Ofensiva criminal en Sinaloa Municipio
Del gobierno, mano dura y humanismo

Porque tienen varias lecturas de obligada comprensión para el Gobernador Rubén Rocha Moya y su Gabinete, los hechos de violencia en el Municipio de Sinaloa deletrean la urgencia de respuestas multifactoriales derivadas todas del paradigma donde en el combate al crimen organizado no hay guerras ganadas ni victorias que deban cantarse. La realidad de delincuencia cada vez más pertrechada y ciudadanos cada día más indefensos convoca a revisarlo todo, inclusive la parafernalia en materia de seguridad pública.

Frente a hechos de violencia de alto impacto solamente son posibles dos posiciones en el bando del gobierno: una tiene que ver con la fuerza pública mostrando dureza e invulnerabilidad así sea cruel el golpe asestado por el hampa, y la otra reacción es de índole política donde el Mandatario estatal y sus colaboradores deben arropar con toda la cobija del Estado a las víctimas de eventos de terror como los sucedidos en comunidades sinaloítas serranas.

En principio es un error negar los hechos o minimizarlos porque se generan bucles de falsa certidumbre en la población afectada; al contrario, resulta esencial decir la verdad y operar simultáneamente la respuesta policiaca y militar. Si el propósito de ocultar la gravedad de este tipo de sucesos tuviera que ver con evitar la cobertura de los medios de comunicación, ello contribuye a que la autenticidad fluya distorsionada y apanicada multiplicando sicosis, lo cual se da muy bien en las redes sociales.

Después de desencadenados los episodios de peligro, lo que debe ocurrir sin demoras es la solidaridad y esto lo hizo bien el Gobernador Rocha al apersonarse en el refugio instalado en Guamúchil al cual acudieron los desplazados por la violencia en los municipios de Sinaloa y Mocorito, ofreciéndoles condiciones de resguardo para lo inmediato y atención a futuro por las pérdidas materiales sufridas. Nada hay más alentador para los afectados que el hecho de tener cercana la voluntad protectora de las instituciones.

A los que han llegado al despacho principal del tercer piso de Palacio de Gobierno les ha costado trabajo acercarse a las víctimas de la violencia, creyendo que al hacerlo reconocen un problema que en la arcaica mentalidad del poder no existe por más que vivan el fragor de las batallas entre delincuencia y autoridades. Francisco Labastida Ochoa, cuyo equipo de seguridad le impedía movilizarse a la región de los altos debido a amenazas de muerte provenientes de grupos criminales, optó hasta en la segunda mitad del sexenio por ir al encuentro de los deudos de los muertos; en su estrategia de baile y pantomima Mario López Valdez decidió marcar distancia hasta con los desalojados de la presa Picachos, a cuyo líder, Atilano Román, asesinaron por el desamparo gubernamental en que lo dejaron.

Hoy la acción de células del narcotráfico que se disputan los territorios serranos para la producción de drogas y escondrijos de los jefes de esta actividad ilícita procede a expulsar a la gente con episodios de violencia al ras del terrorismo, que amerita que aparte de la intervención militar y policiaca sean descifrados muchos códigos criminales pues de la interpretación correcta dependen los resultados exitosos del Gobierno. El choque de las armas oficiales contra los arsenales de los facinerosos mantiene a raya a alguno de estos bandos, sin embargo, somete a la población pacífica al miedo y la desesperación.

Reforzar la atención a los desplazados por la violencia es quizá más primordial que el restablecimiento de las condiciones para el retorno seguro, esa quimera que se les ofrece a los parias sinaloenses sin el sustento de la pacificación. El fenómeno de la violencia en las comunidades de los municipios que se aferran a las faldas de la Sierra Madre Occidental saltará un día en un lugar y al siguiente en otro. La dispersión de mandos e intereses en el Cártel de Sinaloa derivada de que las ciudades dejaron de ser guaridas confiables para los capos y sus pistoleros, hace que éstos emigren a las montañas y despejen dichas madrigueras de todo aquello que les estorbe, inclusive de poblados enteros cuya gente no le es útil a los fines de los facinerosos.

Pero lo cardinal ahora es que la aptitud humanitaria del Gobierno de Sinaloa no deje cabos sueltos. Refugios con alimentación, medicación y atención psicoemocional de buena calidad es lo indispensable en estos días posteriores al desplazamiento forzado. El despliegue de seguridad pública y el comportamiento que muestren las células delictivas determinarán los siguientes pasos calculados con exagerada precaución.

La grandilocuencia en que incurre el crimen no tiene barreras y eso de incendiar hasta maquinaria pesada sólo persigue la notoriedad cuando el sitio militar y policiaco se acerca a sus dominios. Después de los Culiacanazos 1 y 2 el reto delincuencial parece ser el de cuál narcocélula supera la fatuidad de sus desafíos al Estado de Derecho. Tampoco nos prestemos los medios y las audiencias a normalizar tales disparates.

Desde Badiraguato San Judas,

Protege a toda la sierra,

Para que sin demora acudas,

A pacificar cualquier guerra.

El informe Ciudadanos Evaluando 2022 elaborado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública acude a raseros disímiles al cotejar que en algunos municipios de Sinaloa es más alta la probabilidad de morir en percances viales que en hechos de violencia. Al comparar 642 homicidios culposos contra 499 homicidios dolosos ocurridos en Sinaloa el año pasado, según los datos oficiales de la Fiscalía General del Estado, resultan cuentas que, sean como sean, revelan las vidas humanas que deberían seguir aquí y cuyas ausencias denuncian las inacciones que les arrebataron las existencias. Si es violencia y mata, la forma que ésta adquiere no la explica ni mucho menos justifica una a la otra.