Servicios públicos colapsados
Como lo he dicho antes y no me cansaré de repetirlo, basta una lluvia para poner en evidencia que tenemos servicios públicos colapsados en Mazatlán.
En cuanto caen unas cuantas gotas de agua se va la luz y en cuanto cae una lluvia más o menos fuerte, se inunda la ciudad.
No necesitamos ser unos genios para darnos cuenta de que si eso sucede es sencillamente por una razón: el sistema de drenaje y la distribución de energía eléctrica ya no aguantan más y no desde ahora sino desde varios años atrás.
¿Y cómo evitar que los servicios públicos colapsen? Precisamente para eso están los planes directores de desarrollo urbano.
A través de esos planes, al menos en teoría, se pretende ordenar el desarrollo urbano estableciendo usos de suelo permitidos y no permitidos y fijando la densidad de población para una zona determinada de la ciudad (número máximo de habitantes por hectárea), por poner solo dos datos.
Y por supuesto que tenemos planes de desarrollo urbano y hasta planes parciales especiales para ciertas áreas de la ciudad, como el centro histórico.
Pero la realidad se encarga de poner las cosas en su lugar y recordarnos de nuevo que algunos servicios públicos ya no soportan más carga.
A pesar de eso y evidentemente con un fin recaudatorio, se siguen expidiendo permisos para construir más torres de departamentos y más fraccionamientos que, al ser habitados obviamente que van a incrementar la carga de al menos tres servicios públicos: energía eléctrica, agua potable y drenaje, y vialidades.
Aunque no lo crea, uno de los requisitos para expedir permisos de construcción es que la Jumapam y la CFE extiendan lo que llaman “factibilidad” de servicios, esto es, que certifiquen que en donde se pretenden construir las torres de departamentos y fraccionamientos, si es posible prestar los servicios de agua potable, drenaje y energía eléctrica.
Sin esa “factibilidad” y, en teoría, no se deben expedir permisos de construcción, pero la realidad es que siguen haciéndolo.
Dado el crecimiento desordenado de la ciudad y dada la actitud asumida por la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable del gobierno municipal, a los ciudadanos no nos queda de otra que buscar solución a los problemas de colapso de servicios públicos en los tribunales.
Los caminos legales para lo anterior son claros: amparos y/o acciones colectivas. El problema es encontrar a quien se atreva a recorrerlos, fuera de los pocos que ya lo hacen.
