El pasado domingo hubo diversas manifestaciones de rechazo a la reforma al Poder Judicial, con un común denominador novedoso y esperanzador: la juventud. Las diversas concentraciones de este año y el anterior se habían caracterizado por un mayor promedio de edad de los concurrentes; ahora parece que se asoma un relevo generacional. La petición es muy simple y a la vez muy profunda: diálogo.
Los estudiantes de derecho de muchas universidades coinciden en que el dictamen de la reforma al Poder Judicial tiene muchas disposiciones que atentan contra la integridad de la impartición de justicia. Pero por el otro lado, el titular del Ejecutivo, la Presidenta electa y los legisladores oficialistas insisten en apurar la aprobación de su iniciativa.
Para ellos, los foros de consulta fueron suficientes para oír voces críticas; para un conjunto no menor de actores -academia, empresarios, mercados financieros, embajadas y, por supuesto, el propio Poder Judicial- no ha existido un espacio para deliberar y perfeccionar una iniciativa tan trascendente como la que hoy se somete a consideración del legislativo.
Aun cuando pueda haber coincidencia en que hay que reformar al Poder Judicial para procurar un mejor acceso a la justicia, no hay argumentos convincentes de que eso se obtenga cancelando la carrera judicial e incentivando la popularidad de los impartidores de justicia. El daño que se le haría el Poder Judicial si la iniciativa se aprueba en sus términos es estructural: la pérdida de autonomía de los juzgadores, los riesgos de captura por parte de la delincuencia, en fin, el listado de potenciales retrocesos es nutrido.
Pero además se trata de una pieza legislativa extremadamente endeble, por lo que hace a las previsiones procedimentales. Para empezar, el inicio del proceso electivo se marca con la publicación del decreto, y se le otorgan 90 días al Poder Legislativo para emitir las leyes secundarias que soporten la reforma. Es decir, se inicia el proceso sin ley secundaria, lo que en los hechos hace que el consejo general del INE se vuelva legislador e intérprete de la Constitución. La incertidumbre que ello genera en el desarrollo del proceso es inédita: los posibles aspirantes se inscribirían a jugar en un juego en el que aún no definen las reglas ni las faltas.
Las campañas de los aspirantes, asume el dictamen, tendrán acceso a los tiempos de radio y televisión, pero no habrá financiamiento ni público ni privado y, por supuesto, no se señala nada en materia de rendición de cuentas o fiscalización. Curioso concepto de lo que es hacer una campaña: no hay financiamiento público ni privado, la producción de los spots para los tiempos de radio y TV sale de la nada, los traslados o actos de contacto con los electores son gratuitos. Vamos. no se incurre en ningún gasto, por tanto no se rinden cuentas.
Eso sin contar con la multitud de tómbolas que habrá que operar para ir discriminando listas. El azar y la “voluntad popular” como fórmula para suplir la meritocracia de la carrera judicial. Y en el colmo del exceso legislativo, se pretende, en una reforma constitucional, plasmar lo que será el diseño de la boleta electoral. Y por supuesto que no hay inocencia, se trata de hacer explícito para el elector cuál es el poder que postula a cada uno de los aspirantes y distinguir además a los jueces o magistrados en funciones que aspiran a ser electos. La desventaja con la que concurren los aspirantes del Poder Judicial es evidente.
En fin, es frente a estos despropósitos que la iniciativa ha despertado muchas inconformidades. Por lo pronto, hoy tenemos a uno de nuestros tres poderes en rebeldía. Eso está lejos de una convivencia civilizada, es imperativo que en las próximas horas se encuentren caminos para volver a la normalidad.
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El autor es consultor internacional en materia electoral
@rodmoralmanz
Animal Político / @Pajaropolitico
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