Justo en el momento en el que toda la atención debiera estar en hacer frente al terremoto educativo generado por la pandemia, el proceso de elaboración de nuevos planes y programas de estudio se ha tomado la agenda de la discusión educativa. En esta columna, analizaremos las implicaciones de avanzar en la ruta de transformaciones liderada por Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, en función de un proceso de cambio amplio, no limitado a una mera reforma curricular. Y en donde veremos que lo que está en juego es el poder de definir cuál es la función social que tiene la escuela en este país.
Lo primero es señalar que el cambio de planes y programas de estudios tiene como su núcleo, la idea de cambiar tanto el beneficiario como el propósito de la educación. Así, se plantea dejar atrás la idea de que la educación debe servir como avenida para la movilidad social a estudiantes que se desarrollan individualmente en los ámbitos académicos, físicos y socioemocionales. Y se propone, en cambio, que el beneficiario de la educación sean las “comunidades” y que su propósito sea el de desmontar un andamiaje de opresiones estructurales e históricas, que impiden a dichas comunidades ser libres.
Entender un cambio paradigmático de este tipo en toda su profundidad, requiere que seamos capaces de analizarlo como un asunto de poder. De su ejercicio y de su multiplicación. De esa cosa amorfa, según Max Weber, que el gobierno de la Cuarta Transformación sabe que tiene. Y que, en el campo educativo, le ha permitido llevar a cabo una sistemática desarticulación del entramado de políticas públicas construido durante sexenios anteriores, sin perder en lo más mínimo la legitimidad social con la que cuenta.
En este sentido, el cambio en planes y programas es un episodio más en una historia en la que el Gobierno federal hace uso de todo su poder. Igual como ha ocurrido en el reemplazo de políticas públicas complejas por programas de transferencias directas de recursos a la población, la idea de reemplazar al individuo/estudiante por el pueblo/comunidad como beneficiario final del sistema educativo busca consolidar una estructura de gobierno cerrada por completo en la relación directa entre el poder del Ejecutivo federal y la sociedad.
Con ello, el proyecto político de la Cuarta Transformación avanza paulatinamente en la eliminación de los intermediarios -y por ende las mediaciones- en su acción pública. Cuestión que se justifica bajo el argumento falaz de luchar contra la corrupción, pero que no hace más que construir una forma audaz pero peligrosa de usar el poder que como gobierno se detenta. Peligrosa por cuanto simplifica la naturaleza compleja de los problemas que como sociedad se deben afrontar. Y porque transforma a las instituciones creadas para resolver dichos problemas en elementos desechables.
¿Llegará en algún momento a ser desechada la necesidad de un plan de estudios y un magisterio nacionales, para transferir directamente a las comunidades los recursos y la posibilidad de tomar decisiones respecto a qué se enseña, quién enseña y cómo se enseña?
Bajo este marco analítico, planteo que el debate no debiera centrarse en si desaparecen los grados escolares o en cómo se evaluará el aprendizaje. Lo fundamental es hoy cuestionarnos cómo todos los cambios que se van dando en la conducción del sistema educativo pueden llegar a deshacer por completo los lazos entre escuela y sociedad como los conocemos hasta ahora. Es aquí donde radica el riesgo de una propuesta que ni siquiera ha ofrecido un camino mínimo de implementación de los cambios con los que se profundiza una ruta de transformación que difícilmente se detendrá hasta no conseguir todos sus objetivos estratégicos.
Actualmente, se desconoce cuánto de lo anunciado se quedará en lo declarativo, y cuánto sólo será un recurso táctico para la precipitación de conflictos en los cuales reforzar la polarización en la que se legitima, se consolida y crece el proyecto de la Cuarta Transformación. Por lo mismo, mal haremos todos quienes nos dedicamos al estudio de lo educativo si continuamos en la tesis de que la conducción actual del sector educativo se enmarca en criterios irracionales que no merecen un análisis complejo. O de que únicamente se trata de jugadas clientelistas asociados al beneficio electoral. Hacer de las propuestas del gobierno un hombre de paja al cual responder de manera simplista no aportará en lo más mínimo a evitar que estos cambios generen consecuencias catastróficas.
