Uaseños con un pie en los juzgados
Y si la ley aprieta, ¿la negociación?
A Héctor Melesio Cuén Ojeda lo siguen llevando sus consejeros y “jilgueros” a un abismo sin fondo a la vista, instándolo a que vaya hasta las últimas consecuencias frente a las denuncias que comenzó a encauzar la Unidad de Investigación Patrimonial y Económica en la Fiscalía General del Estado, la primera contra el Comité de Adquisiciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa de la cual es miembro el hijo del dirigente del Partido Sinaloense. Pero al margen de aquellos que le matizan los riesgos y lo azuzan a poner el pecho, las circunstancias colocan al también ex Rector en la encrucijada política de tomar una decisión para proteger a la familia y aliados, o bien aferrarse a mantener el coto de poder que le significa la UAS.
De origen, fue una mala idea aquella de designar a Héctor Melesio Cuén Díaz como director de Control de Bienes e Inventarios de la UAS cuando en junio de 2021 el ahora Rector Jesús Madueña Molina integró su equipo de trabajo para el período que concluye en 2025, ya que ese nombramiento ponía al hijo en la mira de cualquier instancia de fiscalización, transparencia o de inteligencia financiera. Se trataba, ni más ni menos, de la dependencia que Cuén padre usó como plataforma para ascender al mando universitario en 2005.
Quien hace de la política la razón de existir está emplazado en los nuevos tiempos a fijarse límites con respecto a los rangos de implicación familiar permisibles. Los “cachorros”, sobre todo, no deben traspasar el círculo parental para invadir el ámbito del poder detentado por el jefe del núcleo hogareño, porque se complican la vida unos a otros. Tanto erra aquel que ejerce la función pública e involucra el lazo consanguíneo, como la parentela a la que cual le corresponde la obligación de proteger al líder de la estirpe, sin injerencias incómodas.
El tal estado de cosas importa ponerle atención al hecho de que ya casi de noche, el martes la UIPE dio vista a la FGE de “conductas activas que presumen la comisión de un delito” solicitando al Ministerio Público “su intervención legal procedente sobre la conducta realizada por el doctor Jesús Madueña Molina en su carácter de Rector y representante legal de la Universidad”, abarcando en la indagatoria a Salvador Pérez Martínez, Héctor Melesio Cuén Díaz, Soila Maribel Gaxiola Camacho, Jorge Pérez Rubio, Óscar Orlando Guadrón, Robespierre Lizárraga Otero y Manuel de Jesús Lara Salazar, en su carácter de integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública de la UAS.
Realmente se trata del primer procedimiento de índole ministerial que de constituir la correspondiente carpeta de investigación será llevado a las instancias judiciales, haciendo previsible que no es el único ni el último acto acusatorio que se enderece contra la estructura directiva oficial o fáctica de la casa de estudios. Aparte se acumulan al menos otras seis denuncias de trabajadores y estudiantes que se dicen afectados en sus intereses e integridad física por agresores universitarios.
La gente que Cuén escucha todavía cree que se trata de una tormenta jurídica en la cual tarde o temprano sobrevendrá la calma y le sugiere resistir hasta ese punto donde amaine el vendaval, alternativa que llevó al líder del PAS a contratar al habilidoso despacho de abogados que defendió a la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Rosario Robles Berlanga, de la implicación que se le hizo en el tan publicitado escándalo bautizado como Estafa Maestra. La maniobrabilidad legal fue reforzada y el resultado está por verse.
Pero aquello que en la praxis del poder podría funcionar mejor a estas alturas, que es la estrategia política, presenta signos incipientes de guardarse para potenciarla de último momento. Cuén Ojeda se aferra a la tabla de flotación que le significa el proyecto sucesorio de Adán Augusto López Hernández, consistente en ser el candidato del Movimiento Regeneración Nacional y de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial de 2024 aun estando el Secretario de Gobernación abajo en las encuestas de intención del voto para medir a las “corcholatas” de AMLO.
Cuén Ojeda sabe que igualmente está abierta la puerta al diálogo con el Gobernador, quien una y otra vez se ha ofrecido como mediador en la búsqueda de una solución que sea benéfica para la UAS y de rebote favorezca también a las personas judicializadas. Rocha Moya tiene hijos y sabe, porque nadie está exento de sufrirlo en carne propia, que cuando a éstos los alcanzan expedientes jurídicos vale la pena intentar todas las posibilidades intermedias para mantenerlos a salvo.
¿Y qué se pondría sobre la eventual mesa de negociación? En una esquina la posibilidad de llegar a las máximas consecuencias legales de las denuncias penales ya presentadas y las que se acumulen, y en el otro extremo la oportunidad para que Cuén conserve su partido, el PAS, y el patrimonio que defiende como legítimo, pero suelte el control que ejerce sobre la UAS para que sea implementada la transformación de la máxima casa de estudios conforme a la recién aprobada Ley de Educación Superior de Sinaloa y la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad que prepara el Congreso del Estado.
No nos asustemos; eso es lo que hay. Entre la espada y la pared invariablemente quedan pequeños o grandes intersticios para zafarse de la estocada.
La UAS y Sinaloa merecen,
Abrirle cauces a la conciliación,
Colocando sobre la Constitución,
Esas manos que la cuna mecen.
Ni el show de Enrique y sus muñecos “Chenchito” y “Yeyo” divirtieron tanto a las audiencias como el sainete vulgar que escenificaron en vivo y a todo color en las redes sociales los diputados Gene René Bojórquez, del PAS, y Pedro Villegas Lobo, de Morena, antes hermanados en el Grupo Parlamentario de la 4T. La representación popular de ambos hubiera sido mayormente prestigiada por los dos personajes del ventrílocuo sinaloense que hicieron de la descompostura el mejor estilo de exhibir a los socialmente indeseables.
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