Marcia Itzel Checa Gutiérrez
Coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones)
@FundarMexico
SinEmbargo.MX
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Una de las justificaciones teóricas de la creación de los órganos autónomos se basa en la relevancia de aislar ciertas funciones estatales de las intervenciones de los poderes ejecutivos y las presiones políticas, es decir, garantizar la independencia de cierto tipo de decisiones. Nuestra Constitución Política establece nueve órganos constitucionales autónomos: el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Fiscalía General de la República, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Instituto Nacional Electoral.
Gerald Rosenberg apunta que los gobiernos, desde siempre, han buscado influir en el rumbo de estos organismos. Entre las formas bajo las cuales se expresa esta intervención son el presupuesto, iniciativas que modifiquen o alteren su tamaño, el forzamiento de renuncias de las personas que forman parte de sus órganos de Gobierno y/o mediante los procedimientos de designación de sus titulares. Por eso, los procesos de selección que corren en estos días para decidir a las y los futuros consejeros del INE -incluida su presidencia- y a las y los tres comisionados del INAI son fundamentales para la vida democrática del País.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado que una buena designación “constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia” tanto de órganos autónomos como de instituciones con tareas clave para los controles y contrapesos democráticos, así como para la protección de los derechos humanos de las personas.
Sin embargo, ambos ejercicios (el del INE y el del INAI) han estado llenos de suspicacias y cuestionamientos. Hoy -al igual que en el pasado- se advierte la persistencia de malas prácticas en estas decisiones, hay poca transparencia, nula participación y discrecionalidad. Las sospechas sobre la independencia de ciertos perfiles abundan y pareciera que se empeñan en confirmar la hipótesis de una intencionalidad desde el poder de influir en estos organismos mediante la vía de la “colocación” de sus cuadros, de sus cercanas y de sus cercanos.
En el caso del INE, es importante señalar que el hecho de que se propusieran perfiles afines al partido político en el poder para ser parte del Comité Técnico de Evaluación generó -desde un inicio- sospechas sobre la parcialidad del ejercicio, aspecto que se profundizó con la integración de las cuatro quintetas enviadas el domingo pasado a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, donde varios de los nombres -que sonaban como favoritos desde el inicio del proceso- contaron con el voto en contra de una de sus integrantes por no garantizar independencia y autonomía. Estas dudas se exacerban ante la poca información y la poca oportunidad de la misma. Es decir, no se conocen aún las evaluaciones de las entrevistas; el desglose que incluye la revisión curricular, ensayo y exposición de motivos se filtró por redes de manera previa al anuncio de la lista de las 20 personas que integraron las quintetas; las entrevistas -por disposición de la convocatoria- se publicaron hasta este domingo 26 de marzo. Con este acumulado de dudas, el pleno de la Cámara de Diputados debe definir a más tardar el jueves 30 quiénes serán las próximas cuatro personas consejeras electorales.
El caso del INAI tiene sus claroscuros, pues a pesar de haberse realizado un ejercicio serio de evaluación por parte de las comisiones legislativas de Anticorrupción y de Justicia del Senado de la República, la Jucopo decidió ignorarlo y proponer a una persona con las calificaciones más bajas. Paradójicamente, el Ejecutivo Federal lo objetó y ahora el INAI está a cuatro días de que su pleno quedé sin quórum legal. Una situación sumamente complicada, más para nuestro derecho a saber. Lo más grave es que ante la vacante que quedará el 31 de marzo, estas comisiones acordaron una metodología totalmente regresiva, que no consideró entrevistas ni un órgano ciudadano externo que aportara mayores elementos sobre las capacidades de las 52 personas inscritas. ¡Cómo los cangrejos! Con la diferencia que el Senado tiene obligaciones en la materia y una de ellas es cumplir con el principio de progresividad. No es casual. Todo apunta a que las evaluaciones lejos de contribuir en su decisión, les estorbaron y por eso las quitaron, para poder intercambiar a sus anchas y sin pretextos las tres vacantes.
Esta semana será crucial, veremos si la Cámara de Diputados opta -en medio de quintetas sesgadas- por los perfiles menos cuestionables o si se va al escenario de la insaculación. Paralelamente, será importante observar si en el Senado se reparten, digo, designan las tres vacantes y bajo qué argumentos. ¡Hay pocas expectativas!
En un contexto de desconfianza severa hacia los partidos políticos, estas prácticas reiteradas lejos de allanar profundizan la hipótesis de la injerencia sobre los órganos autónomos y hacen un uso patrimonialista de los mismos. Por eso, desde el Observatorio de Designaciones Públicas insistimos en la necesidad urgente de cambiar las reglas y de contar con una política pública en la materia que dé un piso mínimo para un adecuado desarrollo y que genere incentivos y controles para reducir la discrecionalidad de estas decisiones y avanzar hacia unas en beneficio de las personas, donde importe la experiencia y no los apellidos, cercanías o afinidades. ¡Es nuestro derecho, y lo estaremos exigiendo!
#SinCuotasNiCuates
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La autora es Marcia Itzel Checa Gutiérrez, coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas; y, generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles para contribuir al fortalecimiento de las instituciones de México.
