El 30 de agosto pasado, familiares de personas desaparecidas -sobre todo mujeres: abuelas, madres, hijas, hermanas, cónyuges- salieron a las calles de al menos 12 estados de la República a visibilizar la crisis humanitaria que México sigue enfrentando en esta materia, exigiendo al Estado justicia, verdad, memoria, reparaciones, asistencia victimal y, sobre todo, la búsqueda de sus seres queridos a los que anhelan. En algunas entidades, donde la violencia y la inseguridad no permiten protestar en la calle, los colectivos emitieron comunicaciones y boletines.

Este Día Internacional por las Víctimas de Desaparición Forzada se conmemoró en un contexto enrarecido por la renuncia de la Comisionada Nacional de Búsqueda y el anuncio de que el Gobierno Federal realizará una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

Fue el pasado 9 de junio de 2023 cuando el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció en su conferencia de prensa matutina que su administración realizaría una revisión sobre este registro. Según dijo el primer mandatario: “Se está haciendo ahora un censo nuevo para tener plena certeza de cuántos desaparecidos hay realmente”. Esta revisión fue confirmada el 31 de julio cuando López Obrador informó que además colaborarían en esta tarea los “servidores de la Nación” de la Secretaría de Bienestar.

Así, familiares de personas desaparecidas han empezado a recibir en sus casas estas visitas, que no siempre se realizan de una manera que respete su dignidad como víctimas y que, dado que en contextos peligrosos se hacen con acompañamiento de la Guardia Nacional, les exponen a represalias de los grupos criminales que detentan el control territorial.

El registro, cabe recordar, es una herramienta prevista en la Ley General que se adoptó en 2017 en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Su existencia es relevante: censar adecuadamente los casos de desapariciones ayuda a reconocer la magnitud de la crisis e idealmente permite identificar los estados donde este flagelo es más generalizado.

El registro no es intocable. No sería extraño que las entradas presenten deficiencias, que haya duplicidad algunas de ellas y, desde luego, que exista un considerable subregistro. Para una tarea tan delicada, lo pertinente habría sido realizar esta labor con la máxima transparencia posible, permitiendo la asistencia técnica y la veeduría civil de instancias académicas, internacionales y no gubernamentales que por años han trabajo con solidez el tema.

La participación de familiares de las víctimas habría sido deseable también para que este trabajo desembocara en una versión que ayudara a la búsqueda, como en su momento propusieron varios activistas. Lamentablemente, no se optó por este esquema y hoy están a la vista las consecuencias.

El anuncio de que el registro será revisado en tiempos electorales y en lo oscuro despierta alarma justificada, y no es expresión de mala fe señalarlo. Los familiares de las personas desaparecidas ya han vivido intentos previos similares. En las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, al término de los respectivos sexenios, se ensayaron revisiones del padrón de víctimas de desaparición dirigidas a sostener que el fenómeno estaba descendiendo. Estos intentos fueron criticados y denunciados; inclusive, al inicio de la administración actual, la aceptación de que se había manipulado el registro en la anterior administración fue una señal con la que se pretendía mostrar un cambio de rumbo.

Que la actual administración termine sucumbiendo a la tentación de manipular los datos sería una tragedia. Una revisión a puerta cerrada del registro en tiempos electorales augura este desenlace; sobre todo porque las aseveraciones del propio Presidente evidencian que el gobierno, en su más alto nivel, encuentra difícil aceptar que se dirige a concluir el sexenio con más personas desaparecidas que las administraciones pasadas, realidad que no por dolorosa debería ocultarse.

Ojalá que esta manipulación no se materialice y que prive racionalidad entre las personas honestas que continúan relacionados con estas labores en la Secretaría de Gobernación; en todo caso, es justificado alzar la alarma y la salida de la comisionada debe entenderse en ese marco.

En suma, la renuncia de la Comisionada Nacional de Búsqueda, que con el determinante apoyo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación venía haciendo un trabajo relevante para poner de pie una comisión que no era más que un cascarón vacío, debe lamentarse. Asimismo, el anuncio de la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas debe generar alarma.

No deja de ser triste, también, que con tantos temas pendientes -como el Banco Nacional de Datos Forenses, aún sin implementarse, o como la continuidad de las atrocidades evidenciadas en los hechos de Lagos de Moreno o Poza Rica- la energía se invierta en una revisión así, cuando lo fundamental es encontrar a las personas desaparecidas, no sólo contarlas.

Al margen de esta coyuntura, para todas las personas que en múltiples entidades de la República se movilizaron este pasado 30 de agosto, la búsqueda de sus seres queridos continuará siendo la exigencia central, al margen de coyunturas políticas, censos y nombramientos. La ausencia que dejan tras de sí las personas desaparecidas abre un hueco demasiado doloroso como para tolerar que el tema se utilice políticamente.

Por ello, no hay que dudar que, con su dignidad a cuestas, estas madres y estos padres que son parte de la reserva moral del país, seguirán interpelando a la sociedad y al Estado hasta que contemos con una verdadera política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones, como recomendó la ONU. Hasta encontrarles a todas, hasta encontrarles a todos.