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A lo largo de la historia reciente muchos han sido los debates por las leyes y reformas a las mismas en torno al ejercicio de los derechos de libertad de expresión en el espacio público. Normas que buscan regular delitos como terrorismo, ataques a la paz pública, sabotaje, ataques a las vías de comunicación y ultrajes a la autoridad y que por las acciones que criminaliza o la ambigüedad de sus definiciones, se presta para un ejercicio abusivo del derecho penal. Para decirlo claro, tanto en el pasado reciente como en el periodo autoritario del PRI, este tipo de delitos han tenido una enorme carga política pues se perfilan para criminalizar la disidencia.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en México, el ejercicio de la protesta social fue objeto de constante represión, criminalización y diversas restricciones a través de normas, uso excesivo y arbitrario de la fuerza pública, tanto a nivel federal como estatal. También observamos discursos públicos tendientes a estigmatizar la protesta y cerrar los espacios públicos para la manifestación pública. Así lo documentó el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) en su informe “El Sexenio de la Resistencia: Informe sobre la protesta social y la respuesta estatal 2012-2018”.
A continuación algunos ejemplos.
El 7 de marzo de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el delito de “Ultrajes a la Autoridad”, previsto en el artículo 287 del Código Penal de la Ciudad de México. Esa decisión fue histórica. El delito de “Ultrajes a la Autoridad” fue usado de forma reiterada por las autoridades mexicanas para criminalizar el legítimo ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión. Recordemos que en aquel entonces la represión de la protesta social del gobierno de Miguel Ángel Mancera en la capital del país, tuvo como base de las imputaciones penales contra manifestantes y periodistas este delito.
En 2016, la Primera Sala de la SCJN declaró la inconstitucionalidad de otro delito que fue utilizado de manera abusiva para detener y procesar manifestantes durante el peñanietismo-mancerismo: ataques a la paz pública. En ese entonces, desde las protestas acaecidas el 1 de diciembre de 2012 durante la toma de protesta de Peña Nieto como Presidente, la brutal represión a manifestantes fue seguida de decenas de detenciones e imputaciones penales arbitrarias por este delito.
En este fatídico contexto, también se reformaron delitos como terrorismo, sabotaje y ataques las vías de comunicación para mandar un mensaje disuasivo a quienes querían protestar. Utilizando como pretexto el derecho a la movilidad y “los derechos de terceros”, también hubo una andanada de leyes locales para limitar la protesta en Ciudad de México o Quintana Roo; o bien, que permitieron el uso de la fuerza letal contra manifestantes (Puebla o Estado de México).
A pesar de las determinaciones de la Corte y las múltiples denuncias de las organizaciones sociales, pero sobre todo, por la identificación de Morena con las luchas sociales que fueron perseguidas y criminalizadas por el uso del espacio público, la criminalización no ha cesado.
En marzo de 2021, el Congreso de Veracruz (con mayoría de Morena) aprobó una reforma regresiva al delito de ultrajes a la autoridad. Si bien el delito de ultrajes ya era vigente en el Código Penal de Veracruz y establecía la imposición de “seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”. Un año después, de forma contundente, la SCJN declaró inconstitucionales tales reformas al delito de ultrajes. El daño ya estaba hecho, el gobierno de Cuitláhuac García abusó de esta nueva configuración del delito de ultrajes y encarceló a decenas de personas.
En 2019, el Congreso de Tabasco (también con mayoría de Morena) aprobó reformas al Código Penal de aquella entidad que se conocieron como la “Ley Garrote”. El objetivo era impedir las protestas sociales por la construcción de la refinería de Dos Bocas. Con ello se pretendía imponer hasta 13 años a aquellas personas que impidieran la ejecución de trabajos de obras públicas y privadas. En marzo de 2021, una vez más, la SCJN declaró la invalidez de estos delitos.
Hoy tenemos un episodio peligroso que ha alcanzado niveles de escándalo nacional. La afirmaciones del gobierno de la Ciudad de México alegando “sabotaje” al Metro por las recurrentes fallas y accidentes ocurridos, son susceptibles de detonar un periodo de persecución facciosa y autoritaria.
Por lo pronto ya fue la justificación para desplegar 6 mil elementos de la Guardia Nacional militarizada en las estaciones del Metro. Y eso no solamente pretende disuadir a manifestantes. Es ya un instrumento utilizado contra ciudadanas y ciudadanos comunes cuyas acciones son interpretadas como ataques a un servicio público, a las vías de comunicación o sabotaje.
Ahí están los casos de una señora a quien se le cayeron unas aspas de lavadora en las vías del Metro; o el caso de tres jóvenes a los que se les acusa de tirar sus celulares en los rieles. De forma absurda se les detuvo por la Guardia Nacional y acusa de ataques a las vías de comunicación.
De acuerdo con el comunicado emitido por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) el 02 de enero, durante el año pasado fueron rescatados de vías mil 228 objetos de diferente índole, como celulares y audífonos, los más recurrentes, hasta almohadas, llaves y medicamentos.
Cabe preguntarse si cada ocasión que ocurran estos accidentes -hasta cierto punto normales- van a detener y procesar a centenas de personas como peligrosas saboteadoras. Esperemos que impere un espíritu democrático por encima de los intereses políticos.
