Radiografía Sinaloa de desapariciones. Ir codo a codo junto a las rastreadoras
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Para conocer la realidad de las desapariciones forzadas en Sinaloa, y crecer la solidaridad social con las madres rastreadoras, el trabajo conjunto entre la Universidad Autónoma de Sinaloa, coordinado por el investigador Juan Carlos Ayala Barrón, y el Colectivo Sabuesos Guerreras, fundado por María Isabel Cruz Bernal, está logrando la radiografía cruel pero indispensable de la incidencia de este tipo de delitos en los municipios de Culiacán, Ahome y Mazatlán.
La descomunal labor de búsqueda que realizan las madres de los desaparecidos pasa por una secuencia de ataques que pretenden dividir a estas luchadoras sociales, como si el dolor de ellas se pudiera fraccionar y repartirse en pedacitos como la hostia en las misas. A alguien le incomoda y quiere derrumbar el reconocimiento internacional que ha logrado el esfuerzo heroico de María Isabel Cruz y centenas de mujeres sinaloenses que remueven la tierra hasta encontrar a sus seres queridos.
Sin embargo, a ellas nada ni nadie las detiene. El estudio en mención presenta los primeros resultados con el avance del mapeo en la capital del estado que ubica al sur de la ciudad con los mayores focos de alarma que requieren de la atención urgente de autoridades estatales y federales. Los sectores Centro, Lázaro Cárdenas, Guadalupe Victoria, Infonavit Barrancos, Libertad, Aguaruto, Miguel Hidalgo, Alturas del Sur y Villa Bonita concentran 251 desapariciones forzadas de personas de 2017 a 2021, hombres y mujeres.
Los resultados preliminares también establecen que hay 323 personas que fueron privadas de la libertad en el mismo período, pero se desconoce en qué colonias fueron perpetrados esos crímenes. Otro hallazgo tiene que ver con las carencias de servicios esenciales que se registran en la franja culiacanense sur que invadió sin reglas ni orden la mancha urbana, confirmando el binomio marginación-violencia.
Esta investigación que respalda la UAS con los Programas Nacionales Estratégicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es indispensable para que la Fiscalía General, la Comisión Estatal de Búsqueda y dependencias de seguridad actúen en función de la información resultante, como lo establece la Ley sobre Desapariciones de Personas en México. Simplemente ubica las zonas donde más se cometen los ilícitos, perfiles de las víctimas, factores socioeconómicos que inciden y patrones de violencia reincidentes.
¿A qué se debe que las desapariciones forzadas de mujeres ocurran en más casos en el centro de Culiacán y las colonias Buenos Aires y Emiliano Zapata, mientras que las de hombres se registran con alta incidencia en el primer cuadro citadino y los sectores Alturas del Sur y Guadalupe Victoria? ¿Qué tiene que ver la estructuración geográfica de las urbes en el comportamiento delictivo? ¿Cómo debe ser el plan de búsqueda que hasta el momento no tienen las autoridades competentes en Sinaloa?
Como siempre lo ha hecho, en Culiacán María Isabel Cruz Bernal no quita el dedo del renglón para que los protocolos de investigación y actuación correspondan al enorme esfuerzo gubernamental que necesitan las rastreadoras que con medios propios han logrado mucho más que lo hecho por las instituciones y quienes las dirigen. Los mecanismos de búsqueda y las ciencias forenses deben evolucionar no sólo en sus técnicas y métodos sino sobre todo en la voluntad para encontrar a los desaparecidos y detener la comisión de estos crímenes.
Ayer el tema se abordó en la conferencia de prensa semanera del Gobernador al considerar el Secretario de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, que en Sinaloa se ha estabilizado la curva de desapariciones forzadas de personas con 885 casos documentados en 2020, en 2021 fueron registrados 957 y hasta el 27 de noviembre de 2022 existen 829 denuncias. Pero aún con ese posible aplanamiento de la estadística Rubén Rocha Moya instruyó a que le pongan atención especial a lo que falta por hacer.
Las desapariciones forzadas continúan demandando políticas públicas de alto nivel porque los casos delatan simulaciones y apatías heredadas en décadas de mandatarios estatales que por la indiferencia ante el problema alentaron este modo criminal sustentado en la impunidad que el Estado da. Y es a Rocha Moya al quien le toca constituir las respuestas, mostrar disposición y hallar la solución exigiéndole al aparato de seguridad pública, a fiscalías y entidades federales y estatales coordinadas que ya le quiten a Sinaloa este grillete negro que echa a perder logros en combate a la violencia.
En tanto, la sociedad civil debe proseguir como el brazo inalterable que sostenga a las madres rastreadoras en esta lucha. Quien no haya sufrido en carne propia la tragedia de que le separen a un hijo del núcleo familiar carece de la más mínima idea del sufrimiento de ellas y cae en máxima irracionalidad si además intenta dañar este movimiento genuino, con ataques elucubrados en la demencial gruta de los desalmados.
Siguen buscando sus huellas,
Preguntando dónde están.
Vayamos todos con ellas,
Cuidándolas a donde van.
Honor a quien honor merece, Mirna Nereyda Medina Quiñónez recibirá el Premio Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, precisamente en reconocimiento a la digna y valiente jornada que desarrolla en el Colectivo Rastreadoras de El Fuerte fundado en 2014 luego de que el 14 de julio de ese año un grupo de civiles armados le arrebató a su hijo Roberto Corrales Medina. Hoy la organización reúne a más de 800 familias del norte de Sinaloa. Buena decisión de la CEDH en momentos que estas mujeres necesitan todo tipo de alicientes para proseguir procurando la justicia que las autoridades no les otorgan.
