Las políticas de seguridad pública en México son chatas. El Estado ha construido una narrativa hegemónica que las reduce a un tema de “índice de delitos”. La barrera de resistencia política multicolor ha impedido en la inmensa mayoría del País que exista siquiera una noción básica respecto al carácter multidimensional de una política de seguridad cuyo rezago histórico empieza por el nombre. Véase la Constitución del país, que aún le llama seguridad pública, mientras el Constituyente de la Ciudad de México saltó hacia el concepto que hace décadas llegó a la región: seguridad ciudadana.
Reducir la seguridad ciudadana a un asunto de índice delictivo es una monumental artimaña política. Los gobiernos saben que el registro de los delitos es apenas una parte simbólica entre los que realmente se cometen (ni el 5 por ciento), pero también saben que la experiencia de victimización enseña el colapso del sistema de justicia penal, de manera que la masificación de los daños a la integridad y al patrimonio, por ejemplo a través de la extorsión, alcanzan en más y más territorios el umbral de la impunidad absoluta.
Muchos gobiernos han llevado a la perversidad extrema un discurso que simplifica tanto como puede una crisis de violencias e impunidad que hace exactamente lo contrario: se complejiza.
Quizá la más lamentable síntesis de todo esto aparece cuando alguien puede reportar el supuesto estado de la seguridad invisibilizando las desapariciones.
El caso enseña por qué la seguridad pública es sustituida por la seguridad ciudadana, siendo la primera un instrumento de autoprotección del Estado que narra lo que sea, y la segunda, una caja de herramientas cuya validez depende de la protección a la gente.
Todo esto viene a cuento a propósito de una pregunta que parece más que oportuna ante el cambio del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sustituyendo Pablo Vázquez a Omar García Harfuch: ¿en qué estado se encuentra la política en la materia en la Ciudad de México?
¿Hay aquí una política menos chata? ¿La CDMX ha llevado a la práctica la evolución que incluyó en su Constitución? ¿El Gobierno capitalino ha abrazado la complejidad que antepone la prevención al control penal y a través de ella ha tematizado las violencias, produciendo intervenciones diferenciadas? ¿Quién ha evaluado o está evaluando qué, además de las autoevaluaciones de las instituciones implicadas? ¿Hay una colección de aprendizajes de lo que funciona y no funciona que espera ser documentada? ¿Hasta dónde ha llegado la construcción inédita de evidencias, algunas de las cuales sí se han divulgado?
En este Cafecito Sereno convocado por el Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Ibero CDMX, el ahora Secretario Pablo Vázquez enseñó su especialidad en prevención y al menos parte de la base teórica y metodológica asociadas a la misma.
¿Podemos pensar que esta nueva designación confirma una vocación institucional auténticamente propia de la seguridad ciudadana que, como tal, supera la centralización del enfoque policial?
Todas estas preguntas requieren investigación para ser adecuadamente contestadas. Hay quienes afirman que la CDMX ha resuelto la seguridad; no lo creo. Otras personas dicen que todo ha salido mal; no es el caso. Creo que hay avances importantes y problemas graves. Es un escenario gris, no hay blanco o negro y desafortunadamente la posible candidatura de García Harfuch a la Jefatura de Gobierno empujará la manipulación político electoral del tema a favor y en contra.
La simulación de las mejoras es absolutamente deplorable, exactamente como lo es su negación. Por eso, como decimos en el Programa de Seguridad Ciudadana, que hable la evidencia.
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@ErnestoLPV
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