Prisión preventiva: culpable hasta que se demuestre lo contrario

jorge.ibarram@uas.edu.mx

“Me tiemblan las piernas. Soy un costal de sudores y convulsiones inconscientes. Pero parece que la libré. ¿O no? Sí, porque respiro. Siento el aire que pasa fatigadamente hacia mis pulmones. Percibo risas, murmullos, ecos que amenazan, que advierten el dolor que sentiré para que lo sufra con más fuerza. Estoy postrado sobre una mesa de madera en ese cuarto húmedo, apestoso a sudores, orines y comida podrida. Un pie empuja mi brazo derecho una, dos, tres veces”.*

En el año 2008, en plena guerra contra el narco desatada por el entonces Presidente Felipe Calderón, el joven Rafael Méndez Valenzuela es detenido en una carretera por un convoy de militares y agentes federales para una revisión de rutina. Durante el cateo le siembran armas, y luego lo torturan para obligarlo a firmar una declaración donde lo hacen reconocer formar parte del grupo criminal La familia.

“La puerta se abre. Los pasos que se aproximan son de dos hombres que emanan un olor a café, nicotina y perfume mentolado. -A ver, a ver, ¿con quién te relacionan? A ver, aquí dice... mmmh... sí... Uno, el que lleva la voz cantante, toca mi hombro lastimado y lanza la primera pregunta. -A ver, muchacho, ¿quién es el fulano que te pagaba? Ese mentado comandante Perro. -No conozco a ningún Perro, señor. Le voy a decir cómo sucedieron las cosas y sé que usted va a creerme... Manotazo en la cabeza. -¿No me entendiste bien? ¡Te hice una pregunta y las preguntas se contestan! ¿O me equivoco? -No. -¡¿No qué, cabrón?!”

En el informe: Fuera de control, tortura y otros malos tratos en México, presentado en 2014, la organización Amnistía Internacional expuso que, tras la incorporación del Ejército y la Marina en el combate al crimen organizado, se incrementó la tolerancia de las autoridades ante el uso de la tortura. De 219 denuncias presentadas ante la CNDH en el 2013, la cifra aumentó dramáticamente a 2 mil 114 en 2012. Desde entonces la práctica se ha vuelto generalizada.

“-¿No que ya venía preparado? -interrumpe y ordena a su acompañante-: A ver, enrédale la cobija a este señorito para que no se le marquen los chingadazos. A puño cerrado, los dos hombres lanzan golpes sobre mi torso envuelto en la abultada pero blanda colcha. -¿Qué pasó... mi putito?... ¿Ya te... acordaste... de esos cabrones? -dice el jefe entre resuellos. -¿A poco sí muy salsita? ¿Tanto que te atreves a ignorarnos? ¡Ahorita vas a ver si no hablas, maricón!”.

En 2016, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) reveló que durante el periodo de 2006 a 2016, a nivel nacional, el 79 por ciento de las personas privadas de la libertad fueron torturadas o maltratadas durante su detención, traslado o estancia en el Ministerio Público. Las personas torturadas o maltratadas reportaron haber sido sometidas a diversos tipos de agresión como amenazas con levantarles cargos falsos, amenazas con hacerle daño a sus familias, desvestirlos, vendarles los ojos, hacerles daño a su familia, impedirles respirar, recibir patadas o puñetazos, golpes con objetos, quemaduras, descargas eléctricas, aplastamiento de alguna parte de su cuerpo, lesiones con arma blanca, lesiones por arma de fuego o haber sido obligadas a tener actividad sexual no deseada.

“Se alejan. Murmuran. Uno se acerca a hurtadillas atrás de mí y cubre mi cabeza con una bolsa plástica. Los oídos me zumban como abejas en una colmena. De nuevo los espasmos en mi cuerpo. -¿Ya se te quitó lo mudo? ¡¿O quieres unos bolsazos más hasta que te matemos, maricón?! No hay salida. Lo único que me queda es seguirles la corriente. Los percibo tan ansiosos que capaz y éstos sí me matan de un mal golpe. No alcanzo a responder, porque aplastan de nuevo el hule en mi rostro”.

En 2016 se puso en marcha en México un nuevo sistema de justicia penal. Se dejó atrás el modelo inquisitorio para instalar uno acorde a los derechos humanos y la presunción de inocencia. Sin embargo, a seis años de su implementación, la impunidad rebasa el 94 por ciento, las fiscalías no se dan abasto (145 carpetas al año por Fiscal), no se cuenta con el personal técnico suficiente (9 peritos por cada 100 mil habitantes), los defensores públicos están saturados (163 casos por defensor) y rara vez se implementan los mecanismos alternativos. En el día a día se siguen observando muchas prácticas del régimen anterior.

“Me pierdo no sé cuánto tiempo. Cuando reacciono estoy sin esposas, recostado en un escritorio. -Ya te alivianaste... Qué bueno... Tú dices que no sabes nada, pero tus aprehensores dicen otra versión. ¿A quién le creo? ¿Al delincuente o al policía? -Ya les dije a los militares que les iba a firmar los papeles que me dieran y que... -¡Aaah! ¡Pues por ahí hubieras empezado, muchacho! ¿Ya ves?, te hubieras ahorrado la chinga y nosotros la fatiga”.

Tras más de una década en prisión, Rafael es liberado el 11 de diciembre de 2020, gracias a los esfuerzos de su familia, que con insistentes presiones lograron que su expediente fuera revisado. Desafortunadamente es un caso aislado. En México más de la mitad de las personas encarceladas ni siquiera tienen sentencia.

En 2019, el Congreso de la Unión, con mayoría de legisladores de Morena, aprobó una reforma constitucional para aumentar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Y desde entonces se ha incrementado el número de reos sin condena a los que no se les respeta el derecho a un debido proceso. Actualmente el 41 por ciento de los reclusos se encuentran en prisión por esta modalidad, enviados a la cárcel sin investigar.

En materia de seguridad y justicia este gobierno no ha sido de ruptura, sino de continuidad. Aquí no hay transformación. Con la Guardia Nacional en control del Ejército, la militarización del País sigue su marcha. Mientras, López Obrador mantiene la presión sobre el máximo tribunal para que se mantenga la figura de la prisión preventiva.

Según sus declaraciones, de no existir este mecanismo, se estaría liberando a los que tienen dinero e influencias. El Presidente se equivoca, no toma en cuenta que 8 de cada 10 personas en prisión preventiva gana menos de 7 mil 500 pesos al mes (ENPOL, 2021). Como bien se sabe, los ricos no pisan la cárcel en este país.

Hoy jueves la Suprema Corte votará sobre la inconvencionalidad del Artículo 19. Ya desde el lunes algunos ministros dieron justificación a su postura, por los que todo parece indicar que no pasará el proyecto del Ministro Luis Aguilar. A la sombra del Presidente, los jueces evitarán fungir como contrapeso y les temblará la voz para afirmar lo evidente: que la prisión preventiva oficiosa es irreconciliable con los derechos humanos.

*Fragmentos de esta columna fueron tomados del libro: Prisionero del sistema, escrito por Rafael Méndez, a quien damos crédito por la narrativa.