La educación en México atraviesa una peligrosa crisis y el derecho a aprender de toda una generación pende de un hilo. A nivel federal, se navega a la deriva y a ciegas, teniendo como resultado decisiones nefastas, como dejar afuera componentes de alimentación y jornada escolar ampliada de las reglas de operación del Programa La Escuela es Nuestra (PLEEN).
Y justo en momentos en los que el foco local debiera estar puesto en cómo resolver la crisis de aprendizajes que afecta a toda una generación, lo que se impone es la disputa política. Dada la coyuntura, es especialmente grave para Sinaloa que la SEPyC y las secciones sindicales no puedan resolver de forma pronta sus diferencias. Responsabilidad en ambas partes de un conflicto que también es un golpe bajo que afecta la educación de quienes menos culpa tienen.
Pareciera que nadie recuerda ya que el 20 de marzo se cumplirán dos años desde que todas las escuelas cerraron producto de la pandemia. A la fecha, muchas siguen sin abrir. Mientras durante todo este tiempo, docentes, estudiantes y familia han agotado sus esfuerzos en adaptarse a una forma incómoda e insuficiente de aprender, la clase gobernante ha insistido en perseguir otras prioridades.
Como resultado, escuelas que ya eran pobres, ahora están saqueadas, sucias y abandonadas. Estudiantes que ya estaban en desventaja, ahora se encuentran completamente desconectados de cualquier esperanza respecto a la posibilidad de construir un futuro mejor para ellos y para sus familias a través de la educación. La pandemia de salud generó otra pandemia educacional que golpea más duro a las niñas, los niños y los jóvenes que enfrentan mayores condiciones de marginación
¿Cómo se enfrenta una amenaza de estas características? Con responsabilidad y altura de miras. Dejando de lado disputas mezquinas por el control político. Y apostando decididamente por la autonomía que los estados pueden y deben saber ejercer sobre sus sistemas educativos estatales.
En una lectura optimista, quizás haya esperanza de aquello en el anuncio de “revisar” las condiciones de las escuelas locales para analizar la posible continuidad de las escuelas de tiempo completo en Sinaloa. Pero dicha autonomía tiene costos. No hay que olvidar que al año 2019 la inversión realizada para las mil 030 escuelas que participaban del programa de tiempo completo fue de casi 500 millones de pesos, lo equivalente a todo el presupuesto aprobado para el ISIFE este año.
Además, protegerse de la amenaza que hoy por hoy implica la conducción de la política educativa federal va más allá de un tema de recursos. Tiene que ver con el propósito detrás de las decisiones. El proceso de reforma de planes y programas de estudio para educación básica, por ejemplo, representa más riesgos que beneficios. Después de seguir algunos de los foros realizados la semana pasada, es evidente que se está frente a una declaratoria de aspiraciones radicales y no frente a planes racionales y estructurados capaces de generar un cambio pedagógico real en las escuelas y las aulas.
Para evitar que este tipo de cambios sea un factor de confusión e inestabilidad educativa, los estados deben dejar la actitud complaciente observada en estos foros y problematizar, criticar. Preguntarse qué podría salir mal y planificar proactivamente acciones para evitar que la situación ya nefasta causada por la pandemia solo empeore.
Pero ello solo será posible sabiendo para qué se quiere tener las riendas del sistema educativo en la mano. Si lo único que se busca es aprovechar el turno al bat para reivindicar causas añejas, se anticipa un camino amargo para el aprendizaje.
Mientras a nivel internacional, otros países se plantean esta crisis como una oportunidad para diseñar sistemas educativos más democráticos y centrados en las necesidades reales de sus estudiantes, acá la disputa educativa principal gira en torno al poder político.
Este no tiene por qué ser el camino. Se pueden usar las ciencias de la educación para dejar atrás las ocurrencias. Se puede salir del autoritarismo y la simulación de participación, para velar por espacios de discusión democrática en cada rincón del sistema educativo. Se puede poner el foco de la política educativa en el aprendizaje y bienestar de los estudiantes, que es lo realmente importante.
