que cometen ustedes, impunes delincuentes, están lejos de merecer la atención de las autoridades.

El Gobernador Rocha Moya dice que si hay patrones legales que acuden a esta forma ilícita de trabajo, no se los va a permitir. Le toca, en principio, leerles la cartilla a los funcionarios que aplican la normatividad laboral para que salgan de sus oficinas a verificar la realidad, antes de que la dramática autenticidad los halle impasibles en sus escritorios. Exigirles a los alcaldes, jefes de la Policía, propietarios de campos agrícolas y organizaciones de trabajadores del campo que trasmuten de las negligencias a la sensibilidad humanista.

Ya antes, a finales de enero de 2023, quedó en evidencia el abuso en perjuicio de 42 indígenas tepehuanes, entre éstos 18 menores de edad, en un campo agrícola del municipio de Ahome, con condiciones laborales a ras de la esclavitud. Es decir, hace casi siete meses nos conmocionó aquella noticia del método de explotación humana que creíamos cosa del pasado; hoy que la conmiseración ataca de nuevo no tardamos en retomar la indolencia como escudo contra los mea culpa que también son para los sinaloenses en general.

Lo que resta es esperar a que la justicia les diga a los delincuentes cómo es la dignidad humana, qué son las garantías individuales, cuáles normatividades infringen y de dónde saldrán las instituciones y responsables de éstas que los hagan pagar por jugar con los destinos de los más vulnerables, atándolos a los caprichos de los facinerosos.

Son hermanos, hay que salvarlos,

Del cautiverio y sus horrores,

¿Pero por qué abandonarlos,

A merced de esclavizadores?

Bórrense este día los trazos de irracionalidad que asoman cuando deben comparecer a las 9 horas en Culiacán el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, y el abogado general universitario, Robespierre Lizárraga Otero, a una de las salas de la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria. Que sea la presunción de inocencia de los acusados, y las pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado, las que determinen con apego a la norma jurídica lo que a cada una de las partes le corresponde. Estado de derecho sí; el caos de los fanatismos no.

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