Malabarismos institucionales: obstáculo adicional para las personas desplazadas internas

En México, las personas que se ven obligadas a desplazarse tienen opciones muy limitadas para solicitar y recibir la atención que necesitan. El reto más evidente es el hecho de que no existe una institución, cuya puerta puedan tocar, con la atribución, recursos y programas específicos para atender de manera integral sus diversas necesidades. Tampoco existe una ruta clara -una ley, por ejemplo- que diga que tal y tal institución tiene que brindar tales servicios a cualquier persona que haya tenido que desplazarse. Hay desafíos significativos para el gobierno también, desde contar con recursos suficientes y con personal capacitado para reconocer y atender el fenómeno, hasta construir rutas y mecanismos de cooperación interinstitucional, considerando que es una situación que involucra varias áreas de la política pública.

Reconocer estos retos es fundamental para que se puedan atender y, de este modo, sea posible avanzar en la construcción de respuestas adecuadas para las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares en contra de su voluntad. No obstante, la existencia y el reconocimiento de estos retos no implica que no se puede hacer nada, ni que cualquier omisión está justificada.

En primer lugar, haber tenido que desplazarse no te hace dejar de ser sujeto de derechos. Derecho a la educación, a la protección de la salud y al acceso a servicios médicos, a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, al agua, al saneamiento, a disfrutar de una vivienda digna: estos y varios otros derechos están previstos en el marco normativo mexicano y hay autoridades encargadas de garantizarlos. Privar a las personas desplazadas internas del ejercicio de estos derechos es discriminatorio y -perdón por la redundancia- violatorio de sus derechos fundamentales.

Por otro lado, hemos observado que en lugar de asumir retos como la falta de recursos y capacidades y enfocarse en atenderlos, algunas dependencias gubernamentales han esquivado responsabilidades a través de malabarismos burocráticos, administrativos y conceptuales. De esto hablaré hoy, inspirada (y, confieso, frustrada) por una experiencia reciente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

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Si estás leyendo esto, es muy probable que conozcas la experiencia de mudarse. Ya sea que la hayas vivido tú en algún o en varios momentos de la vida, o que te haya compartido su experiencia alguien cercano, todos tenemos memorias, ideas o nociones relacionadas con lo que puede implicar una mudanza: gastos, retos, oportunidades, despedidas, adaptaciones, planes, sorpresas, decepciones, estrés.

Ahora pensemos en una mudanza que no es motivada por el hecho de llegar a un determinado destino, sino porque quedarse ya no era posible o seguro. Si esta experiencia también ya conoces no tendría que decirte nada yo, pero incluso para quienes hemos sido afortunadas de no haberlo vivido no debería ser tan difícil imaginar al menos algunas de las implicaciones adicionales: duelo, incertidumbre, pérdidas, miedo.

Quienes conocemos las circunstancias en las que se dan los desplazamientos forzados en México, sabemos además que es común que se destruyan casas, negocios, cultivos; que personas tengan que huir sin la posibilidad de llevar consigo sus pertenencias, dejando atrás incluso documentos; que se roben animales, herramientas de trabajo y otras pertenencias; que la gente no tenga dónde llegar ni cómo cubrir sus necesidades básicas; que se piense que si tuvieron que huir es porque “en algo estaban metidos”.

Si sabemos esto, tampoco debería ser difícil comprender por qué las personas que se ven en esta situación sufren una serie de impactos y consecuencias. Que si uno pierde sus pertenencias y sus fuentes de ingreso puede tener que alojarse en lugares inseguros, en condiciones inadecuadas. Que si pierde la red de apoyo que tenía en su lugar de origen, no tiene quién cuide a sus hijas para que salga a trabajar. Que si va a un lugar diferente y que no conoce, y si además lo discriminan, le cuesta encontrar trabajo, y si no tiene trabajo, no come. Que por estar buscando cómo sobrevivir y restablecerse uno puede desatender temas de salud y entonces estos se agravan.

Estoy argumentando que deberíamos poder deducirlo y que es lógico, pero además esto ha sido documentado. Hay personas que huyen para salvar su vida ante situaciones extremas de violencia y luego tienen que sobrevivir la sequía y otros efectos del cambio climático. En Chiapas, en 2017, personas desplazadas murieron de hambre y frío por las condiciones en las que se encontraban tras el desplazamiento. Al comparar la situación de personas desplazadas y no desplazadas en Chihuahua, se pudo identificar el impacto del desplazamiento en diversos aspectos de la vida de las personas, incluyendo las condiciones de vida, el acceso a derechos fundamentales y la situación de seguridad.

En este estudio realizado por el IDMC, hay diversos ejemplos más de lo que llaman “el efecto dominó” del desplazamiento: el deterioro de la salud que suele acompañar el desplazamiento podría ser el resultado de condiciones de vivienda precarias o de factores medioambientales, y a su vez puede afectar las oportunidades de trabajo y generación de ingresos; la pérdida de medios de vida puede afectar la capacidad de las personas desplazadas de acceder a una vivienda e infraestructuras adecuadas, así como a servicios como salud y educación; la privación o la interrupción del proceso educativo puede afectar la salud mental de los niños, así como su vida social y sus futuros medios de vida.

Ya sea por deducción y raciocinio lógico, por la capacidad de ejercer empatía o a través de los estudios y registros que lo han documentado, es evidente que los impactos del desplazamiento no se reducen al movimiento físico de tener que trasladarse a otro lado y pueden manifestarse en diversas dimensiones de la vida de las personas y a largo plazo, sobre todo si no se atienden. ¿Cierto? Pues, algunas dependencias gubernamentales parecerían no estar de acuerdo.

En los últimos meses, la CNDH y la CEAV, en respuesta a solicitudes para que consideraran ciertos impactos y hechos como consecuencias de un caso de desplazamiento, nos presentaron argumentos relacionados con el hecho de que su competencia y atribuciones se limitaban a determinado momento en el tiempo, o a lo que se registró en determinado documento. Como si un desplazamiento que no ha sido atendido adecuadamente durante una década no pudiera seguir generando consecuencias e impactando la vida de las personas hasta hoy.

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Dije “parecerían” no estar de acuerdo, y es que en realidad no creo que sea el caso. No creo que sea una cuestión de discordancia conceptual, sino lo que he llamado malabarismo. La CNDH ha documentado extensivamente los impactos del desplazamiento para elaborar algunas de sus recomendaciones, ha publicado estudios y algunos de sus funcionarios han recibido capacitación en la materia. La CEAV también tiene conocimiento de casos y su propia ley reconoce la condición particular de vulnerabilidad de las personas desplazadas internas.

Además, este es solo uno de los varios malabarismos que hemos observado. Otro ejemplo: en contra de lo que dice la Ley General de Víctimas, la CEAV afirmaba no tener la capacidad de reconocer de manera autónoma a personas desplazadas internas como víctimas de violaciones a derechos humanos y, aún después de que un juez federal decidió que sí la tiene, sigue resistiéndose y poniendo obstáculos para hacerlo. También hay casos en los que han sido extremadamente restrictivos al determinar si las afectaciones a la salud física o psicoemocional de una persona están o no vinculadas con su desplazamiento.

Por todo lo anterior, me atrevo a decir que parece tratarse, más bien, de una manera de enfrentar (o, en este caso, justificar) las omisiones y restricciones ocasionadas por los retos estructurales, políticos y de recursos que hoy dificultan la implementación de una respuesta adecuada a casos de desplazamiento interno.

Concluyo, entonces, con invitaciones: a cambiar el enfoque, a sumar fuerzas, a no invertir energías en mantener apariencias y en debates superficiales, a no poner más obstáculos para las personas desplazadas internas. Nadie está diciendo que es sencillo, ni que los retos no existen. Asumámoslos, entonces. Unamos esfuerzos: quienes estamos comprometidas en promover una respuesta adecuada al desplazamiento interno en México nos sumamos a la exigencia de más recursos, de mejores capacidades, de colaboración entre distintos sectores. Avancemos hacia soluciones para esas personas para quienes sobrevivir ya ha implicado suficientes obstáculos.

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La autora es Lígia de Aquino (@ligiaabm), coordinadora del Área de Desplazamiento Interno de la @CMDPDH.