La reforma constitucional en materia energética contempla dos cambios fundamentales para el sector al transformar a las empresas productivas del Estado en empresas públicas y establecer la prevalencia de la Comisión Federal de Electricidad sobre cualquier empresa privada.
Los conceptos de empresa pública y el de prevalencia son nuevos en términos de la legislación mexicana, así como suficientemente amplios para su interpretación. En otras palabras, pueden ser tan restrictivos o tan laxos como la legislación secundaria decida que sean.
En días recientes se ha comenzado a dilucidar el panorama para el sector energético durante los próximos años. La Estrategia Nacional de Electricidad -presentada el 6 de noviembre-, así como la Estrategia Nacional de Hidrocarburos -presentada el 13 de noviembre- adelantan esbozos de los planes del Gobierno federal para el sector energético.
En ambas estrategias, el objetivo de contar con empresas públicas fuertes se apoya en la participación privada para compartir riesgos y fuentes de financiamiento. El cambio en lo esencial no es en sí mismo una mayor o menor apertura a la inversión privada, lo central es la aversión a la competencia. El sector está abierto a la inversión privada en la medida que no le genere competencia a los actores del Estado: Pemex y la CFE.
Para ello, se plantea la creación de figuras como “productores mixtos” de energía eléctrica o de “proyectos mixtos” en el sector de hidrocarburos. Diseñadas correctamente, con planes financiera y operativamente viables, estas figuras pueden fungir como alternativa para captar inversiones en infraestructura crítica para la seguridad energética del país. Asociarse con Pemex o la CFE en contratos de largo plazo puede ser atractivo para inversionistas institucionales o para empresas privadas nacionales y extranjeras, dependiendo del tipo de proyecto.
El elefante en la habitación, sin embargo, está en la certidumbre jurídica. Al momento de escribir estas líneas no existe claridad sobre el futuro de la Comisión Nacional de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Aunado a ello, el País se encuentra a meses de una elección inédita de juzgadores. El éxito de los planes de energía de la administración dependerá en buena medida de su capacidad para ofrecer certidumbre de largo plazo para los inversionistas.
Por ello, la legislación deberá ser clara en los mecanismos para la inversión privada y consistente con las disciplinas de México en los tratados comerciales internacionales. Puede sonar contradictorio con los planes que se han presentado. No lo es. Algunas medidas clave para ello son mantener el mercado, un despacho que incentive los menores costos, dar un trato parejo en el acceso a las redes eléctricas, no ejercer poder de mercado en detrimento de los privados en el transporte y almacenamiento de petrolíferos, no restringir arbitrariamente las importaciones de combustibles y establecer una regulación independiente.
El nuevo diseño de la regulación deberá garantizar la independencia técnica de las decisiones. En este sentido, independientemente de la figura legal que se establezca para la regulación de los sectores económicos, es necesario mantener el espíritu colegiado de los reguladores (aunque sería posible reducir el número de comisionados), implementar separaciones entre ellos y el resto de la administración pública, mantener el personal técnico de los organismos, así como establecer un servicio de carrera específico para el regulador.
La cuestión central es el Estado de derecho. De ello depende el éxito en cuestión energética del gobierno que inicia.
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El autor es Oscar Ocampo (@OscarOcampo), coordinador de energía y medio ambiente de IMCO
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