La sociedad civil y el Estado mexicano contra las armas

La demanda del Gobierno de México contra empresas que producen y distribuyen armas entró a una fase critica esta semana. Para entenderla, hay que recapitular el camino andado.

El 4 de agosto de 2021 la Cancillería mexicana sorprendió a propios y extraños. Ese día la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó una demanda ante la Corte del Distrito de Massachussets contra ciertos productores y distribuidores de armas estadounidenses. México los acusaba de diseñar, producir, distribuir y comercializar sus armas de manera negligente. Su negligencia -según la lógica de la demanda- facilita que las armas sean transportadas de manera ilegal a México y caigan en manos del crimen organizado.[1] La presentación de la demanda fue un movimiento osado que, aun pudiendo afectar otros intereses en la relación con los Estados Unidos, mostró que el problema de las armas de fuego comenzaba a ser tomado en serio en la oficina del Canciller Ebrard. Expertos, activistas y el público en general aplaudió la iniciativa. No era para menos.

A finales de noviembre -unos cuatro meses después del primer movimiento de la Cancillería- las 11 empresas acusadas respondieron a la demanda y dieron a conocer sus principales líneas de defensa. Como era de esperarse, atacaron con virulencia los argumentos mexicanos señalando que la demanda era “vaga” y estaba “llena de conjeturas”. Con más adjetivos que evidencia intentaron hacerle ver a los jueces que la demanda debía ser desestimada en primera instancia. Tales argumentos de las empresas fueron ya examinados, en su momento, en este mismo espacio.[2]

El juego de ajedrez continuó y el lunes 31 de enero tuvo otro día importante: la Cancillería de México hizo llegar al juzgado de Massachussets su contrarréplica. De manera análoga a la demanda original, el texto redactado desde la Consejería Jurídica de la SRE es un excelente trabajo y refuta con rigor la defensa de las armeras. Aun cuando el resultado final de todo este proceso sigue siendo de pronóstico reservado, la vía judicial está bien encaminada. Y eso es una buena noticia. Y hay otra.

De forma paralela a la contrarréplica de la Cancillería, diversas organizaciones de la sociedad civil, académicos, profesionistas y víctimas de la violencia armada unieron sus esfuerzos y, con apoyo de despachos de abogados estadounidenses, presentaron varios escritos de amigos de la Corte (Amicus Curiae) en apoyo a los argumentos de las autoridades mexicanas. Tuve el honor de participar en uno de ellos.

Un Amicus Curiae es un documento preparado por personas ajenas al litigio que ofrece al juzgador, de manera voluntaria, su opinión sobre el caso particular. Bien utilizado puede ser un excelente instrumento para que la sociedad civil organizada contribuya en la resolución de procesos jurisdiccionales de su interés. Con suerte, un Amicus Curiae alcanza a brindar a los jueces una perspectiva distinta de cómo resolver un caso; una nueva mirada, un nuevo ángulo. Espero que ese sea el caso del Amicus Curiae que en los últimos meses trabajamos -con la invaluable ayuda de un despacho estadounidense que prestó servicios pro bono- Santiago Aguirre, Paulina Vega, Cecilia Farfán, Sara San Martín, María Herrera, María Isabel Cruz, Adrián Lebarón y quien esto suscribe.

Nuestro escrito fue entregado a la Corte de Massachussets el pasado lunes; lo acompañan con su firma decenas de organizaciones de derechos humanos, así como de académicos y especialistas. El Amicus presenta, a través de las experiencias personales y profesionales de los firmantes, evidencia de los daños que provoca la violencia armada en México. Está compuesto por cuatro partes. La primera sección presenta las historias personales de María Herrera, Adrián Lebarón y María Isabel Cruz, víctimas directas e indirectas de la violencia provocada por las armas estadounidenses. La segunda parte resume las conclusiones de los reportes sobre desapariciones forzadas y asesinatos recabadas por el Centro Prodh (dirigido por Santiago Aguirre) y por el Centro de Estudios Ecuménicos (representado por Sara San Martín). En esta sección se hace especial énfasis en cómo las armas han producido efectos especialmente desproporcionados contra la comunidad LGBTIQ+, contra niños y mujeres. La tercera y cuarta parte del Amicus concentra varios de los hallazgos académicos que la doctora Cecilia Farfán, Paulina Vega y yo hemos publicado sobre los efectos sociales y económicos de las armas estadounidenses en México.

Además de nuestro Amicus Curiae hay varios más. La lista es larga: uno firmado por profesores y expertos en derecho público privado, otro por 28 fiscales provenientes de todas las esquinas de los Estados Unidos, uno especialmente convincente de expertos en litigio transnacional, otro redactado por 13 procuradores estatales de los Estados Unidos y uno más trabajado por las cinco principales organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema del control de armas en los Estados Unidos. En todos los casos el consejo a los jueces es el mismo: el proceso judicial debe continuar; las empresas armamentistas no son inmunes a la justicia.

En los próximos meses sabremos si los jueces de Massachussets admiten estudiar a profundidad la demanda mexicana y pasan directamente a la etapa de investigación. El fallo final podría tardar incluso años. El resultado es, por tanto, incierto. Independientemente del sentido de la resolución, es inevitable alegrarnos por un hecho incontrastable y hasta hace poco tiempo inimaginable: víctimas, especialistas y sociedad civil organizada han unido esfuerzos con el Estado mexicano en torno a un objetivo común. La lucha contra el tráfico de armas ha tomado un nuevo derrotero y eso hay que celebrarlo. El mérito tiene dirección específica: el edificio color terracota ubicado en Avenida Juárez, número 20. Enhorabuena.

[1] Para un análisis de la demanda, véase: Carlos A Pérez Ricart, ¿Movimiento audaz de la Cancillería?: https://www.sinembargo.mx/24-08-2021/4018160

[2] Véase: Carlos A. Pérez Ricart, ¿En qué va la demanda contra las armeras en EU? en: https://www.sinembargo.mx/30-11-2021/4073088