El caso Ayotzinapa camina a un triste cierre sexenal y las familias de los estudiantes desaparecidos vislumbran ya una nueva etapa en su lucha. Los eventos de los últimos días así lo confirman.
Primero, el Presidente de la República elaboró un reporte sobre el caso que, en formato de carta, anunció que les sería notificado a cada una de las familias. El proceso de entrega fue accidentado y poco cuidadoso, lo que generó que varios de los núcleos familiares ignoraran su contenido hasta que este fue publicado, prácticamente de forma íntegra, por el periódico La Jornada el sábado 20 de julio.
El texto presidencial escapa a la adjetivación y, más bien, sólo provoca infinita tristeza y decepción, pues es una pieza retórica de defensa a ultranza del Ejército, que poco contribuye al esclarecimiento del caso. Peor aún, en su afán de limpiar la imagen de los castrenses en el caso, el reporte desplaza a los familiares del lugar central que les corresponde como víctimas del caso para postular que en realidad la víctima es la institución militar, que se enfrentaría, en su perspectiva, a una suerte de conjura internacional urdida desde los Estados Unidos para debilitarlo y facilitar la injerencia internacional en México, conspiración de la que harían parte organismos internacionales, periodistas, la DEA, políticos e incluso los organismos civiles de defensa de derechos humanos. Entre estos últimos, destacan los injustos ataques contra el Centro Prodh, con señalamientos infundados y personalizados en contra de Mario Patrón, ex director del Centro de intachable trayectoria. Una deriva discursiva tan lamentable como infundada y penosa.
Obviamente, este reporte generó -por la forma de su entrega y por el fondo de su contenido- malestar e indignación en los familiares de los desaparecidos. Una primera respuesta, en un texto duro propio de la lucha social, fue difundida en redes. En este, se recordaba al Presidente de la República que las víctimas del caso eran los estudiantes y sus hijos, no el Ejército.
Posteriormente, a partir de la marcha realizada el 26 de julio para conmemorar los nueve años y 10 meses de la triste noche de Iguala, los familiares complementaron esta respuesta inicial con un texto más largo que identifica las principales falencias del reporte presidencial, incluyendo la identificación de los puntos en que el Ejército sigue mintiendo, y que también alerta sobre los enormes retrocesos de la investigación que hoy pretende regresar al Basurero de Cocula, postulando que ese fue el paradero final de 25 de los estudiantes, retomando la llamada “verdad histórica” y pese a que no hay prueba científica que soporte esta conclusión.
Fue precisamente este texto el que entregaron formalmente las familias al Presidente de la República, en la reunión que sostuvieron con su Gabinete el pasado lunes 29 de julio. Un encuentro que fue ríspido por la falta de avances sustantivos, sumado al agravio causado por el reporte, por la insistencia del Gobierno federal en su posición y por el propio desgaste de una lucha de casi una década. Y si bien es claro que esta postura no cambiará en los menos de 60 días que quedan de la administración, el primer Mandatario anunció ya que buscará realizar todavía más reuniones con los familiares e incluso un reporte final, que a la luz de lo ya publicado puede predecirse que poco aportará al esclarecimiento.
Por eso, para las familias era relevante abrir cuanto antes la interlocución con el próximo gobierno. En ello no les mueve ingenuidad alguna, sino el amor a sus hijos, y es que para los padres y las madres de las personas desaparecidas siempre será ineludible interpelar al Estado, gobierne quien gobierne, hasta que el paradero final sea claramente esclarecido. Por ello, las familias sostuvieron un encuentro inicial con la virtual Presidenta electa. Como las propias familias lo informaron, esta reunión arrojó un balance positivo al haber una posición inicial de empatía y escucha, actitudes estas hacia las víctimas a menudo ausentes en quienes gobiernan, incluso en los niveles más locales.
Finalmente, en este intenso contexto del caso, otro elemento a destacar de estos días es que finalmente, tras mucho insistir y pese a la oposición de los representantes de los familiares de las víctimas, los abogados militares de la Sedena lograron orillar a que una jueza federal citara a comparecer al ex Subsecretario de Derechos Humanos como testigo en el caso, dentro de una de las causas, pese a que obviamente no es testigo de la desaparición de los normalistas. Lo anterior como parte de un claro intento militar de socavar la investigación amedrentando a quienes la impulsaron, como el propio ex Subsecretario, el ex Fiscal del caso e incluso las personas expertas del GIEI. Una expresión inaudita de empoderamiento castrense que no ocurriría sin la anuencia del alto mando y que por ello debe ser denunciada.
Así las cosas. El caso Ayotzinapa se encamina a concluir otro sexenio sin verdad y sin justicia plena. Pese a ello, los familiares siguen dando una enorme lección de dignidad y unidad al sostener su exigencia, del mismo modo que lo hacen tantos y tantas padres, madres, abuelas, abuelos, hijos, hijas, hermanas, hermanos y cónyuges que integran los cientos de colectivos de familiares de desaparecidos que se han multiplicado en el país en los últimos tres lustros. México sigue en deuda con ellos y ellas. Ojalá, por el bien de la nación, que en el sexenio por venir haya empatía, escucha, justicia y políticas públicas serias para que, el caso Ayotzinapa y todos los casos de personas desaparecidas que siguen pendientes, sean atendidos.
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