El sector energético global en 2025 se definirá, en lo esencial, por el desarrollo de los conflictos en Medio Oriente y Ucrania, por la política energética de la nueva administración en Estados Unidos, así como por el factor impredecible: ¿un invierno más crudo en Europa? ¿Un nuevo conflicto geopolítico?
Quizás por primera vez en la historia de la economía moderna, a pesar de dos guerras en lugares clave para la producción y comercio de hidrocarburos, sumado a una demanda creciente, no se espera un incremento en los precios del petróleo y del gas natural el año entrante. La consolidación de Estados Unidos como la potencia petrolera y gasera indispensable permite a Occidente contar con un suministro confiable y suficiente. No se trata de un cambio menor.
En lo que refiere a la transición energética, las tecnologías solar fotovoltaica y eólica mantendrán su auge, con estimaciones de 250 nuevos GW y China como el principal mercado. De igual relevancia en este rubro es el retorno de la energía nuclear en el mundo desarrollado, impulsado por el imperativo de la seguridad energética en un entorno global convulso.
México tiene la fortuna de estar en una región del mundo con abundancia de energía. El reto para el siguiente año recae en lo político, en la habilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum para balancear los objetivos de soberanía energética -pilar de la plataforma política de su coalición- y las restricciones presupuestales, técnicas y operativas que enfrenta el Gobierno federal.
Cinco aduanas serán claves para los prospectos del sector energético en 2025. Primero, la toma de posesión del expresidente Donald Trump el 20 de enero, con una agenda ambiciosa en términos de desarrollo de infraestructura de hidrocarburos, potencialmente cambiará el panorama de energía a nivel regional con un impulso a proyectos de gas natural.
Segundo, el Plan Nacional de Desarrollo, que deberá presentarse hacia el final de febrero, plasmará en blanco y negro la visión, objetivos y proyectos prioritarios de la administración entrante.
Tercero, la legislación secundaria de la reforma energética, que con alta probabilidad se presentará al Congreso de la Unión durante el primer trimestre del año, tendrá que definir la nueva naturaleza de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas, así como aterrizar el concepto de “prevalencia” del actor estatal sobre el resto de los participantes en el sector eléctrico. Con ello se determinará en buena medida las posibilidades de crecimiento -o no- del sector para el periodo 2025-2030.
Cuarto, la legislación secundaria de la reforma a los reguladores de competencia, cuya presentación se espera también en el primer trimestre del año, será fundamental para enviar un mensaje de certidumbre para las inversiones al aclarar cuestiones críticas como si habrá o no cuerpos colegiados en los nuevos reguladores y si, efectivamente, tendrán independencia del ámbito ministerial (de las secretarías de Economía y Energía) y de las empresas estatales (Pemex y la CFE) en sus decisiones.
Quinto, la elección de juzgadores durante el verano, aunque no relacionada directamente con el sector energético, es la aduana que tendrá probablemente el mayor impacto de mediano plazo sobre el mismo -y en términos generales sobre las posibilidades de crecimiento de la economía mexicana-. Si el proceso se percibe deseado y parcial, México perdería atractivo como destino para la industria, al mismo tiempo que estaría abriendo la puerta a querellas comerciales y de inversión.
Ante los pronósticos de un magro crecimiento económico, el acceso a energía abundante y a precios competitivos es una de las principales ventajas comparativas del país para atraer inversiones de alto valor agregado. Primero, sin embargo, habrá que sortear estas cinco aduanas.
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El autor es Oscar Ocampo (@OscarOcampo), coordinador de energía y medio ambiente.
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