Por ‘porrismo’ uaseño Rocha no informa
Cuentas claras y manifestantes indiciados
Rubén Rocha Moya acudiría hoy al Congreso del Estado a rendir cuentas sobre el segundo año como Gobernador de Sinaloa, en un contexto de alta politización por estar en marcha el proceso para elegir Presidente de la República, 128 senadores, 500 integrantes de la Cámara de Diputados y alrededor de 19 mil cargos en estados y municipios. Pero anoche se suspendió la comparecencia después de que manifestantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, inconformes por tres vinculaciones a procesos judiciales contra el ex Rector Jesús Madueña y 10 ex funcionarios de la casa de estudios, bloquearon los accesos a la sede legislativa.
Iba a ser la segunda ocasión que Rocha Moya acudiría a presentar su informe en similar atmósfera de dificultad que se espera este día, pero esta vez con mayor tensión, pues en la primera comparecencia lo hizo teniendo ya al Partido Sinaloense como principal detractor, lo cual derivó del hecho de que el fundador del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, fue expulsado del cargo de Secretario de Salud el 11 de mayo de 2022. Sin embargo, la diferencia entre aquella fecha y la cancelación de hoy son los juicios contra ex directivos claves de la UAS acusados de presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad.
Desde entonces la ruptura de la alianza entre Movimiento Regeneración Nacional, el partido del Gobernador, y el PAS, el ariete político de Cuén, reconfiguró la estructura del Ejecutivo estatal al caer la expectativa del cogobierno que el ex Rector de la UAS había alentado. Tal discordia ha escrito muchos capítulos de confrontación aunque el episodio final no es el de este día puesto que todavía tardará algún tiempo en conocerse. Rocha está consciente del costo político que pagará y el también ex Secretario de Salud sabe que está en riesgo su proyecto de universidad-partido.
Es decir, la línea ancha que los distancia para evitar cualquier choque de posturas que amenazaba con suceder este miércoles se acortó la tarde de ayer para convertirse en la línea delgada del peligro para el Mandatario, los diputados, los invitados y los trabajadores del Congreso. Lo que se frustró es el mandato de la Carta Magna para que el Gobernador acuda al Poder Legislativo a exponer el estado de cosas que guarda Sinaloa, y que los manifestantes al igual que los liderazgos que los azuzan dieran garantías de la libertad de expresión para ellos y el bando gubernamental.
Las actuaciones de ambas partes estaban claramente definidas: El Mandatario sinaloense se apegaría a un formato consensuado en la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, que le da derecho a una exposición general, y enseguida los asambleístas podrían cuestionarlo respecto a los apartados de gobierno que creyeran necesario expandir sin impedimento para que lo hicieran y sí sujetos a la reacción libre de minorías y mayorías parlamentarias.
Los manifestantes, por su parte, iban a poder decir lo que creían conveniente exponer a grito abierto, con los amplificadores de sonido que desplieguen, sin que en esos momentos operaran con eficiencia los tamices de la razón y la calumnia. En previsión de las derivaciones del cerco que tendían ayer alrededor de la Cámara los manifestantes uaseños, cabe valorar que es mejor posponer el evento del informe pues son mil veces preferibles las secuelas políticas que las consecuencias de actitudes que permiten detectar de qué lado van las intolerancias. Si todo iba así, lo mejor era aplazar.
Las alertas estaban definidas en la intromisión de los partidos políticos, o de elementos porriles, que embozados en la movilización pacífica trataran de enturbiar el ambiente con fines de sacar tajada electoral de un evento que sólo tiene el propósito de decirle a la gente en qué se ha invertido el dinero que aporta vía impuestos. La transparencia debiera ser obligación ineludible de los entes que manejan recursos públicos, así como la ley aplicada a quienes afecten los erarios tendría que normalizarse como derivado de la vigilancia ciudadana a las autoridades.
Otro foco rojo resultaría que los directivos de la UAS interpretaran como acción de empoderamiento el hecho de que el jueves 23 de noviembre estuvieron en Culiacán los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno, y del PAN, Marko Cortés, para formalizar la alianza electoral en Sinaloa con el PAS, asumir la defensa política de Cuén Ojeda y llevar ante organismos internacionales, eso dijeron, la situación jurídica de la UAS. Con tal declaración de intenciones hubo que vigilarles las actitudes y planes que asumirían hoy respecto a la manifestación en el Congreso creyendo que la tierra de los once ríos es solar fértil para sembrar la semilla de la anarquía y enseguida cosechar campechanamente los votos.
No es tan fácil. Por más que parezca que los ciudadanos están dormidos y han dejado a la deriva la trinchera cívica sinaloense, los partidos que patrocinan a la UAS en el conflicto con la Fiscalía General y Poder Judicial del Estado podrían llevarse la sorpresa de la participación social blindando lo que es fundamental para la comunidad. Anoche se determinó por los diputados Feliciano Castro, presidente de la Junta de Coordinación Política, y Ricardo Madrid, que preside la Mesa Directiva, que la gobernabilidad es condición inalterable en Sinaloa y que la Universidad representa la reserva moral y salvoconducto de miles de jóvenes y familias hacia un mejor futuro. La gente saldrá en el momento preciso a blindar a ambas.
Es mejor hacer lo que el Gobierno del Estado deba implementar para evitar que la confrontación adquiera sesgos violentos. La apuesta ciudadana consiste en que cada actor o factor haga lo que la norma jurídica les obliga y garantiza. Que el Gobernador informe y que los opositores se manifiesten los dos pensando en qué es mejor para Sinaloa; ambos entendiendo los márgenes de operación que la civilidad les delimita. Pero los que defienden a universitarios indiciados no lo entendieron así.
Que la Universidad este día,
No les permita a los partidos,
Que la utilicen con villanía,
Para los fines ya conocidos.
Y la 64 Legislatura iba a recibir al Gobernador Rocha Moya sin bancada del Partido Revolucionario Institucional, misma que se desintegró en protesta porque el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, canceló toda forma de disidencia interna, de confrontación de ideas, siendo la gota que derramó el vaso su reciente cobijo al Partido Sinaloense al hacerlo parte de la Coalición Fuerza y Corazón por México. Eso no lo soportó el Diputado Sergio Mario Arredondo, quien se había mantenido como parte de la fracción priista... hasta que le colmaron la paciencia.
