Marcia Itzel Checa Gutiérrez
Coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y @FundarMexico
SinEmbargo.MX
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El Senado de la República lo hizo de nuevo. ¿Qué? Designar bajo la lógica de cuotas y cuates en el reciente proceso para comisionada y comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Recordemos que la semana pasada, el pleno del Senado de la República aprobó la designación de Ana Yadira Alarcón Márquez -con 78 votos a favor- y de Rafael Luna Alviso -con 74 votos de 105 presentes- para integrarles al INAI para los próximos siete años, esto derivado del acuerdo de la Junta de Coordinación Política que desconoció a último momento la evaluación realizada por las comisiones legislativas y con un acumulado de 335 días de retraso. Sí, 335 días llevaba la omisión del Senado.
Para contextualizar, este proceso inició el año pasado ante el término de la responsabilidad de dos comisionados el 31 de marzo de 2022 y entró en estado de alerta, debido a una próxima vacante para el 1 de abril de este año que hubiera dejado sin quórum legal al pleno del INAI. A las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Justicia les correspondió elaborar y ejecutar la metodología de evaluación de los 48 perfiles inscritos, incluyó la instalación de un Consejo de Evaluación (ciudadano) que valoró las entrevistas de cada una de las personas participantes. El dictamen de este ejercicio incorporó -por primera vez en la historia del Senado- las calificaciones otorgadas por los grupos parlamentarios y el órgano ciudadano. Sin embargo, el acuerdo presentado por la Jucopo- y votado por más de 70 senadoras y senadores hace unos días- ignoró esta valoración.
Por lo que, el hecho de que se considerara solamente uno de los perfiles con más altas calificaciones y a la par otro perfil con las evaluaciones más bajas, pone en evidencia la continuidad de prácticas discrecionales, cupulares y de intercambio de cuotas que privilegian la cercanía política en lugar de los méritos, capacidades y experiencia. ¡Lo hicieron de nuevo!
Con esta decisión, el Senado no solo incumple a la sociedad, sino que evidencia anteponer los intereses partidistas sobre el interés general. Pone de manifiesto su desdén y poco compromiso para transformar de fondo la manera en que se realizan las designaciones de altas responsabilidades públicas y con ello debilita a una institución clave para la apertura democrática. El papel que tienen las y los comisionados del INAI es vital para ampliar la agenda de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales del País y para garantizar una plena protección del derecho a saber de las personas. Por ello, la decisión del Senado debió asegurar perfiles especializados e independientes, características en seria duda con una persona que obtuvo los puntajes más bajos al demostrar estas características.
Esto es sumamente preocupante, de cara al nuevo proceso en curso para designar a una próxima persona comisionada del INAI y al paquete amplio de designaciones rezagadas que tiene la Cámara de Senadores, pues en lugar de resolver la desconfianza ciudadana, la profundiza. ¿Cómo garantizará el Senado la no repetición de prácticas alejadas a la transparencia, participación, rendición de cuentas e idoneidad? ¿Cómo asegurará el Senado que estos procesos no son una simulación de decisiones tomadas a priori? ¿Cómo construirá el Senado confianza en los ejercicios que corren con estos resultados? Sin duda, le deben a la sociedad una explicación.
Desde el Observatorio de Designaciones Públicas advertimos que estas malas prácticas son reflejo de la falta de candados y normas que reduzcan la discrecionalidad que persiste, sobre todo en la última etapa de los procesos, y del poco compromiso de las autoridades por cumplir adecuadamente con sus obligaciones de designar, pues el hecho de no darle carácter vinculante a las evaluaciones es un ejemplo de que el móvil no son los méritos ni capacidades, sino el afán de influir en los controles y contrapesos democráticos.
Es tarea urgente de las y los legisladores cambiar las reglas que regulan este y el conjunto de procesos de designación de altas responsabilidades públicas a partir de altos estándares de transparencia, participación ciudadana efectiva, rendición de cuentas e idoneidad y con ello transitar a prácticas democráticas que deriven en perfiles idóneos. Es nuestro derecho contar con los mejores perfiles y lo estaremos exigiendo.
#SinCuotasNiCuates
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La autora, Marcia Itzel Checa Gutiérrez, es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas; y, generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles para contribuir al fortalecimiento de las instituciones de México.
