Sinaloa: la estrategia de seguridad se estanca
A un día de concluir, el mes de marzo cierra en Sinaloa con 4.5 asesinatos, 3.8 fichas de búsqueda y 19.6 vehículos robados diarios. Con 130 homicidios, 569 robos de vehículos y 110 privaciones de la libertad ocurridos hasta ahora, marzo ya supera a febrero en todos estos delitos.
Los datos enseñan también que las violencias letales en Sinaloa se vienen estabilizando en promedios de 4.5 asesinatos y 4 privaciones de la libertad por día desde la segunda semana de enero pasado. Prácticamente 15 días después de que el General en activo Óscar Rentería Schazarino fuera nombrado como Secretario de Seguridad de Sinaloa por instrucciones directas de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en coordinación con el Secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, y el Gobernador Rocha Moya.
Es innegable que a finales del año pasado hubo un ajuste de la estrategia de seguridad para Sinaloa y que de la contención militar que vimos de septiembre a diciembre de 2024, el Gobierno federal pasó a la ofensiva coordinada.
Dicha ofensiva tiene tres frentes que son muy fáciles de distinguir: el uso de inteligencia para la detención de generadores de violencia, el ataque a las finanzas de las facciones y la intensificación de la presencia y el patrullaje militar en zonas problemáticas.
En el primer eje, la inteligencia a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana liderada por García Harfuch ya ha rendido frutos, entre los que destacan detenciones estratégicas como la de José Ángel “El Güerito” Canobbio y la de Juan Carlos “El Chavo” Félix en Culiacán, además de decenas de jefes y operadores de menor perfil mediático de ambas facciones. Con los datos que construimos a diario en Noroeste, conocemos de al menos 954 personas detenidas en este periodo, así como otras 69 personas abatidas por las fuerzas militares en diversos enfrentamientos.
En este eje se inscribe también el desmantelamiento de más de mil 500 cámaras de videovigilancia ilegales instaladas en Culiacán, Mazatlán y Navolato y que constituían “El Gran Hermano” narco. Ojos criminales permanentes que revelaron la enorme sofisticación e impunidad que las facciones del Cártel de Sinaloa habían alcanzado en nuestras narices.
En el segundo eje, el de las finanzas, el aseguramiento y desmantelamiento masivo de cocinas y laboratorios de drogas sintéticas en Culiacán, Navolato, Cosalá, San Ignacio, Elota y Mocorito ya suman más de 350 desde el 9 de septiembre pasado; a eso habría que agregar otro operativo que ha sido constante y que suele captar menor atención pero que es clave para minar la presencia territorial de “Los Chapitos” y “La Mayiza”: el aseguramiento de más de mil máquinas tragamonedas en Culiacán y Mazatlán en las denominadas “jugadas”, lugares donde además prolifera la venta de drogas y alcohol ilegal, además de que se habían convertido en puntos problemáticos de violencia homicida. Ambos operativos significan un golpe profundo al poderío económico y corruptor tanto de los Guzmán como de los Zambada.
En el tercer eje, la evidencia diaria enseña que son las Fuerzas Armadas las que siempre patrullan, vigilan y hacen frente a la violencia de las facciones en Sinaloa. A las policías estatales y municipales las vemos acompañar operativos de rescate económico, acordonar escenas del crimen o servir para iniciativas de corte social o cultural pero nunca liderando la ofensiva. El eufemismo es llamarle Grupo Interinstitucional a una respuesta que es a todas luces militar.
En vías estratégicas como la Maxipista Culiacán-Mazatlán, hasta zonas de conflicto permanente como Elota, el sur de Culiacán o la sierra alta de Concordia y San Ignacio, son la Guardia Nacional, las tropas de la Defensa y la Marina quienes se encargan de enfrentar, decomisar y detener. Aunque siempre nos dicen cuando llegan más refuerzos, pero nunca cuando se van, las cifras oficiales de presencia militar en Sinaloa se han mantenido en el orden de los 12 mil elementos. Más de seis veces la Policía Estatal.
Pero a pesar de la disciplina y el enfoque federal, los datos de marzo muestran que la estrategia de seguridad en Sinaloa se estanca y ya no está siendo suficiente para generar reducciones más contundentes en las violencias letales, a saber homicidios y privaciones de la libertad.
Por otro lado, las altas tasas de impunidad y la carencia de una policía estatal suficiente, capaz y confiable permite que las violencias patrimoniales como el robo de vehículo y el robo a comercio sigan en niveles inaceptables afectando la economía y el ánimo social, pues todo mundo se siente vulnerable.
En conclusión, la famosa “coordinación” ya no es suficiente si se aspira a regresar a tasas de criminalidad que permitan a los sinaloenses vivir con “normalidad”.
Para ello es necesario que el Estado sea capaz de neutralizar en el corto plazo y de manera permanente los liderazgos de las facciones que se hacen la guerra, al tiempo que se diseña de manera democrática y colectiva un proyecto para reconstruir a las policías y la Fiscalía de Sinaloa, dos instituciones clave para la seguridad y la justicia y que hasta ahora se han evidenciado como los eslabones más débiles de esta guerra.
