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Los datos que la jueza Sara Bruna Quiñonez Estrada reveló durante la audiencia celebrada el pasado el 1 de abril en Sinaloa son más relevantes que la propia condena recibida ese día por María Alejandra Gil Álvarez, ex funcionaria del Gobierno de Malova, acusada penalmente de desempeño irregular de la función pública.
Gil Álvarez es solo una pequeña pero significativa pieza de todo una red de agentes públicos y privados que participaron en un delito contra la administración pública, y que no podría entenderse desde el enfoque aislado aplicado por las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar la corrupción, al dejar fuera indicios que podrían haber llevado al desmantelamiento de un modelo organizado que ha operado durante años en Sinaloa, afectando el derecho a la salud de los sinaloenses.
La denuncia penal presentada por la Auditoría Superior del Estado al finalizar el 2017, primer año de Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, y a la que se suman los resultados de las investigaciones administrativas a cargo de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas en diciembre de ese mismo año y por el mismo tema (corrupción en el Sistema de Salud estatal), confirman uno de los datos más reveladores ofrecidos por la jueza del Poder Judicial estatal: un “modus operandi” desde los Servicios de Salud para otorgar contratos públicos mediante procedimientos contrarios a la ley, y de los que se desprenden diversas señales que fueron excluidas de la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, a partir de la causa penal 562/2017.
La primera es el “modus operandi”, lo que habla de una serie de conductas sostenidas en el tiempo, con características y patrones similares, que no fue ni por asomo la principal línea conductora de la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual enfocó sus esfuerzos en las personas y no en un comportamiento sistémico y estructural, lo cual coloca al sistema de justicia en un grave riesgo de impunidad. En el caso de Salud no hubo uno sino varios contratos ilegales que, de haber sido estudiados en su conjunto, habrían evidenciado más conductas que el Desempeño Irregular de la Función Pública por el que fue condenada María Alejandra Gil Álvarez, ex directora administrativa de los Servicios de Salud de Sinaloa.
La segunda es la pista sobre las empresas fantasma que se prestaron a simular competencias económicas, pero que en realidad solo estaban ahí para avalar falsos concursos. En este sentido las investigaciones penales deben ser capaces de utilizar las plataformas del SAT para allegarse de información sobre los contribuyentes y su comportamiento, además de investigar por sus propios medios sobre los socios y los domicilios de todas las empresas involucradas (no habría por qué no hacerlo si ya lo hacen periodistas y organizaciones de la sociedad civil).
Y la tercera señal tiene que ver con los beneficiarios finales. La jueza Sara Bruna puso en duda el comportamiento legal de la empresa Herramientas Médicas, al señalar que parte de los servicios de tomografía, ultrasonido y rayos X que se desprenden del contrato SSS/20/2016 que motivó la denuncia penal en cuestión, pudieron no haberse otorgado, pues la investigación de la Fiscalía solo pudo aportar un listado con nombres de pacientes pero sin domicilios y datos de contacto que permitieran comprobar la veracidad de los hechos.
El enfoque de redes de corrupción tendría aún más sentido si se valoran los datos aportados recientemente por las organizaciones civiles Impunidad Cero y Justicia Justa, quienes a través de una investigación detectaron que entre 2014 y principios de 2019 se pagaron 16 millones 450 mil 440 pesos a través de mil 433 facturas falsas avaladas por el sistema de salud pública de Sinaloa.
Si el Sistema Anticorrupción se sostiene en el objetivo de lograr la no repetición de las conductas vinculadas a faltas administrativas y hechos de corrupción, habría que preguntarse si el desenlace de la causa penal 562/2017 cumplirá con tales expectativas. La conducta sancionada en juicio oral y público el pasado 1 de abril, tendría que tener un impacto -al menos- en la reducción de una costumbre tan cotidiana como lo es la adjudicación directa de contratos públicos.
De los tres ex funcionarios de los Servicios de Salud de Sinaloa investigados penalmente, fue Gil Álvarez la única sentenciada en juicio oral, con cuatro años de prisión además de inhabilitación y multa, pero podría salir bajo fianza pagando 10 mil pesos. Haber avalado un contrato por adjudicación directa cuando tenía que ser por licitación fue la principal causa de su condena. Jaime Otáñez García, ex director médico de la dependencia, fue absuelto al no encontrarse elementos en su contra, y el ex Secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, se apegó a un procedimiento abreviado comprometiéndose a pagar 7 millones de pesos como reparación del daño, con lo cual evitó la acción penal en su contra. Aquí vale la pena reflexionar sobre si las sanciones impuestas son proporcionales a la gravedad del daño.
Si bien el enfoque punitivo es importante para reducir la impunidad, una investigación de carácter penal hubiese sido capaz de captar el universo total de las conductas relacionadas con los indicios arriba mencionados. Además del desempeño irregular de la función pública, el Código Penal incorpora el ejercicio indebido y abandono del servicio público, abuso de autoridad, intimidación, coalición de servidores públicos, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, negociaciones ilícitas y tráfico de influencia. La vía administrativa merece un tratamiento aparte.
Los resultados de este caso de corrupción nos dejan varias lecciones, empezando por las necesarias reformas legislativas en materia de obras públicas, compras y adquisiciones, pendientes aún en Sinaloa, así como nuevos modelos de transparencia que ayuden a disuadir prácticas que incentivan la corrupción y las redes criminales, y aquí habría que revisar si las plataformas de Compranet, Declaraciones Públicas y los propios sitios web de las instituciones que integran el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa funcionan para lograrlo.
