Viernes negro: que la Fiscal diga qué pasó
La verdad jurídica, freno a la especulación

A reserva de que la Fiscal Sara Bruna Quiñónez salga en el momento adecuado a dar a conocer avances en las investigaciones sobre la privación ilegal de la libertad en perjuicio de 66 personas integrantes de familias enteras, que ocurrió en Culiacán el 22 de marzo, nada debe darse por asentado respecto a las versiones que autoridades estatales y la delincuencia organizada han planteado sobre esos hechos, porque tanto el morbo saciado con hipótesis aventuradas y la conjetura que justifica la comisión de delitos operan como puntos ciegos para que los ciudadanos vean realidades a modo y alejen la vista de los intersticios de la Ley y la justicia.

Una cosa es que la gente quiera saber improvisadamente sobre hechos de violencia que le impactan y otra muy distinta es cuándo, qué y cómo debe conocer lo que en realidad sucede, corroborado por la institución del Ministerio Público. Para las ponzoñas del rumor que esparce suposiciones resueltas en la imaginación o la elucubración gubernamental disparatada siempre debe existir el contraveneno de la verdad oficial respaldada por las ciencias forenses. Tanto peca el que enciende el terror como el que le sopla para que lo incendie todo.

Somos una sociedad cada vez más proclive al mito que a la veracidad sustentada. Por desconfianza y a manera de único antídoto contra la mentira hemos ajustado nuestra forma de creerles a las ficciones, digerirlas como vienen, en esa especie de placebo para los escépticos. De las dos únicas formas de la verdad, la científica y mitológica, con frecuencia acudimos a la segunda pretendiendo encontrar en ella la ruta más rápida hacia el olvido.

Hay un tiempo, determinado por la criminalística, para que la Fiscalía General del Estado efectúe las pesquisas y obtenga las pruebas que sustenten el resultado. Ni antes ni después algún servidor público, no se diga la delincuencia organizada, están legalmente habilitados para sacar sus propias conclusiones, aprovechándose del desespero social que reclama estar al tanto sin importarle que reciba datos equivocados que llevan a interpretaciones erróneas.

Respecto al viernes negro que acaba de refrescar en la memoria los Culiacanazos del 17 de octubre de 2019 y 5 de enero de 2023, el Secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, soltó el lunes, durante la conferencia de prensa semanal del Gobernador Rubén Rocha Moya, la suposición de que “pudo existir una situación de robo dentro de un grupo delincuencial” que desencadenó lo que el Gobierno llama “personas desaparecidas por ausencia de sus hogares”.

Coincide la apreciación con la que difundió una supuesta célula del cártel de Sinaloa a través de mensajes colocados en lugares públicos “aclarando” que la acción coordinada contra familias culiacanenses es en advertencia de que “esto le va a pasar a todos los rateros de Sinaloa para que sientan lo que sienten las familias cuando se meten a robarle sus casas a invadir su privacidad. Familiares de personas que anden en esos delitos eviten pasar un mal rato y denuncien cualquier acto de esa índole”.

Si la opinión pública diera por hecho las explicaciones que dan el titular de la SSP estatal y los recados atribuidos a organizaciones criminales, pues nada les concedería de credibilidad a las instituciones responsables de integrar las carpetas de investigación que representan la única manera de saber la realidad real, la cual estaría por conocerse de un momento a otro cuando la Fiscal desde su posición legítima de procuradora de justicia salga a revelar evidencias sin dañar el debido proceso de definición de culpabilidades.

La percepción que brota al calor del fuego cruzado y los enfrentamientos entre los segmentos delincuenciales que también confronta los estados de ánimo de la población debe transitar por los lapsos convenientes de evaluación, reflexión y determinación marcando distancias prudentes con las conjeturas precipitadas que le apuestan a generar caos sobre lo de por sí confuso. Aprender que los contextos definidos al vapor, permeados por el miedo que siembra el crimen y el azoro que exhiben las autoridades, distorsionan la calma como elemento de base en la toma de las mejores decisiones.

En síntesis, la Fiscal debe aparecer cuando disponga de los elementos convincentes respecto a lo que sucedió en Culiacán el 22 de marzo. Sacándole la vuelta a las frases prefabricadas de “iremos hasta las últimas consecuencias”, “ya los tenemos ubicados”, “vamos por ellos”, “nadie estará por encima de la Ley”. Y entre más pronto proceda a plantear la verdad legal estará a tiempo de que la razón jurídica domine por encima de la rumorología y las figuraciones.

Y podría quedar establecido como regla que sean las instancias legalmente competentes las únicas creíbles en sucesos de violencia de alto impacto y que los sinaloenses aprendamos a no concederle estatuto de veracidad a otras versiones peligrosas por aferrarse a decirlo primero en vez de esperar a que surja la verdad procesal.

Antes de que la Fiscalía,

Los lleve a los tribunales,

Busca la rumorología,

Absolver a los criminales.

La narcopolítica está decidida a imponer el voto de las armas antes de que el sufragio libre haga la función de instalar gobiernos a través de la acción popular. El ataque ruin y cobarde que le quitó la vida a Gisela Gaytán, candidata del Movimiento Regeneración Nacional a la Alcaldía de Celaya, Guanajuato, anuncia la entronización del crimen en altos puestos del servicio público como resultado del cruel plebiscito de plomo y fuego. Sin institución, autoridad y Ley que la detenga, la delincuencia evita que democracia y civilidad vayan por el mismo riel, el de México en paz con unidad y justicia. Descarrilar la elección constitucional para encauzar al tren nacional hacia destinos bárbaros, bestiales.

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