Las culpas que Alejandra Gil nunca tuvo
Subordinados pagan delitos de los jefes

alexsicairos@hotmail.com

Era un secreto a voces, y tal vez hasta una hipótesis judicial probada, que María Alejandra Gil Álvarez fue designada como chivo expiatorio para que salieran ilesos los demás implicados en malos manejos de finanzas públicas en la Secretaría de Salud, aquel escándalo que emanó purulento en cuanto Mario López Valdez dejó de ser Gobernador de Sinaloa. Sobre ella, que obedeció órdenes superiores, se dejó caer todo el peso de la ley y los funcionarios de alto rango recibieron impunidad a cuentagotas y con el asentimiento del poder público.

Quien se desempeñó como directora de Servicios de Salud en el tiempo en que Ernesto Echeverría Aispuro fue Secretario de Salud del Gobierno del Estado, sufrió la saña del Ministerio Público y Poder Judicial solo por ser el eslabón más débil de la gran confabulación para el latrocinio que en los primeros días del mandato de Quirino Ordaz Coppel se calculó el daño al erario en alrededor de 500 millones de pesos.

De la condición endeble de Gil Álvarez, cuyo delito fue obedecer órdenes de sus jefes, siempre estuvieron al tanto la Fiscalía General del Estado a cargo Juan José Ríos Estavillo cuando se judicializó el caso Salud, la Fiscal Anticorrupción, Reyna Angulo Valenzuela, y la Juez de la causa penal, Sara Bruna Quiñónez Estrada. A ninguno de ellos debió sorprenderle que un Tribunal federal absuelva a María Alejandra de responsabilidad en el desfalco a Salud.

En ninguna dependencia pública alguien puede desobedecer al Secretario o Subsecretario sin pagar el costo del despido expedito y abusivo. Siempre los que desempeñan funciones de directores, jefes de departamentos o auxiliares están expuestos a la trampa de ser culpados de las fallas de los jerarcas y sin la protección del gobernante en turno son la carnada predilecta en los anzuelos de los corruptos.

Gil Álvarez nunca figuró en la estrategia legal que sacó avante al ex Secretario Ernesto Echeverría Aispuro y al ex director de Atención Médica, Jaime Otáñez García, los dos que concretaron el contrato con la empresa Herramientas Médica por adjudicación directa, uno de los delitos imputados, comprometiendo 14 millones de pesos del erario. Predestinada a pagar por todos los platos rotos, Sara Bruna Quiñónez la sentenció a cuatro años de cárcel, igual tiempo de inhabilitación del servicio público y el pago de 7 millones de pesos. Inclusive la juez indujo desde entonces la posibilidad de justicia selectiva y responsabilizó de ello a la Fiscalía estatal.

Cabe recordar que de aquella expectativa que generó Quirino Ordaz al protestar al cargo de Gobernador el 31 de diciembre de 2016, consistente en atrapar a los “tiburones” de la corrupción malovista, no llegó ni a pesca de chigüiles. Los malos manejos de recursos públicos y desempeños irregulares en la función de gobernar consumados en las secretarías de Salud, Finanzas, Seguridad y Obras quedaron en un cuento real que superó la ficción de Alí Babá y los Cuarenta Ladrones.

Debe conocerse este episodio de impunidad obsequiada por gobernantes, fiscales y jueces con la única utilidad de valorar para qué sirven el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa y la Fiscalía Anticorrupción que desde su creación no registran la acción legal contra funcionarios de alta jerarquía implicados en delitos contra el patrimonio público. Ese enorme tinglado burocrático luce dioquis, excepto que consideren trofeo de pesca al destituido Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y ya hayan tendido las redes jurídicas para enjuiciar al Presidente Municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, ambos acusados de incurrir en actos de gobierno ilegítimos.

Pero también lo vivido por María Alejandra Gil Álvarez, así como el desenlace judicial que la exculpa, podría servir para que el Gobierno de Rubén Rocha Moya instale instancias confiables y seguras a las cuales puedan acudir servidores públicos de bajo nivel a denunciar cuando sus jefes los obliguen a hacer cosas indebidas. Así sea la honestidad el principio básico del trabajo gubernamental en cualquier situación jerárquica, todavía hay aquellas o aquellos que por temor a las represalias obedecen al pie de la letra órdenes que traen el tufo de las impudicias.

Claro que el ideal tiene que ver con sistemas anticorrupción, fiscalías y tribunales que garanticen que a cada acción delictiva perpetrada en el desempeño del gobierno le corresponderá el debido proceso legal y la debida sanción, finiquitando el miedo de abrir las entradas de las cárceles a los desfalcadores porque después de eso las filas de ingreso serían largas.

Gil Álvarez queda como otro espécimen sacrificable en equipos de gobierno que acechan las arcas públicas con la máxima de la ley de Herodes “o transas o te jodes” y arman las coartadas para que la ley se les aplique sólo a “los bueyes del compadre”. Los pícaros se han preparado para ir mucho más delante de los métodos anticorrupción y de la voluntad de las instituciones para criminalizarlos.

Discúlpelos usted, señora,

Tuvieron una confusión,

Al decir que ya era hora,

De combatir la corrupción.

El buen comportamiento de Jesús Estrada Ferreiro en los eventos a los cuales asiste el Gobernador Rubén Rocha Moya (el 22 de octubre en el informe de la Senadora Imelda Castro y el martes en el balance que presentó el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez) delata la estrategia de regresar al desempeño del servicio público con menos hígado y más sesos, tal vez a un cargo en el Gabinete estatal. Lo menos que busca es estar habilitado para competir por alguna posición política en las elecciones de 2024. El requisito que le ponen es que demuestre que se curó de ese mal que lo mostró tozudo y se bajó del ring en el cual quiere noquear a enemigos imaginarios.