La violencia contra periodistas sigue: Artículo 19; uno es agredido cada 12 horas

MÉXICO._ En el primer semestre del 2021 se registraron 362 agresiones contra la prensa en México. Es decir, se perpetró algún tipo de ataque contra este gremio cada 12 horas, según pudo documentar Artículo 19 en su informe sobre la violencia contra la prensa durante enero-junio del presente año, en el cual señaló que los principales atacantes provienen del Estado a la par que la cobertura de corrupción y política fue la más vulnerable.

La organización civil advirtió en su reporte el aumento de las intimidaciones y el hostigamiento, la principal agresión que se pudo confirmar con 113 incidentes, lo que representa el 31.22 por ciento del total. Detrás de ésta se ubicaron las amenazas, con 54 casos, y los ataques físicos, con 35 denuncias. Además, se reportaron los asesinatos, en este semestre, de tres periodistas: Benjamín Morales Hernández, Gustavo Sánchez Cabrera y Saúl Tijerina Rentería.

En lo que respecta a las amenazas, Artículo 19 señaló que casi la mitad fueron en contra de la integridad de los periodistas, las cuales se registraron en 26 ocasiones, seguidas de las amenazas de muerte, que ocurrieron 21 veces y siete fueron de acciones legales y de violencia sexual.

“Las amenazas tienen un impacto en la libertad de expresión ya que provocan un efecto inhibitorio en las personas periodistas. Según su contexto, su percepción de seguridad, así como sus capacidades de acción y redes de apoyo, en ocasiones deciden no seguir informando sobre temas de interés público al ver que su vida e integridad corren peligro y ante la ausencia de un Estado que prevenga la violencia”, refirió la organización en su informe.

Artículo 19 identificó como los principales agresores de la prensa a los agentes del Estado, quienes cometieron 134 de los ataques en el periodo estudiado, es decir el 37.3 por ciento. El informe consiguió documentar que funcionarios civiles estuvieron vinculados directamente a 83 de estas arremetidas (23.12 por ciento), mientras que las fuerzas de seguridad civiles fueron responsables de 46 (12.81 por ciento) y las fuerzas armadas de 5 ataques (1.39 por ciento).

“Es de suma preocupación que el Estado, quien tiene la obligación de ser el garante de los derechos, persista en ser el principal agresor de estos”, advirtió la organización en su informe.

El reporte señala que por nivel de gobierno, las autoridades de los estados son las principales en violentar a la prensa con 57 casos (42.54 por ciento de las agresiones vinculadas a autoridades), después a nivel municipal con 47 (35.07 por ciento) y finalmente, a nivel federal con 30 (22.39 por ciento).

Artículo 19 advirtió que estos porcentajes demuestran “la animadversión y hostilidad contra la prensa desde el poder público y la falta de políticas públicas, coordinadas entre los tres niveles de Gobierno, para prevenir ataques contra la prensa y para proteger a las personas periodistas agredidas”.

“La violencia contra la prensa va a continuar si las únicas protecciones contra esta provienen del nivel federal, sin coordinar las acciones de prevención y combate a la impunidad, necesarias con los otros niveles de gobierno para así́ garantizar el libre ejercicio periodístico”, advirtió.

Además, resalta el informe, el periodo electoral implicó que otro tipo de actores vulneraran la libertad de expresión de la prensa en múltiples ocasiones: los partidos políticos, quienes, de acuerdo con lo documentado, fueron los responsables al menos de 56 agresiones, el 15.60 por ciento.

Como comparativo, en todo el año 2020 sólo se documentaron 11 agresiones por partidos políticos, lo que representó menos del 2 por ciento de todas las agresiones de dicho periodo.

Además, se consignó que distintos grupos del crimen organizado agredieron en al menos 12 ocasiones a la prensa (3.34 por ciento) principalmente mediante amenazas, la mayoría de muerte, exigiendo se deje de publicar sobre ciertos actos delictivos, o contactando y buscando extorsionar para que se publiquen mensajes sobre grupos contrarios.

“Sin embargo, algunas de sus agresiones pueden ser mucho más graves, como las persecuciones, o incluso los asesinatos”, refiere el documento.

“La violencia contra la prensa es su máxima expresión, se evidencia en los asesinatos de periodistas”, refiere Artículo 19 que de enero a junio de 2021, documentó el asesinato de 3 periodistas en un posible vínculo con su labor periodística.

Se trata de Benjamín Morales Hernández, asesinado el 3 de mayo (Día Mundial de la Libertad de Prensa) en Sonora; Gustavo Sánchez Cabrera, asesinado el 17 de junio en Oaxaca, y Saúl Tijerina Rentería, asesinado el 22 de junio en Coahuila.

En el caso de Gustavo Sánchez, antes de ser asesinado, refiere el reporte, hizo públicas sus denuncias por amenazas y otras agresiones.

“No obstante, la respuesta del Gobierno mexicano fue tardía o nula”.

Artículo 19 señala que en julio del 2020, Sánchez sufrió un intento de asesinato y también tenía denuncias abiertas en la fiscalía, e incluso, en enero del 2021 solicitó su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas.

“Sin embargo, sus medidas fueron aprobadas hasta tres meses después y estas nunca pudieron ser aplicadas, pues fue asesinado el 17 de junio”.

Los asesinatos de Ricardo López Domínguez, también de Sonora, y de Jacinto Romero Flores en Veracruz, ocurrieron el 22 de julio y el 19 de agosto, es decir, ya en el segundo semestre de este año, pero se documentaron en el informe, dada su relevancia.

“Ambos fueron víctimas de ataques. Ricardo había sido víctima de múltiples agresiones digitales y de desplazamiento interno forzado, derivado del riesgo en el que estaba, mientras que Jacinto había sido amenazado cinco meses antes de su asesinato”, advierte el reporte.

Además, resalta que los casos de Gustavo y Ricardo reflejan la necesidad urgente de diseñar “más y mejores estrategias de prevención y protección para que las y los periodistas ejerzan su labor de forma libre y sin violencia”.

De enero a junio de 2021, destaca el informe, la Ciudad de México se posicionó como la entidad con el mayor número de agresiones contra periodistas; con 64 casos, lo que representa el 17.68 por ciento del total de ataques.

No obstante, Artículo 19 indica que el que la capital tenga el mayor registro de agresiones no implica que sea el lugar más violento del país contra la prensa, ya que deben considerarse otros factores como la población de periodistas presentes en la entidad, así́ como el hecho de que existen redes de protección a periodistas más grandes, las cuales, a su vez, generan mayor confianza para denunciar y reportar los episodios de violencia.

En segundo lugar se ubican Tamaulipas y Quintana Roo con 23 agresiones cada uno. En lo que respecta al primer estado, el reporte destaca que hubo “un salto exponencial” en las agresiones que hubo un incremento del 64 por ciento en este semestre en comparación con todo el año 2020, cuando se documentaron 14 ataques. El estado, por ejemplo, ocupó el puesto 17 el año pasado.

Sin embargo, el informe precisa que de acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tamaulipas es considerada como “una zona silenciada, lo que implica que no todas las agresiones contra la prensa son denunciadas, esto sugiere que puedan existir más casos que no han sido documentados”.

Quintana Roo, a su vez, se mantuvo como uno de los estados más violentos contra la prensa desde el 2019. Aunque Artículo 19 advirtió que existe un cambio en las agresiones documentadas, ya que en años pasados la mayoría provenían de personas funcionarias, particularmente elementos de las fuerzas de seguridad civiles.

En esta ocasión, sólo se documentaron 3 agresiones por parte de las distintas corporaciones policiales, pero resaltaron al menos 15 agresiones por sujetos cuya identidad no pudo ser identificada.

Puebla ocupó por su parte el tercer lugar con 22 agresiones, “continuando patrones de violencia que colocan a la entidad dentro de los primeros cinco estados con más ataques contra la prensa, en los últimos 3 años”, y Guerrero se colocó detrás con 21 casos, 13 de ellos en Iguala de la Independencia, lo que representa el 61.90 por ciento del total en el estado.

Artículo 19 señala que las agresiones contra la prensa están directamente vinculadas al tipo de coberturas que hacen. De esta manera, señala que en el periodo estudiado, el 53.76 por ciento de los ataques en contra de la prensa fue con motivo de la cobertura en corrupción y política (193 casos), seguido de la fuente de seguridad y justicia con el 15.60 por ciento (56 casos), 14.48 por ciento derechos humanos (52 casos); 11.42 por ciento protesta o movimientos sociales (41 casos); 1.67 por ciento tierra y territorio (6 casos).

“Cubrir el actuar del Estado, sea en el ámbito político o social, o en la situación de seguridad del País, sigue siendo un riesgo de gran magnitud. Esto lo demuestran los casos de Saúl Tijerina Rentería, comunicador de Noticias en la web, y Benjamín Morales Hernández, director de Noticias Xonoigdag, quienes cubrían notas de seguridad y justicia, y Gustavo Sánchez Cabrera, director de Noticias Minuto a Minuto, temas de corrupción y polí́tica”, señala la organización al dar cuenta de los periodistas asesinados en el primer trimestre de 2021.

Otro aspecto que destaca el informe es que del total de las agresiones, 113 fueron en cobertura de las elecciones, es decir 1 de cada 3.

En ese sentido, se precisa que si bien, el día de las elecciones sólo se documentaron 18 agresiones contra la prensa, durante toda la coyuntura electoral periodistas y medios fueron amenazados, intimidados y amedrentados de múltiples formas, con el fin de limitar sus publicaciones, principalmente sobre el actuar de las autoridades y los partidos políticos.

Artículo 19 remarcó que las agresiones de este primer semestre de 2021 “reinciden procesos históricos de violencia”, ya que el Estado es el principal agresor, la cobertura de corrupción y política como aquella que registra mayor tipo de ataques, seguido de seguridad y justicia.

También señala que “una segunda tendencia que experimentó un incremento fue la violencia en línea contra la prensa”.

En ese sentido, 132 agresiones ocurrieron en el espacio digital, lo que equivale al 36.46 por ciento del total de ataques registrados. Es decir, más de 1 de cada 3 de las agresiones registradas en este primer semestre ocurrieron a través y con el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

Además, advierte que las mujeres periodistas en México “sufren de una violencia continua, la cual existe y se perpetúa por el sistema y normas patriarcales presentes en el ámbito político, digital y en los mismos medios de comunicación”.

De esta manera, se documentó que periodistas mujeres cisgénero fueron víctimas de 118 agresiones y 4 contra periodistas mujeres transgénero lo que implicó un 33.15 por ciento de los ataques documentados. 50 de estos fueron intimidaciones y hostigamientos, esto incluye 17 campañas de desprestigio y 15 comunicaciones intimidatorias.

“Se repiten las tendencias de crecimiento de años anteriores: el incremento de ataques contra periodistas mujeres, el ámbito digital como un espacio inseguro para ejercer el periodismo y el abuso del poder público para iniciar hostigamientos de tipos legales contra la prensa”, refirió en ese sentido la organización.

En ese sentido, se pidió a los gobiernos federal y estatales reconocer públicamente la importancia de la prensa para una sociedad democrática donde el Estado debe garantizar las condiciones para una prensa que ejerza su labor libre de violencia. Así como, condenar cualquier ataque y violencia contra personas periodistas y medios de comunicación.

También se llamó a diseñar e implementar una política pública integral que prevenga la violencia contra la libertad de expresión y que proteja a la prensa, y fortalecer al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, proveerlo de los recursos humanos y financieros necesarios.

A este Mecanismo, a su vez, se le requirió integrar la violencia ejercida en la esfera digital como un factor de riesgo, agilizar los procesos de incorporación a la prensa, coordinarse con las autoridades en las entidades federativas para el debido cumplimiento de las medidas de protección y generar estrategias y planes de prevención interinstitucionales con indicadores, para combatir las causas del riesgo.

A la Fiscalía General de la República, por su parte, se le pidió resolver las investigaciones pendientes de los asesinatos de periodistas del 2021 y de años anteriores con el fin de terminar con la impunidad imperante en el País.