¿Retornaron o no los ocho que faltaban?
El Secretario no quiere decir lo que dice

A 15 días de no saberse nada de ocho de las 66 personas desaparecidas durante el operativo delincuencial que el 22 de marzo extrajo de sus casas a familias enteras, el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Gerardo Mérida Sánchez, emitió un comunicado en el que afirmó que todos los afectados de aquel “viernes negro” ya estaban de regreso ilesos en sus hogares, pero las familias de algunos de estos acusaron que aún no los tienen junto a ellos e hicieron la pregunta de dónde están si las autoridades ya los dan por localizados.

Sin ánimo de echar abajo el buen momento que provino de la nota que dio como tarea concluida las pesquisas de los sustraídos de sus domicilios, nivel de satisfacción que el Gobernador Rubén Rocha Moya compartió en sus redes sociales, parece ser que el Secretario Mérida incurrió otra vez en el error de anticipar información antes de corroborarla, o bien soltó la noticia a medias, incompleta, muy al margen de los protocolos institucionales de comunicación.

Cuidado con esa contraposición de posturas que resulta cuando la autenticidad prescinde de la corroboración. Se trata de víctimas y sus familias, así como del Estado que no puede tratar el tema de la seguridad pública con manejos triviales que dejan al azar la interpretación que se le ocurra a la comunidad al negársele el soporte vital de la veracidad respecto a sucesos de violencia y las correspondientes secuelas.

Es que antes hubo episodios donde Mérida Sánchez trastabilló en la táctica de divulgar pasando por alto los tamices característicos de la información oficial. El 17 de septiembre de 2023 incurrió en discordancia entre mandos al declarar que Sinaloa es un punto estratégico para la distribución de fentanilo, el opioide que para Rocha Moya carece del impacto que se le asigna para el estado, su gente, la salud pública y los sectores económicos. Luego corrigió el titular de la SSP estatal, pero quedó volando la duda en el aire. Y dejó la víbora chillando.

Más recientemente, en la primera semana de abril Mérida resbaló en el lodoso terreno de la política en el cual se desliza el actual proceso electoral, debido a que las dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional, Paola Gárate, y de Acción Nacional, Roxana Rubió, opinaron que debe renunciar al cargo en la SSP por los malos resultados presentados. “Para poder pedir algo, primero es verse la cola”, les dijo el General retirado a las dos mujeres encampañadas.

Si el Secretario de Seguridad se va a meter a informar y luego aclarar que no quiso decir lo que dijo entraría al esquema de dimes y diretes y al menos tendría que prepararse para atender las crisis que traen ese tipo de declaraciones desafortunadas. Cuando dio a conocer y le informó al Gobernador de la liberación de los ocho que faltaban en relación a la acción criminal del 22 de marzo, lo mínimo que debió cuidar es que la Fiscalía General del Estado hubiera desactivado las fichas de búsqueda.

Esa inconexión entre la verdad oficial, la coordinación institucional y la percepción de las familias atacadas provocó la transición rápida del escepticismo al abatimiento, a no ser que se aclare que los ocho culiacanenses privados de la libertad sí regresaron con sus seres amados y solamente se trate de un lapso de incertidumbre propio de protocolos que deben seguirse al pie de la letra en situaciones tan delicadas como es la desaparición de personas por ausencia de sus hogares, tal como el gobierno estatal cataloga a las víctimas del 22 de marzo.

¿Entonces dónde están? Mérida Sánchez debe precisar en qué trayecto se dañó el retorno de los ocho que faltan, siendo claro en las circunstancias. ¿Fueron de nuevo los delincuentes quienes los retuvieron? ¿Están a disposición de la Fiscalía General para acusarlos de posibles delitos cometidos? ¿El Gobierno los tiene resguardados? ¿Decidieron los liberados permanecer en lugares seguros sin avisarle siquiera a sus familias? ¿Se acudió a fuentes falsas para dar por hecho el fin de las retenciones?

Al comprometer la palabra del Gobernador Rocha, quien durante la mañanera del lunes de Andrés Manuel López Obrador habló de la confirmación de que están en sus casas, y tratándose de la buena nueva divulgada previo a la llegada del Presidente a Mazatlán, es mayor el compromiso de demostrar que fue exitosa la acción que rescató de sus captores a los desaparecidos, o el regreso de los afectados por sus propios medios, dándole énfasis a evidencias de la reintegración al seno hogareño de los ocho restantes.

Ojalá que todos hayan vuelto con sus familias y que nadie siga retenido, menos si se trata de menores de edad, adultos mayores y mujeres. Que quede explicado por qué las familias que sufren las desapariciones no los tienen todavía a su lado. De lo contrario, que el Secretario Mérida diga a qué se debe su proceder de rascarle a una herida aún sangrante.

En esta guerra, mi General,

Hay heridos por las palabras,

Lanzadas desde el arsenal,

De las intenciones macabras.

Cada vez que viene Andrés Manuel López Obrador a Sinaloa exhiben cabal salud Jesús Madueña, Rector suspendido por orden judicial debido a la presunta comisión del delito de corrupción, y Robespierre Lizárraga, quien legalmente lleva las riendas de la Universidad Autónoma de Sinaloa aunque en los hechos se dedica a cuidarle el cargo a aquel. Pero llegado el momento de acudir ante la justicia enferman de todo para eludir las audiencias judiciales. Ambos sanan súbitamente al salir a la calle para presentarse como víctimas a pesar de ser los victimarios, y de una les llegan todos los achaques al tener que acudir a los tribunales a responder por posibles delitos cometidos.

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