¡Se PUEDE!, pero ¿se QUIERE?
(La corrupción institucionalizada en el Ayuntamiento en Mazatlán)

El poeta y ensayista Gabriel Zaid escribió en 1986 a propósito del sistema político mexicano: “la corrupción no es una característica desagradable del sistema, ¡es el sistema!”. Quien no entienda esta realidad, no sólo es ingenuo, está incapacitado para gobernar.

La fragilidad de la naturaleza humana hace impensable depender sólo de la voluntad del gobernante, mucho menos de la cultura de un pueblo. Nada sustituye a las instituciones en este camino sinuoso. A eso se refería Zaid cuando, en su ensayo “La propiedad privada de las funciones públicas”, apostaba porque las decisiones de interés público pasen de la zona privada del Estado a la luz pública. En pocas palabras, Transparencia para la Rendición de Cuentas.

Escrito de esta forma parece sencillo, pero el fondo es otro. La corrupción es como “el bien y el mal”, nunca desaparecerá, pero su presencia es mayor o menor de acuerdo a la efectividad de los límites para controlarla. No es sólo voluntad de quien gobierna. Existen mecanismos institucionales capaces de limitar los actos de corrupción. Se puede, pero ¿se quiere? Yo creo que SÍ.

Los ejemplos de abuso de poder en Mazatlán abundan en el Palacio Municipal. La joya de la corona lo encarnan las luminarias de 400 millones de pesos, intento de compra venta por el ex Alcalde Guillermo “El Químico” Benítez. El Cártel Inmobiliario parece ser un negocio nada despreciable, en el que el Ayuntamiento “pierde” multas millonarias a manos de intereses privados, poco más de 540 millones para ser exactos. Llama la atención como Édgar González, actual Alcalde de la ciudad, primero desmintió la existencia de dicho cartel al interior de su grupo político (https://tvpacifico.mx/noticias/290700-desmiente-alcalde-de-mazatlan-presunto-cartel-inmobiliario-en-el-ayuntamiento), para luego aceptar la necesidad de pagar una serie de demandas perdidas.

Esto son los casos de la agenda pública, pero ¿y lo que no conocemos? Por ejemplo, ¿qué hay del padrón de comerciantes ambulante en la ciudad? ¿Cómo sabemos cuánto dinero entra por la vía de “ingresos” a las arcas de las mazatlecas y los mazatlecos? ¿Sabemos hoy cómo van las claves catastrales? ¿Si no están al día, como va al reporte? ¿Qué impide que estén al día? ¡Se imaginan!, ¿cuánto dinero no se está registrando a favor de la ciudad? En ambos casos ignoro quién gane, pero sé quién pierde: las y los mazatlecos. Nuestra ciudad. No estoy culpando a nadie. Sería insensato. No está en mi interés.

Si no queda claro, dejo un ejemplo más. El último año se recaudaron más de mil millones sobre el Impuestos de Adquisición de Inmuebles (ISAI), sumado al presupuesto anual de la ciudad de 3 mil 100 millones de pesos, da un total de 4 mil 200 millones de pesos. ¿Cómo les explican a las y los trabajadores del Ayuntamiento que se cancelaron las salas quirúrgicas del Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez” por falta de sanidad? Y todo porque no había dinero. ¿De verdad? Me da gusto que se hay retomado ese punto a últimas fechas de parte de las autoridades.

Mi negativa sobre conformarnos a vivir con la corrupción como “el elefante en medio de la sala” está fundamentada en un tema económico, no moral. Y, si me apresuran, un gobierno con capacidad financiera genera una sociedad más justa y equitativa, que un gobierno en manos de un grupo potencialmente corrupto y corruptor.

En el nivel municipal el gobierno tiene un peso importante en la experiencia de vida de las personas. De cada diez trámites realizados por un ciudadano en México a lo largo de un año, 5.7 son directamente con el gobierno municipal; de 10 trámites reportados con experiencia de corrupción, 6.2 fueron realizados frente a un gobierno municipal.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) de 2017, el costo monetario promedio de cada interacción corrupta en el ámbito municipal es de 1,375 pesos. Si 15 de cada 100 personas reportaran alguna experiencia de corrupción con el gobierno municipal, y tomando en cuenta el monto promedio distribuido por este concepto, suma 7 mil 300 millones de pesos. ¿Se imaginan lo que se podría hacer con las Escuelas de Tiempo Completo con este dinero? ¿Qué sería de los programas de apoyo a los pescadores? Pienso en la distribución de la tierra y la vivienda para las cerca de 70 invasiones en la ciudad.

Podemos discutir sobre las recetas para lograrlo. En algunas estaremos de acuerdo y en otras no. No obstante, en una estaremos habrá consenso. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es urgente limitarlo y servirnos de mecanismos institucionales e institucionalizados para abandonar esta realidad “evitable”.

La primera condicionante para profundizar en una agenda a favor de la transparencia en el municipio es generar equilibrios. Un municipio de un color distinto a la federación, al Gobierno y al Congreso del Estado (a Morena y sus aliados, PT y PVEM) impide concentrar el poder en manos de unos cuantos. Lograrlo incentiva a que las y los funcionarios municipales no se tapen sus fechorías, se autolimiten; obliga a una administración más pulcra; al tiempo que obliga a una convivencia política de cara a las y los ciudadanos, no entre grupos políticos. Y todo porque no cuentan con el control de todo el poder.

La pregunta ahora es para las elites y las clases medias mazatlecas: ¿hay espacio en Mazatlán para un gobierno que combata el “amiguismo” y los conflictos de interés a favor de la ciudad, sin importar el grupo político en el poder, mucho menos quién sea el gobernante?

#MazatlánMereceMAZ

Que así sea.

1 La ENCIG elaborada por INEGI identifica 22 tipos de trámites. La cuenta aquí señalada intenta aislar únicamente los trámites que corresponden al gobierno municipal de acuerdo con la categorización que INEGI reporta en sus tabulados básicos. Estos son: pagos de predial, agua, servicios municipales, permisos locales para venta en vía pública, permisos de suelo y de otro tipo, contacto con policías, trámites para abrir negocios, y llamadas telefónicas de emergencia.