Los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos son las víctimas del caso Ayotzinapa; no lo son ni el Presidente de la República ni el Ejército. Aunque la afirmación anterior pareciera una obviedad, es necesario recordarlo y precisarlo a la luz de las afirmaciones de Andrés Manuel López Obrador en su Primer Reporte del Presidente de México sobre los jóvenes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, publicado en La Jornada en su edición del 20 de julio y posteriormente en el sitio web del Gobierno de México el 25 de julio, ambos del presente año.
En el reporte referido, redactado en formato de carta dirigida a los padres y madres de Ayotzinapa, el Presidente despliega y desmenuza los elementos centrales de su argumento de defensa del Ejército, con lo cual lo excluye de cualquier responsabilidad en el caso. De acuerdo con el Presidente, el señalamiento hacia el Ejército es ideológico y devendría de un contubernio internacional orquestado con el fin de dañar la imagen del Presidente, del Ejército y para socavar la soberanía de México. Los actores principales de este contubernio serían la DEA, la OEA y la CIDH, coludidos con actores nacionales como las organizaciones de derechos humanos y periodistas afines al llamado grupo conservador.
Para sustentar su hipótesis, el Presidente utiliza esencialmente elementos retóricos y de articulación de diversos hechos inconexos, en principio, con el caso, como la participación de la DEA en actividades de escuchas telefónicas dirigidas a grupos criminales de Guerrero como “Guerreros Unidos” (sometidas a control judicial en EU); la participación de Emilio Álvarez Icaza como secretario ejecutivo de la CIDH cuando ocurrió la detención-desaparición de los 43 estudiantes, y las investigaciones periodísticas de Anabel Hernández.
Conforme al Presidente, incluso el GIEI formaría parte de este contubernio, así como los padres y madres de los 43 estudiantes al dejarse manipular e influenciar por todos estos actores, situación que sería la principal motivación de las familias para exigir la rendición de cuentas del Ejército.
La caracterización de los padres y madres del caso Ayotzinapa como personas que actúan por pura manipulación borra de un plumazo 10 años de lucha y resistencia, y niega el cúmulo de evidencia que, gracias a esta lucha, ha sido posible recabar sobre las omisiones del Ejército.
El señalamiento al Ejército se sustenta en evidencia que ahora forma parte de la investigación, proveniente de documentos emitidos por la propia Secretaría de la Defensa Nacional, y que acreditan que el Ejército incurrió en omisiones antes, durante y después de la detención-desaparición, las cuales acarrean responsabilidades en el caso y, lo más importante, constituyen una base razonable para afirmar que la Sedena cuenta aún con más información sobre el caso.
El pasado 29 de julio, padres y madres expusieron al Presidente su postura y las razones de su desacuerdo con el informe presidencial sobre el caso. El Mandatario no fue receptivo a estas razones; López Obrador se ha atrincherado en su teoría de conspiración.
Sin embargo, esta teoría no sólo es narrativa, tiene expresiones concretas con relación al caso. A la par de que el Presidente despliega esta defensa comunicacional del Ejército, la Sedena se ha enfocado en socavar los avances que se habían logrado al principio de esta administración en términos de verdad y justicia, a través de una defensa denodada de los elementos castrenses sometidos a juicio por el caso, y a través del hostigamiento mediático y judicial de los funcionarios que, en su momento, intentaron impulsar una investigación independiente e imparcial respecto de la actuación del Ejército.
Un par de horas después, el mismo 29 de julio, padres y madres de Ayotzinapa se reunieron con la virtual Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. La reunión fue positiva, hubo un compromiso de la futura Mandataria de seguir atendiendo de manera prioritaria el caso; en Claudia se encontró la receptividad y apertura al diálogo que no hubo en Palacio Nacional. Sin embargo, es todavía prematuro adelantar una perspectiva de futuro concreta. El tono realista predominó en la reunión, un evidente contraste ante la euforia y sensación de esperanza de 2018.
–
El autor es Humberto Francisco Guerrero Rosales, coordinador de Derechos Humanos de @FundarMexico.
