“El INAI no ha servido para combatir la corrupción, es muy grande y costoso”. Este tipo de falacias se han utilizado en las últimos semanas sobre este organismo autónomo en un escenario donde hay una lucha mediática con el Legislativo para aprobar su eliminación y muchas dudas en la sociedad sobre la utilidad del organismo. Lo cierto es que lo ausente en el discurso son los impactos que generará en la garantía del derecho a la información y la protección de datos personales el no contar con un órgano independiente que vigile el cumplimiento de estos derechos, los cuales se evidencian al desmontar estos dichos.
1. La función de “combatir la corrupción”
Al INAI no le corresponde de manera específica el combate a la corrupción. Por el contrario, la obligación sustantiva de investigar la comisión de actos de corrupción es de la institución a la que se pretende trasladar las funciones del INAI, la Secretaría de la Función Pública. Por ejemplo, es tarea de la Función Pública investigar a las personas servidoras públicas involucradas en el desvío de recursos en el caso SEGALMEX e informar a la ciudadanía en qué van esos procesos y qué ha hecho para prevenir que vuelvan a suceder. Sin embargo, en los portales de la SFP ni en sus informes públicos se ha dado cuenta a la ciudadanía de manera clara y amplia sobre el avance de este y otros casos de corrupción. En tanto que al INAI le corresponde vigilar que la Función Pública informe sobre estas funciones.
El INAI tiene una función preventiva importante en el combate a la corrupción. Además de vigilar que las entidades públicas garanticen el acceso a la información a la ciudadanía para evitar que estas decidan discrecionalmente qué datos nos quieren dar, también funge de vigilante de las instituciones para evitar un mal ejercicio de su presupuesto y sus funciones.
Esto es importante para prevenir hechos irregulares pues, como ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los actos de corrupción y las violaciones a los derechos humanos se dan en entornos de opacidad, dónde no existe vigilancia ni controles externos (1). Sin controles nada garantiza que se transparente ampliamente qué hacen nuestros gobiernos.
2. “No es necesaria la existencia del INAI”
También se ha mencionado que sin un organismo autónomo se puede garantizar la transparencia. Lo anterior sería cierto si históricamente las instituciones públicas señalaran ampliamente cómo funcionan. No obstante, de acuerdo con los datos en los informes del INAI, las inconformidades presentadas por la ciudadanía por falta de transparencia son en su mayoría de entidades que pertenecen a la administración pública y, en comparación con 2018, las negativas de información de estas se han incrementado en 92 por ciento (2). Además, desde el Ejecutivo federal se han emitido decretos para reservar información por muchos años sobre la construcción de los proyectos prioritarios, incluso previo a que sea solicitada (3).
Precisamente la creación de un organismo autónomo y especializado como el INAI surgió del impulso ciudadano ante la falta de rendición de cuentas de las entidades sobre temas tan relevantes como las contrataciones públicas que realizan, los costos de sus proyectos de infraestructura, la manera en que proporcionan servicios públicos, entre otros.
Debido a la existencia de un organismo autónomo que vigila la transparencia, las y los periodistas han podido acceder a datos para fortalecer investigaciones que han dado cuenta de la comisión de actos de corrupción, como es el desvío de recursos de Segalmex o la Conade, y que han obligado a las instituciones a tomar acciones que de otra forma no haría, pues nadie les podría exigir que rindan cuentas.
3. “Se generarán ahorros si se elimina al INAI”
De manera superficial, pareciera que el Gobierno ahorrará mil millones de pesos al año, -presupuesto promedio anual del INAI- pero lo cierto es que eliminar al INAI no generaría ahorros realmente significativos, pues este monto apenas representa 0.01 por ciento del gasto del Gobierno. Mientras, la falta de prevención de la corrupción seguirá generando gastos y desvíos, como los más de 9 mil millones de pesos que ha costado el caso Segalmex. Y a largo plazo generará otros costos en la gestión y en la sobrecarga de trabajo de las y los servidores públicos que tendrán que atender ahora estas funciones, lo que implicaría una nueva asignación presupuestaria.
Los argumentos que se han intentado colocar en la discusión no son ciertos, pero sí es necesario que se analice la estructura del INAI para maximizar su utilidad en la garantía de los derechos que protege, así como lograr que el uso de la información llegue a distintos sectores de la sociedad. Fortalecer sus funciones como órgano garante para que pueda realmente obligar a las instituciones públicas a entregar y divulgar información de interés público. Además de robustecer los procesos de designación de sus titulares para que sean los mejores perfiles los que dirijan a esta institución y se verifiquen sus propios mecanismos internos de control. Si se abren las discusiones públicas hacia la mejora y fortalecimiento del INAI se evitaría la regresión institucional, normativa y de estándares de derechos que estamos por enfrentar con su eliminación.
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La autora es Sarahí Salvatierra, coordinadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.
1. Comisión Interamericana de derechos humanos. Corrupción y derechos humanos. 06 de diciembre de 2019. Párrafo: 332. Disponible aquí.
2. Article 19 México y Centroamérica. Derechos pendientes. Informe sexenal sobre libertad de expresión y el derecho a la información. 2024.
3. En 2019 y 2021 el Ejecutivo Federal emitido decretos para reservar por seguridad nacional los proyectos y obras del gobierno que considerara como de interés público.
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