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Pueden detener a decenas de capos, de hecho, se han detenido a decenas de ellos desde hace por lo menos cuatro décadas, pero el Estado mexicano no ha podido acabar, ni siquiera disminuir al narco. Al contrario, sus organizaciones son cada vez más poderosas no tan solo en nuestro propio territorio sino en muchos otros países; en el caso del Cártel de Sinaloa en alrededor de 80 espacios nacionales.
Es evidente que el gobierno de la 4T ha fracasado en su combate, al igual que todos los sexenios presidenciales de 1975 en adelante, si es que tomamos como fecha de referencia de inicio a la Operación Cóndor entre 1975 y 1976. Esto quiere decir que, si nueve gobiernos han fallado en sus estrategias contra el narco, es evidente que hay una derrota prolongada del Estado ante el crimen organizado.
Lo más grave es que ese fracaso prolongado en gran medida se debe a que el narco ha penetrado profundamente a zonas estratégicas del Estado y corrompido a muchos de sus cuerpos de seguridad y a hombres y mujeres claves de sus aparatos. De otra manera no se explicaría la expansión geométrica del crimen organizado y la constante pregunta de ¿México es un narco Estado?
A su vez, un narco Estado, si es que lo hay, no es viable sin que sectores y espacios importantes de la empresa legal y otros campos de la sociedad, incluyendo partidos políticos, hayan sido fuertemente penetrados. Si el Estado es débil, o por lo menos incompetente ante el crimen organizado, lo es porque el conjunto de la sociedad política -que incluye gobierno y partidos políticos-, la empresa y la sociedad civil -es decir la sociedad organizada sin fines de lucro-, también son débiles ante las organizaciones criminales. Un Estado no flota, solo, en el aire sino asido a su sociedad, o al menos a partes de ella.
Este comentario viene al caso porque con el juicio a García Luna, numerosos comentaristas en los diarios y plataformas- sobre todo cuando el abogado del acusado le preguntó a “El Rey” Zambada si había entregado dinero a Gabriel Regino, subsecretario de Seguridad de López Obrador en 2013, siendo este Jefe de Gobierno de la Ciudad de México-, reafirman su convencimiento de que AMLO ha tenido acuerdos con el Cártel de Sinaloa no ahora sino desde hace varios años y que, por lo tanto, la 4T encabeza un narco gobierno.
En efecto, AMLO dio muestras muy sospechosas, hasta la detención y encarcelamiento de Ovidio Guzmán y la también detención de Lupe Tapia-lugarteniente de “El Mayo” Zambada- de tener una especie de pacto con los narcotraficantes sinaloenses, pero si lo hubo ya no parece haberlo.
Para periodistas muy leídos e influyentes como Carlos Marín, Fernández Menéndez, Héctor de Mauleón, Pablo Hiriart o Raymundo Rivapalacio, entre muchos otros, no titubean al sostener que López Obrador protege al Cártel de Sinaloa, pero a la vez ponen en duda de que Genaro García Luna y, por lo tanto, Felipe Calderón, lo hayan hecho. Su balanza evidentemente se ve muy desequilibrada. Su óptica está marcadamente politizada e ideologizada. Investigaciones oficiales del gobierno de Estados Unidos sobre la penetración del narco en la administración de Calderón fueron reseñadas con amplitud por el periodista mexicano David Aponte en su libro “Los Infiltrados. El narco dentro de los gobiernos”. (Grijalbo, 2011). Escribe en el prólogo Héctor de Mauleón, uno de los más severos críticos de AMLO:
“La (“Operación Limpieza” de la DEA) mostró que los narcotraficantes tenían mando pleno en el interior de la Subsecretaría de Investigación Especializada en la Delincuencia organizada (SIEDO) y se habían introducido también en los principales circuitos directivos de la Secretaría de Seguridad Pública federal. Además de efectuar la compra de funcionarios de primer lugar (entre ellos, el subprocurador Noé Ramírez Mandujano y el director de la SIEDO, Miguel Colorado González), el narco mantenía bajo su dominio a comandantes y agentes integrados al círculo de trabajo del Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora”.
“El crimen nombraba, removía, a los altos funcionarios policiacos- Dirigía trabajos de inteligencia cuyo fin estaba encaminado a lograr la captura de líderes y sicarios de cárteles rivales (...) En los años iniciales de la guerra decretada en contra del narcotráfico por el gobierno de Felipe Calderón, los grandes triunfos de la SIEDO- fueron en realidad, victorias que el grupo de Sinaloa obtuvo sobre sus adversarios”.
Si esto mismo ha sucedido durante el gobierno de López Obrador no pasará mucho tiempo para que se demuestre con pelos en la mano, pero sostenerlo y al mismo tiempo defender velada o abiertamente a García Luna y a Calderón, no es nada profesional ni ético. En realidad, se toma partido abierto contra un gobierno al que desnudamente aborrecen.
Si en México hay un narco Estado, lo es desde hace varios gobiernos. Y ningún partido se salva de haber tenido amoríos con el crimen organizado.
