Memorias en disputa

07/09/2024 04:01
    Mientras la justicia no logre ser una forma de memoria, la memoria sola puede ser una forma de justicia._ Ana Blandiana
    Es al menos contradictorio que se destinen sitios de memoria, se hagan memoriales o se instauren monumentos con tendencia oficiosa mientras la impunidad sigue siendo la norma y los perpetradores, intocables.

    La memoria es la recuperación de la experiencia del pasado, ligada a la reconfiguración de sentidos que se le dan a dicho pasado, a los usos políticos que se le dan en el presente con miras a un futuro distinto. Testimonio y memoria desafían al poder, constituyen actos de y en resistencia, fracturan la narrativa del orden dominante anclado en la violencia y el silencio cómplice e impune.

    En su uso social y político, la pluralidad de memorias constituye un campo de batalla política por la verdad a través de la cual, pasado y presente, recuerdo y olvido, se entretejen y complejizan en escenarios donde la violencia sociopolítica ha producido sufrimiento a partir del ejercicio del poder, prácticas de dominación y graves violaciones a derechos humanos. Así, la polifonía de voces testimoniales ligadas a la construcción de memorias colectivas (1) es una potencia política que logra derrumbar la instauración de “verdades históricas”.

    El 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Este crimen de lesa humanidad, cuando se comete de forma masiva o sistemática, constituye la implementación de políticas de terror en regímenes totalitarios y dictaduras militares, pero también en regímenes que se dicen democráticos como es el mexicano. Dicha práctica criminal afecta directamente a las víctimas, a sus seres cercanos y lacera el cuerpo social en su conjunto.

    El amplio espectro de violencias que coexisten en escenarios bélicos (tortura, ejecuciones, desaparición forzada), configura a la vez un abanico de afectaciones que irrumpen la vida cotidiana y el sentido de vida. Las y los familiares sobrevivientes a la tragedia han sido la colectividad política que, en su lucha por encontrar a sus seres amados, han enfrentado e interpelado al aparato estatal y la impunidad de quienes han sido perpetradores, donde el Ejército ha jugado un papel central.

    Particularmente en México, la expansión y diversificación en la producción de víctimas de desaparición es una grave situación que se ha prolongado a lo largo de las décadas: desde la aparición de la práctica en el marco de la mal llamada “guerra sucia” -que se ha reconocido como “terrorismo de Estado” (2)– hasta su auge exponencial a partir de la denominada “guerra contra el crimen organizado”.

    Frente a las políticas negacionistas del Estado, el hermetismo para ocultar la verdad y, con ello, sostener la continuidad de la impunidad de las personas responsables, los testimonios de quienes han sobrevivido han sido clave para señalar la violencia estatal, abonar al esclarecimiento de los casos, acceder a la justicia y no olvidar lo acontecido.

    La transmisión de la experiencia testimonial demanda ser escuchada y reconocida, su circulación en el espacio público deja registro en la memoria social, pues si bien el testimonio tiene un carácter subjetivo, “al extraer de la experiencia vivida, la memoria es eminentemente subjetiva” (3), el testimonio es lo que permite construir y tejer formas diversas de memorias colectivas desmarcadas de la lógica estatal a través de discursos, prácticas y acciones en el espacio público-social. Un ejemplo de ello es el Museo de la Memoria “La Silla Vacía”, que la agrupación de familiares AFADEM inauguró en Atoyac de Álvarez, Guerrero; o la apropiación y reasignación de nombre y significado a espacios públicos como es la Glorieta de las y los Desaparecidos, antes conocida como la Glorieta del Ahuehuete, en la Ciudad de México, y la Glorieta Niños Héroes en Guadalajara, ahora denominada Glorieta de las y los Desaparecidos.

    Sin embargo, y pese a la implementación en este sexenio de la Comisión para el Acceso a la Verdad y del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, los casos de violencia cometidos en el pasado-presente, en específico de desapariciones forzadas cometidas por militares, siguen en la impunidad.

    En días recientes, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico presentó su informe “Fue el Estado (1965-1990)” (4), donde los comisionados señalaron la obstaculización para acceder a los archivos históricos del CISEN y del Ejército; situación similar fue denunciada por los expertos del GIEI en el caso Ayotzinapa, pues pese a la implementación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa dicha institución se ha negado a entregar folios relevantes para el esclarecimiento del caso.

    En el actual contexto de efusividad por las políticas de memoria y el peculiar interés estatal en ello, es al menos contradictorio que, por un lado, se destinen sitios de memoria, se hagan memoriales o se instauren monumentos con tendencia oficiosa mientras que, por otro lado, la impunidad sigue siendo la norma y los perpetradores, intocables.

    Sin acciones contundentes que reviertan nuestro oscuro pasado y presente, es nuestro deber observar con lupa y de forma crítica las acciones que el Estado emprende con la intención de abonar a una “política de memoria”, sobre todo para evitar la estatización o cristalización de las memorias a través de sus usos y abusos (5). Por el contrario, es nuestro quehacer acompañar los procesos y prácticas de memorias gestadas desde las víctimas y la fuerza legítima de sus testimonios: honrar las experiencias, las memorias vivas y en disputa por la verdad.

    #HastaEncontrarles

    La autora es Alejandra Ramírez, investigadora en el Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

    1. Para leer más sobre memoria colectiva, recomendamos leer el libro “La memoria colectiva”, de Maurice Halbwachs, Miño y Dávila, 2011.

    2. Para leer más sobre dicha conceptualización, sugerimos el libro “Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años setenta”, de Pilar Calveiro, Siglo Veintiuno Editores, 2013. Este posicionamiento político se ha traducido recientemente en la sentencia 565/2018 para el Caso Radilla, la cual reconoció por primera vez que lo ocurrido en el periodo mal llamado de la “Guerra sucia” fue en realidad una política de terrorismo de Estado. https://fundar.org.mx/verdad-y-justicia-la-deuda-de-50-anos-del-estado-mexicano-con-rosendo-radilla-y-las-victimas-del-terrorismo-de-estado/

    3. Cita del libro “El pasado, instrucciones de uso “, de Enzo Traverso (2011, p. 22), Prometeo Libros, 2011.

    4. Para acceder al informe vaya a este enlace: https://www.meh.org.mx/especial-informe-final/

    5. Para leer más al respecto, sugerimos el libro “ Los usos y abusos de la memoria”, de Tzvetan Todorov, Paidós, 2008.

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