Hago alusión a la nueva versión sobre el caso de Ayotzinapa, que además de confirmar en lo esencial de la denostada y mal llamada Verdad Histórica sobre la muerte y desaparición de los 43 normalistas ha resultado también una comedia de enredos y mentiras... Pasamos de la Verdad Histórica a la Verdad Sospechosa.

    @fopinchetti

    SinEmbargo.MX

    Claro está que no me refiero a la obra insignia de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, escrita entre 1618 y 1621, que por cierto se trata de una comedia de enredos en la que un gran mentiroso, don García, acaba por enredarse en sus propios engaños... No obstante esas similitudes, en realidad hago alusión a la nueva versión sobre el caso de Ayotzinapa, que además de confirmar en lo esencial de la denostada y mal llamada Verdad Histórica sobre la muerte y desaparición de los 43 normalistas ha resultado también una comedia de enredos y mentiras.

    Pasamos de la Verdad Histórica a la Verdad Sospechosa. ¡Válgame Dios, don García!

    Metido en un berenjenal, el Presidente de la República no atina a salir de la maraña provocada por él mismo y tejida sin chistar por sus infalibles colaboradores bajo una presión descomunal por parte del propio Mandatario.

    El origen de este enredo está en una demagógica propuesta de Andrés Manuel, a partir de la premisa de que se trató de un crimen de Estado. Cuando apenas había asumido el poder, el 3 de diciembre de 2018, les ofreció a los padres de las víctimas esclarecer el caso a través de una Comisión de la Verdad presidida por el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.

    “La nueva administración federal garantiza a madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural ‘Isidro Burgos’ que no habrá impunidad, trabas ni obstáculos para llegar a la verdad y hacer justicia”, dijo el Presidente en aquella ocasión.

    Según algunos de los padres, el Mandatario les aseguró que en un año se tendrían resultados. El caso es que pasaron uno, dos, tres y hasta casi cuatro años sin ocurrir esa revelación prometida, por lo que el tabasqueño urgió a Encinas Rodríguez a presentar, ya, el esperado informe.

    Lo hizo, en efecto, el pasado 18 de agosto. Aunque en la conferencia de prensa presentó como “informe preliminar” un documento mocho, testado, con numerosas tachaduras, confirmó que los muchachos estaban muertos y aseguró que se trató de un crimen de Estado, claro, lo que le daba al asunto una gravedad mayúscula. Aseguró que estaban involucrados policías, ex funcionarios públicos... y mandos del Ejército Mexicano.

    Mencionó por supuesto a Murillo Karam y también al ex Procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, y al actual Secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México, Omar García Harfuch, hombre cercanísimo a la jefa de Gobierno y corcholata Claudia Sheinbaum Pardo, que entonces era jefe de la Policía Federal en Guerrero. García Harfuch negó cualquier responsabilidad en los hechos y recibió el respaldo pleno de su jefa. No se le ha vuelto ni siquiera a mencionar en torno al caso.

    El Informe Encinas, como se le ha llamado, confirmaba esencialmente la versión contenida en la Verdad Histórica del ex Procurador Murillo Karam, pero naturalmente iba más allá para tratar de sustentar la versión preconcebida de que se trató de un crimen de Estado y culpar a los funcionarios “de antes”, nuevamente.

    Lo inaudito es que, luego se supo, ese informe está sustentado en las declaraciones de uno de los líderes de la banda Guerreros Unidos, quienes perpetraron el brutal asesinato de los normalistas. Un criminal, Gildardo López Astudillo, El Gil -que aparece en el documento sólo como “Juan”-, convertido ahora en dócil testigo colaborador en la investigación.

    Todo se basó en sus dichos.

    Con base a esas conjeturas, y con esas “pruebas”, el Presidente ordenó al Fiscal Gertz Manero actuar de inmediato contra los presuntos culpables. “¡Ya!”, le dijo, según contó el propio Andrés Manuel en su conferencia matutina de este miércoles.

    Y en efecto, al día siguiente detuvieron a Murillo Karam, en tanto que cuatro militares, entre ellos el hoy General brigadier José Rodríguez Pérez, que fue jefe del 27 Batallón de Infantería, en Iguala, cuando ocurrieron los hechos, se presentaron voluntariamente ante la Fiscalía. Encinas Rodríguez aseguró que el militar “mandó matar” días después a seis muchachos sobrevivientes de la masacre. Lo curioso es que todos los detenidos fueron acusados de distintos delitos (como asociación delictuosa o torturas), pero ninguno por homicidio...

    Vino luego la publicación de la periodista Peniley Ramírez en Reforma de partes censuradas del Informe Encinas, tomadas de una versión no testada del documento, presumiblemente filtrada desde la FGR. El hecho provocó otro escándalo: el Presidente, por supuesto, descalificó a la informadora, aunque dijo que el informe completo debería hacerse público; los padres de la víctimas protestaron, Encinas condenó la “irresponsable filtración” y, furioso, exigió a la FGR investigarla, y el productor Epigmenio Ibarra pidió ¡encarcelar a la periodista!

    Luego resultó que de las 40 órdenes de aprehensión de que habló Encinas Rodríguez solo se tramitaron 21, de las cuales 16 correspondían a militares supuestamente involucrados... pero que las mismas fueron inopinadamente retiradas por la propia FGR.

    Entonces renunció a su cargo el Fiscal encargado directo de la investigación Omar Gómez Trejo, que según confirmó el Presidente tuvo “diferencias” respecto a ese retiro de las órdenes de aprehensión.

    Por su parte, el ex Procurador Iñaki Blanco, que fue uno de los que tenían orden de aprehensión que luego fue cancelada, ahora amenaza demandar a Gómez Trejo, a quien acusó de un “manejo doloso” de la investigación.

    Y el General Rodríguez Pérez, a su vez, demandó a Encinas Rodríguez por difamación y violar sus derechos humanos. Por su parte, el ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a quien Andrés Manuel impulsó en 2012 para llegar a ese cargo como candidato del PRD, y cuya colusión con los Guerreros Unidos estaba bien documentada, fue absuelto de todos los cargos en su contra.

    Días después, Murillo Karam obtuvo de un juez federal la suspensión definitiva del procedimiento iniciado en su contra, aunque seguirá en la cárcel.

    El General Rodríguez Pérez aseguró en entrevista con el periodista Jorge Fernández Menéndez que todas las acusaciones en su contra, basadas en los testimonios de “Juan”, son absolutamente falsas.

    El propio Fernández Menéndez relató luego que revisó las cuatro distintas declaraciones ministeriales que el hoy “testigo protegido” ha rendido y que encontró que son incoherentes y contradictorias unas con otras. “Están plagadas de contradicciones”, dijo. “Y aun así son consideradas como fe pública”.

    Por si fuera poco el enredijo, este jueves habló López Obrador de las “fuertes presiones” que existen en este caso y aseguró que detrás de las acusaciones en contra de militares “hay intereses de quienes buscaban una rebelión en el Ejército”.

    Abundó: “Hay intereses, buscaron reventar la investigación hablando de más personas, en el caso, por ejemplo, de los militares, responsabilizando a 20, cuando en la investigación son 5, de alto grado, los otros 15, no sé, pero me imagino (sic)”, dijo. “Son soldados pero por qué meten a los 20, pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército y que íbamos a dar marcha atrás...”, agregó.

    Todo esto en el marco, por cierto, en medio, del debate sobre la militarización del País, a raíz de la propuesta presidencial de ampliar hasta 2028 la presencia del Ejército en las calles.

    Y de remate, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuestionó este jueves la actuación de titular de la FGR, Gertz Manero, las resistencias de la Secretaría de la Defensa Nacional a entregar información y la decisión apresurada de actuar en contra de Murillo Karam, sin pruebas contundentes. Los especialistas reprocharon el rumbo que ha tomado la investigación en las últimas semanas, así como las resistencias por parte del Ejército para facilitar su labor, pese a que el Presidente ha dado la orden de abrir archivos.

    El enredo resulta ciertamente sospechoso, cuando menos. Efectivamente, un juego de mentiras tiene atrapado a don García. Ojalá se tratara de una puesta en escena de la célebre comedia de Ruiz de Alarcón. Sería hasta divertido. Lo cruel es que para esta nueva Verdad Sospechosa, cuyos fines son evidentemente políticos, el Gobierno utiliza otra vez la tragedia de 43 jóvenes, casi adolescentes, cruelmente asesinados, cremados o triturados y desaparecidos sus restos en alguna forma. Y al dolor inmenso de sus padres. Válgame.