Escuinapa busca a sus desaparecidos. El triángulo Sinaloa-Durango-Nayarit

OBSERVATORIO
    ¿Dónde están la Guardia Nacional, Policía Estatal y corporaciones municipales preventivas? ¿Quién se llevó los derechos a la justicia, la verdad y la tranquilidad de las víctimas y sus familias? ¿Qué más tragedias hacen falta para que la Comisión Estatal de Búsqueda comience a rendir buenos resultados? ¿Cuándo será letra viva la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas? No hay respuestas porque igual están en calidad de ausentes aquellos que debieran darlas.

    Escuinapa vive la dolorosa acometida de desapariciones forzadas debido a la desventajosa posición geográfica que la convierte en parte de otro triángulo de la alta delincuencia que integran los extremos sur de Sinaloa y Durango y el norte de Nayarit, por donde pretenden entrar organizaciones foráneas del narcotráfico y el cártel local pelea para cerrarles el paso. El resto ya se sabe: los sicarios de estas corporaciones ilícitas optaron por privar de la libertad y desvanecer a las víctimas que antes dejaban regadas en los territorios disputados.

    Esa rara ecuación de mucho criminal suelto, que se mueve con sus arsenales bélicos por calles carreteras y caminos, y fuerza pública insuficiente que sospechosamente nunca está presente en los lugares en que ocurren las desapariciones forzadas, contribuye con el certificado de impunidad dado a los maleantes, mientras las familias se quedan solas, sin leyes ni instituciones que las amparen, buscando a los hijos que les quitaron y aferrándose al último reducto de la esperanza del “vivos o muertos, pero regrésenlos”.

    Tal anomalía de la seguridad pública federal y estatal lleva ya bastante tiempo, aunque en los cinco años recientes creció en incidencia y saña. Por la intimidante dimensión del fenómeno lo normal sería que el Gobierno estatal y federal, con la participación de los alcaldes, contara con un programa emergente de reacción avanzada haciendo uso de tecnología e inteligencia policial para contener la escalada de desapariciones forzadas.

    ¿Dónde están la Guardia Nacional, Policía Estatal y corporaciones municipales preventivas? ¿Quién se llevó los derechos a la justicia, la verdad y la tranquilidad de las víctimas y sus familias? ¿Qué más tragedias hacen falta para que la Comisión Estatal de Búsqueda comience a rendir buenos resultados? ¿Cuándo será letra viva la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas? No hay respuestas porque igual están en calidad de ausentes aquellos que debieran darlas.

    Ahora la arremetida de este tipo de delitos golpea a Escuinapa donde, por si acaso alguien no se ha enterado todavía, la sociedad se debate en el dolor y la pérdida de esperanza por el registro de cinco hechos de desapariciones forzadas en 2022, dos de las cuales acaban de ocurrir con los casos de Arturo Jiménez Palomares, cuyo paradero se desconoce desde el 21 de agosto, y el ex dirigente ganadero, Isidro Amílcar García Domínguez, de quien nada sabe su familia desde el 19 del mismo mes.

    La cuestión es que las desapariciones forzadas afectan a ciudadanos que llevan una vida al margen de las actividades delictivas y que los códigos de honor de las mafias del narco se han quemado en el mismo fuego de la barbarie cotidiana que todo lo incendia. La persistencia del Cártel Jalisco Nueva Generación por entrar a Sinaloa, ya sea por la sierra o la costa sureña, mete en la guerra a regiones antes pacíficas. A lo más que había llegado el narco en Escuinapa es a aterrizar sus avionetas en la pista del Rancho Las Cabras, pero iba a sus asuntos y se retiraba en paz.

    Actualmente los enfrentamientos entre el Ejército y narcogatilleros en la sierra limítrofe con Durango son cosa de todos los días, sobre todo en la zona de Concordia, así como la permanencia de convoyes de civiles armados de uno y otro bando por las carreteras de Villa Unión a Acaponeta que resguardan la frontera sur sinaloense. Allí existe demasiada tensión y cuando los grupos rivales sospechan de algo o de alguien proceden a eliminar sin antes investigar.

    Pero volvemos al mismo punto. Las autoridades federales, estatales y municipales están al tanto del sobrecalentamiento de ese polígono en el que se conflictúan los cárteles, localizado donde hacen contacto terrestre Sinaloa, Durango y Nayarit. ¿Qué están esperando para un plan de protección a los ciudadanos de bien? ¿Creen que enseguida solucionarán la violencia declarando a ese otro polo bárbaro como “triángulo de la bondad”?

    Los escuinapenses no soportan más y el sábado salieron a la calle a honrar la estirpe de pueblo que sale unido a enfrentar las adversidades. Indignados, tristes, exigentes, hermanados y valientes les lanzaron a los gobernantes la pregunta que con la precisión del dardo pega en la conciencia pública. “¿Qué harían si los desaparecidos fueran sus hijos?”. Es la interrogante directa al alma de los políticos y de la sociedad entera para cuestionar el razonamiento colectivo que actúa solamente cuando la lumbre llega a los aparejos.

    Y es así como en todo Sinaloa somos testigos de la mutación de fes y confianzas que no hace tanto tiempo se depositaban en servidores públicos, y hoy se ponen en manos de la delincuencia. Con rezos, veladoras y romerías la población prefiere dirigir a los transgresores de la ley la petición de que respeten la vida de los inocentes, que no mate a los pacíficos que ni la deben ni la temen, como si ya no valiera mantener hasta el último momento la ilusión de que el Estado sea el que los resguarde.

    Reverso

    Con la fuerza del río crecido,

    Debes resistir, mi Escuinapa,

    Para que regrese a tu mapa,

    Cada hijo desaparecido.

    Quizás, quizás, quizás...

    Tal vez Lilián Rosario Rodríguez Barraza, despedida de lo terrenal el viernes luego de vivir en La Cruz el calvario de tres años de búsqueda de su hijo Fernando Ramírez y ser asesinada debido a tal tenacidad maternal, ya lo encontró en el cielo o si no quizás alentará desde donde esté para que el movimiento de las madres rastreadoras de Elota continúe con las garantías debidas hasta que sepan dónde están sus retoños. Podría ser también que el sacrificio de ella destrabe los protocolos y voluntades políticas para que cualquier familia que busque a sus desaparecidos realice las pesquisas sin perder la vida en ese arrojo.